Es un hecho que pese a que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que es de observancia obligatoria para México al ser país signante de ella, establece en su artículo 27 el derecho al trabajo de las personas con discapacidad (pcd) y la obligación del Estado de garantizar el mismo, esto sigue siendo una deuda pendiente.
En México, tan sólo el 38 por ciento (2.4 millones) de pcd de 15 años y más, son parte de la población económicamente activa, versus el 67 por ciento (59 millones) de personas que no viven con una condición de discapacidad, esto según datos del Censo 2020 realizado por el INEGI. Este dato que refleja la brecha de desventaja de este sector de la población también muestra lo imperioso de dar cabal cumplimiento con esta obligación adquirida.
Hace ya casi un año, el 22 de febrero de 2022, el Senado aprobó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo tendiente a la inclusión de pcd en los espacios laborales públicos y privados, estableciendo la obligación de contar con una cuota del 5 por ciento de estas dentro de sus plantillas laborales, entre otras cosas.
Es importante mencionar que aún cumpliendo con esta cuota propuesta, no se estaría saldando la deuda con relación a la inclusión laboral de las pcd, pues hay que mencionar que esta es el resultado de una falta de inclusión social en general; un eslabón más de esta cadena que inicia con la falta de accesibilidad en transporte, vialidades, edificios, etc., que complica la llegada a los centros de trabajo e imposibilita el acceso a la educación, una educación no incluyente, que repercute en que este sector de la población, en general, llegue menos preparado a la etapa laboral y aspire a puestos de menor rango; aunque haya quien a pesar de los pesares cuente con un perfil bastante competente y, sin embargo, se tope con pocas oportunidades de trabajo debido a la discriminación y la denegación de ajustes razonables.
Discriminación que parte de la ignorancia, pues se sabe que incluir pcd en el trabajo no sólo repercute en la reputación del centro de trabajo, sino que además mejora el clima laboral, promueve el trabajo en equipo y compromete más a los trabajadores; y en cuestión de los ajustes razonables pasa algo similar, al creer que estos representarán un costo muy elevado, desconociendo que estos no deben generar un gasto desproporcionado; de ahí la importancia de que haya un acercamiento con las asociaciones civiles de y para pcd para que estas puedan asesorarlos y capacitarlos al respecto.
Es verdad que el trabajo no es de las A.C. ni de las pcd, sino del Estado, pero también es cierto que si no son quienes saben del tema, por vivirlo en primera plana, se suman a las autoridades y sector empresarial, difícilmente esto cambiará, al menos no pronto, hay que sumarse y trabajar ambas partes. En ese mismo sentido, también es importante que las pcd muestren interés por prepararse para ser competitivos y que no sea su condición una herramienta para conseguir empleo, se trata de competir en igualdad de condiciones.
Pues sí, el reto es grande y requiere el esfuerzo de muchas, muchos actores y ya por último mencionar que, esta iniciativa, que una vez aprobada por el Senado está ahora en manos de la Cámara de Diputados para su aprobación, publicación y entrada en vigor, es meramente una acción afirmativa, es decir, tendría que ser pensada de manera temporal para que posteriormente las pcd accedan al trabajo de una manera orgánica, como quien no vive con una condición de discapacidad.
Por lo pronto es lo que hay, y ojalá hoy que estamos cerca de conmemorar el Día Nacional por la Inclusión Laboral (27 de febrero), nuestros diputados nos sorprendan aprobándola para que pueda ver la luz.
Por Cristian Mendoza Vázquez*
*Cristian Mendoza Vázquez es abogado, promotor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, enlace del Movimiento personas con discapacidad y excolaborador en DRI, México.
Te interesa:
