Además del golpe al Instituto Nacional Electoral (INE) y lo que representa para nuestra democracia, la reforma electoral aprobada en el Congreso debe preocupar mucho a las personas con discapacidad (pcd) y las organizaciones que trabajamos con y para ellas.
El famoso “Plan B” significa un retroceso importante en temas ganados por los que muchas personas hemos luchado por décadas y que fuimos logrando poco a poco.
Están en juego muchos avances de temas físicos y de conciencia por el recorte a la estructura del INE, pero también hay una disminución radical de las acciones afirmativas. ¿Qué son estas? La obligación a los partidos políticos de nombrar fórmulas integradas por personas con discapacidad (y otros grupos) para garantizar que al menos algunas de ellas lleguen al Congreso y así haya una representación del universo de los y las mexicanas.
En el 2021, el INE estipuló que cada partido debía de registrar al menos seis fórmulas de personas con discapacidad de mayoría relativa (es decir, los que son votados de manera directa) y dos de representación proporcional en los primeros 10 lugares de cualquiera de las cinco listas de igual número de circunscripciones en las que está dividido el país. No dos en cada una de las listas, sino sólo dos de los primeros 10 lugares de las cinco listas.
Gracias a eso se logró que para 2021, apenas ocho diputados y diputadas con discapacidad llegaran a la Cámara baja. En su momento dijimos quiénes eran estas personas.
¿Y ahora? El Plan B estipula que los partidos destinarán 25 candidaturas a grupos en situación de exclusión. Suena más, pero en realidad no es así porque estas 25 candidaturas serían tanto para pcd como para otros cinco grupos: personas afromexicanas, indígenas, personas de la diversidad sexual, migrantes y también jóvenes.
Además, esta reforma obliga a que las candidaturas plurinominales (o por lista) deben estar dentro de los 20 primeros lugares, cuando antes era entre los 10 primeros.
Como está fraseada la Reforma Electoral, además no hay porcentaje determinado ni reglas para definir estas candidaturas entre los diversos grupos. Un partido, por ejemplo, podría decidir que sus 25 lugares los destinará a personas jóvenes… o indígenas, dejando fuera a otros.
Como leerán, es un retroceso muy claro. La representación es importante: sí hace que se legisle de manera distinta y que, por el solo hecho de estar en el Congreso, estos grupos se vuelvan más visibles.
En el 2021, apenas se logró que 65 de los 500 legisladores y legisladoras, es decir, el 13 por ciento pertenecieran a estos grupos en situación de exclusión, como le dijo Laura Liselotte Correa de la Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No discriminación del INE, a nuestra reportera Itzel Ramírez esta semana. Este número, de por sí pequeño, podría verse disminuído para el 2024.
A esto se le llama una falta a la “progresividad de los derechos humanos” y eso es inconstitucional. Es decir, una vez ganado un derecho, no se pueden dar pasos atrás… pero esto, de manera formal, lo tendrá que decidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A partir de la publicación del Plan B la madrugada de este jueves 2 de marzo, los partidos políticos presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN argumentando esto (la CNDH también podría hacerlo pero yo no contaría con ella).
En el caso de pcd también dirán que no fueron consultadas, como es su obligación.
Además de los amicus curiae (textos que se entregan a la Corte con argumentos legales para que los y las ministras voten con más información), también se está organizando un pronunciamiento de distintos grupos en situación de exclusión frente a la SCJN. Estén pendientes.
La lucha contra esta reforma regresiva ahora se concentrará allá, en ese Poder Judicial tan atacado por el presidente que es, como Obi Wan Kenobi, nuestra “última esperanza”.
Katia D’Artigues
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