Los mínimos avances del Tratado de Marrakech en México

El 21 de junio la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual A. C. (AMPPI) organizó el foro “Tratado de Marrakech en México. La aplicación del tratado y herramientas editoriales para ediciones accesibles”, un debate al que se sumó  la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem). 

La razón no puede ser menos relevante: revisar los avances en México tras una década de haber firmado el país el Tratado de Marrakech. Este es el primer tratado internacional que impulsa la producción de libros en formatos accesibles para las personas con dificultades de acceso al texto impreso, así como su intercambio internacional, por medio de excepciones y limitaciones al derecho de autor.

La mesa “Superando barreras para la lectura. El Tratado de Marrakech y su aplicación en la industria editorial”, moderada por Miroslava Cisne, abogada en propiedad intelectual y derechos humanos, contó con la participación de profesionales que ahondaron en el tema desde los principales actores involucrados en el Tratado. 

En primer lugar, María Concepción Hernández, compartió su experiencia como persona con discapacidad (pcd) visual al enfrentar los retos de oferta y acceso a los libros accesibles. Describió cómo con el avance de la tecnología se fue facilitando el proceso para conseguir los materiales necesarios para completar su formación académica.

Luego, dos editoras nos sumamos al debate desde dos polos distintos del mercado de contenidos: Gina Constantine, directora de Constantine Editores, y yo como editora de un conglomerado internacional como es Penguin Random House. 

Gina se enfocó en su especialidad que son las publicaciones de libros en braille y enfatizó el injusto ‘oscurantismo’ en el que viven las personas con discapacidad visual y cómo regulaciones internacionales como el Tratado de Marrakech, la Convención de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 contribuyen a defender el derecho a la lectura de esta comunidad. 

Por mi parte, puse el acento en las razones editoriales, financieras y comerciales de la resistencia que los editores enfrentamos al adoptar las disposiciones del Tratado. Asimismo, invité a nuestros colegas a adoptar un enfoque mucho más amplio e inclusivo con base en el concepto de la edición universal. 

En nuestra mesa, Aldo Muñoz Ortiz, del Instituto de las Personas con Discapacidad (In Discapacidad), señaló la dificultad para medir la población de pcd en México y los ejes de trabajo del Instituto, en los que el Tratado de Marrakech sirve como aliado para impulsar la educación y la inclusión de las pcd en la esfera cultural. 

Por último, la abogada Cinthia Castillo comentó su experiencia en la promoción del amparo que en 2015 buscaba resolver la inconstitucionalidad del texto de la Ley Federal del Derecho de Autor para armonizarlas con las disposiciones de este tratado. 

Las incongruencias se pueden resumir en que, mientras que éste se enfocaba en la población con dificultades de acceso al texto impreso y permitía la adaptación de las obras para producir libros accesibles con base en un análisis -en donde su distribución se realizara sin fines de lucro y no se afectara la explotación normal de la obra-, la norma mexicana contemplaba solamente la reproducción de las obras en formatos accesibles para personas con discapacidad visual, lo que anteponía el acceso a la cultura de esta población por encima del derecho de autor. La segunda mesa fue sobre «Pasos hacia la igualdad”. En este caso todos los ponentes representaban a instituciones clave para la aplicación del Tratado en México y fue moderada por Quetzalli de la Concha, reconocida abogada en propiedad intelectual y derechos de autor.  

Otra abogada especialista en el tema, Rosalba Elizalde, abrió la conversación con una crítica del Tratado el cual,desde su punto de vista, “se quedó corto” pues pudo tener mayor alcance y una redacción más clara que resolviera los miedos de los editores para impulsar el intercambio transfronterizo de obras. 

Por su parte, el especialista en derechos humanos, Pablo Elisea, delineó las disposiciones del Tratado y compartió estadísticas sobre la comunidad de pcd para dimensionar el tamaño de este grupo vulnerable.

De parte del Indautor, tanto Marco Antonio Morales como Abigail Alguira insistieron en que el Instituto está abierto para recibir más entidades autorizadas para la producción de formatos accesibles y que están trabajando en la estandarización y regulación del proceso de entrega y resguardo de archivos de las obras. Asimismo, señalaron la identificación de dichos formatos por medio de un ISBN especial sin costo, como principal estrategia de protección.A nombre de la Caniem, Hugo Setzer, su presidente, comentó que la industria editorial siempre ha estado de acuerdo con las disposiciones del Tratado de Marrakech, aun cuando representa excepciones al derecho de autor.

Sin embargo, es clave garantizar que los beneficiarios de las obras accesibles sean personas con discapacidad, por medio de un sistema de confianza en las instituciones, para impulsar la producción de formatos accesibles.Por su parte, el secretario técnico de la Comisión para la Cultura del Senado, Carlos Miguel Poot, delineó el recorrido histórico que ha realizado la regulación mexicana para bajar el Tratado a nuestro país. Poot enfatizó que la norma actual ya es armónica con Marrakech, pero deja vulnerable a la industria editorial y requiere de políticas públicas que establezcan criterios auditables para la producción de formatos accesibles por medio de las entidades autorizadas.

Germán Bautista, visitador adjunto del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, invitó a no burocratizar la aplicación del Tratado, a realizar mesas de trabajo con el fin de configurar un proyecto sólido que involucre actores plurales, a crear sinergias y aprender de la experiencia de otros países en esta materia.Este foro de aniversario concluyó con el consenso de todas las partes involucradas respecto a la aplicación del Tratado de Marrakech en México: 

• Diez años después de su firma el avance ha sido mínimo y se requiere de acciones más que de discurso para hacerlo una realidad.  

• Si bien es el primer paso hacia la accesibilidad, la realidad de los usuarios, los editores y las instituciones presenta necesidades que rebasan su alcance.  

• Se requiere de políticas públicas, comunicación efectiva, procesos auditables y presupuesto público para impulsar verdaderamente la producción y acceso a las obras mediante un sistema de confianza entre las partes.  

El Tratado de Marrakech pone de manifiesto el sesgo de una industria que en muchos sentidos es una puerta para el desarrollo: leer un libro implica el derecho de acceso a la información y a la cultura, pero también condiciona la educación y esta a su vez las oportunidades laborales y la mejora de la calidad de vida. Mantener al margen de la lectura a la comunidad de pcd es uno de los factores que contribuyen a su vulnerabilidad. De ahí la urgencia por la cual la industria editorial -con todos sus actores incluidos: autores, editores, distribuidores, legisladores, entidades autorizadas y organismos públicos- vea y atienda a lectores que hasta antes de Marrakech le eran invisibles.  

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