A la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todo el pueblo de México:
Diversos colectivos y activistas nos hemos articulado para defender los derechos políticos de jóvenes, personas con discapacidad, indígenas y afromexicanas, migrantes y residentes en el extranjero, así como poblaciones LGBTTTI+.
A lo largo de tres décadas de construcción de instituciones y legislaciones electorales, todos estos grupos históricamente excluidos hemos sostenido una lucha constante por nuestro derecho a la participación política, particularmente a la representación parlamentaria y en espacios de decisión.
Con mucho trabajo y no pocas resistencias, hemos logrado acciones afirmativas, enmarcadas a veces en la legislación, a veces en sentencias, a veces en lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) o por los organismos públicos electorales locales (OPLEs).
El Congreso de la Unión aprobó recientemente una reforma electoral, conocida como “Plan B”, en la cual nos encontramos con algo que nunca se planteó previamente para que fuera parte de una discusión pública: serios retrocesos en los derechos que ya teníamos garantizados para lograr la representación política que necesitamos y aspiramos.
A continuación explicamos estos retrocesos. En 2021, el INE acató sentencias del Tribunal Electoral y aprobó cuotas tanto en representación por mayoría relativa como en listas de representación proporcional para nuestros grupos de población. Reservó –es importante subrayarlo– al menos una fórmula de cada grupo en los primeros 10 lugares de cada lista.
Así, se nos garantizaron 30 espacios para personas indígenas, 4 para afromexicanas, 8 para personas con discapacidad, 3 para personas de la diversidad sexual y de género, y 5 para migrantes o residentes en el extranjero. Es decir, 50 lugares para estos grupos históricamente excluidos.
Esos lineamientos de acciones afirmativas producidos por el INE generaron un círculo virtuoso. Los partidos políticos registraron 520 personas, cuando solo tenían la obligación de registrar 50. Así, quedaron electas 65 personas de nuestras poblaciones; más de la mitad , representantes de comunidades y pueblos originarios.
El principal retroceso en derechos que implica el “Plan B” es que ese mínimo de 50 espacios conquistados en 2021 ahora se reduce a la mitad, solo 25, para todos estos grupos.
Y peor aún, no se define cómo serán distribuidos, sino que se deja al Congreso la responsabilidad de eventualmente establecer esos criterios y se le quita a las instituciones electorales cualquier facultad para especificarlos.
Las acciones afirmativas no son gestos de buena voluntad, no son concesiones desde el poder. Se necesitan para garantizar la integración de un Congreso que visibilice y que represente a todas las personas que habitamos este país.
Las autoridades, de acuerdo con el artículo 1º constitucional, están obligadas a hacer efectivo el derecho a la no discriminación. También, al mencionar en ese artículo el principio de progresividad, quiere decir que no se deben dar pasos atrás en derechos ya reconocidos.
En los últimos años, diversas decisiones judiciales han ordenado realizar ejercicios de consulta libre, previa e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como parte de la discusión de diversas leyes, incluyendo las electorales, para dar cumplimiento a lo establecido en la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Sumamos esfuerzos entre diferentes grupos organizados, depositando nuestra confianza y las expectativas en el Poder Judicial, que cuenta con antecedentes sólidos para salvaguardar nuestros derechos.
Los grupos históricamente excluidos hoy alzamos la voz para enfrentar esa visión que pretende limitarnos a ser solamente receptores y receptoras de programas sociales. Exigimos una participación activa en la toma de decisiones del país, como representantes democráticamente electos, con acciones afirmativas que nos visibilicen y nos incluyan para participar en los procesos internos de los partidos políticos, en las candidaturas y en las campañas electorales.
Es nuestro objetivo alcanzar una etapa de la vida pública de México cuyos cimientos sean la democracia, la inclusión política, la pluralidad, la diversidad, lo que exige el fin de la discriminación estructural.
Nos pronunciamos #PorMásRepresentación, por el principio de progresividad de los derechos humanos que contiene nuestra Constitución.
Con nosotras, nosotros y nosotres, todo.
Sin nosotras, nosotros y nosotres, nada.
*Este pronunciamiento fue leído por grupos de jóvenes, personas con discapacidad, indígenas y afromexicanas, migrantes y residentes en el extranjero, así como poblaciones LGBTTTI+ en la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 22 de marzo de 2023.
