Increíble que autoridades y mujeres cuya primera carrera fue educación no cumplan una sentencia de la Corte que garantice la educación inclusiva que ellas mismas propusieron, dictaron y realizaron foros para lograr una educación sin discrimnación
Desde el 1 de enero, la Legislación de Educación Inclusiva dejó de existir por acción de la CNDH y la sentencia de la SCJN; así como la negligencia de las Comisiones de Educación del Congreso que las llevó a no aprobar en tiempo la reforma.
Las personas que luchamos por la inclusión de personas con discapacidad sabemos de los logros en materia de inclusión, como lo comentamos en La nueva escuela mexicana ¿inclusiva?, y que esta lucha estaba en peligro por la discriminación del Congreso hacia las personas con discapacidad.
Después de la denuncia de discriminación, el Congreso actuó y realizó un foro de consulta, del que queda no solo la evidencia de la participación, sino los documentos de trabajo, incluso en lectura fácil. Seguí parte de los foros en vivo por redes sociales, muchos de los participantes eran profesores de CAMS, padres y algunas personas con discapacidad; si ves las listas de registros únicamente participaron ciudadanos, para ocultar la falta de consulta a personas con discapacidad.
El Foro se realizó del 7 al 10 de noviembre, 16 horas duró el mismo y participaron 173 personas en la consulta de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, organizado por las Comisiones Unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables.
Se realizó en cumplimiento a sentencia de la SCJN y docentes, especialistas, padres y madres de familia, educandos con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil solicitaron una mejor normatividad para la inclusión educativa de las personas con discapacidad, tal como cita el comunicado que emitieron entonces.
Entonces, por qué la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Adela Piña Bernal y la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, ambas profesionistas en Ciencias de la Educación, no presentaron la reforma a la Ley, es decir, tenían 22 días hábiles para aprobar la reforma y fueron omisa. Hay que recordar que la actual Ley General de Educación se aprobó en 51 días hábiles.
Desde el 1 de enero de 2023, las autoridades no pueden ejercer presupuesto o sanciones en materia de educación inclusiva, pues el texto de las leyes que da vida a la educación inclusiva se elimina a partir del plazo que fijó la Suprema Corte para aprobar la nueva reforma. La ilegalidad permite que la corrupción en la SEP en materia de educación inclusiva se extienda como un virus.
Esta bomba de tiempo que ya explotó y que ahora es responsabilidad de Leticia Ramírez Anaya, nombrada titular de la SEP, vean la nota sobre los problemas en educación inclusiva.
También es una bomba para Rosario Piedra Ibarra, pues la sentencia de acción de inconstitucionalidad la promovió la CNDH y es este mismo organismo el que tiene el deber de ver que sus acciones y sentencias se cumplan. Hay que recordar que Piedra Ibarra tiene experiencia en la SEP y en Educación Especial, entonces ella más que nadie debe saber la importancia de que se cumpla su acción de inconstitucionalidad.
También la Suprema Corte debe ser la primera interesada en que se cumplan sus propias sentencias. Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta de la Corte, antes de ser jurista fue profesora de Educación Primaria de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde ella vio cómo se cumplían las leyes en materia de educación.
Por Agustín De Pavia
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