Colectivos y organizaciones de grupos históricamente discriminados así como activistas, incluyendo a Yo También, leyeron hoy un pronunciamiento ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para defender los lugares en candidaturas que la reforma electoral, más conocido como “El Plan B”, se llevó.
Esta es la primera vez que se reúnen colectivos, organizaciones y personas de estos grupos excluidos para, con una sola voz, reclamar que se vulneran sus derechos político-electorales y de representación por la reducción de acciones afirmativas: lugares garantizados en candidaturas que provenían de decisiones del INE, del Tribunal Electoral o bien por legislación.
Ahí estuvieron presentes integrantes de colectivos de personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas, jóvenes, migrantes y residentes en el extranjero así como poblaciones LGBTQ+, respaldados por las firmas de más de 340 integrantes.
“El principal retroceso en derechos que implica el ‘Plan B’ es que ese mínimo de 50 espacios conquistados en 2021 ahora se reduce a la mitad, solo 25, para todos estos grupos. Y peor aún, no se define cómo serán distribuidos, sino que se deja al Congreso la responsabilidad de eventualmente establecer esos criterios y se le quita a las instituciones electorales cualquier facultad para especificarlos”, dijo la activista Cecilia Guillén.
Los distintos grupos aseguran que las acciones afirmativas se necesitan para garantizar la integración de un Congreso que visibilice a todas las personas que habitan el país. De ahí su hashtag: #PorMásRepresentación.
“Los grupos históricamente excluidos hoy alzamos la voz para enfrentar esa visión que pretende limitarnos a ser solamente receptores y receptoras de programas sociales.
Exigimos una participación activa en la toma de decisiones del país, como representantes democráticamente electos, con acciones afirmativas que nos visibilicen y nos incluyan para participar en los procesos internos de los partidos políticos, en las candidaturas y en las campañas electorales”, coincidieron representantes de pueblos originarios.
La SCJN ya ha recibido diversas acciones jurídicas sobre el “Plan B” y deberá analizar y discutir en los próximos meses (antes del 2 de junio, el plazo máximo para hacer cambios en las leyes electorales rumbo al proceso del 2024) si es Constitucional o no.
El colectivo de organizaciones #PorMásRepresentación también anunció la presentación de un amicus curiae (un texto con argumentos jurídicos para acercar un punto de vista a los ministros y ministras) y la presentación de amparos.
Pronunciamiento #PorMásRepresentación.
Por Katia D’Artigues
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