“No daremos un paso atrás en derechos políticos de las pcd”: Laura Correa de la Torre
La titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE dice que ante los cambios aprobados, toca ahora a partidos políticos y ciudadanos exigir que no se dé marcha atrás a lo logrado en términos de inclusión y accesibilidad.
2 de marzo de 2023
Itzel Ramírez
La elección federal de 2021 permitió la llegada histórica del número más alto de representantes de grupos vulnerables a la Cámara de Diputados. Personas afromexicanas, migrantes, de la diversidad sexual, indígenas y con discapacidad lograron más espacios que nunca gracias a acciones afirmativas que la semana pasada fueron eliminadas tras la aprobación del llamado “Plan B”, un grupo de reformas electorales impulsadas por Morena.
Si hoy 65 diputadas y diputados ocupan una curul gracias a esas acciones afirmativas, la reforma fija en 25 el número de candidaturas reservadas para estos grupos -al que se suma el de los jóvenes-, según la reforma aprobada al artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales.
Laura Liselotte Correa de la Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, platicó con Yo También sobre las implicaciones del “Plan B” en materia de inclusión, así como los pasos que seguirá la impugnación de estas nuevas normas.
Para la funcionaria, aunque esta reforma significa un retroceso por la disminución en el acceso a candidaturas, destacar que entre los cambios aprobados se estableció el reconocimiento explícito de la obligación de los partidos políticos a postular a personas en situación de vulnerabilidad a puestos de elección popular.
El nuevo articulado indica que “en observancia al principio de igualdad sustantiva”, son los partidos los que están obligados a la postulación de personas provenientes de alguno de los seis grupos vulnerables.
¿Cómo evalúa la reforma en términos de lo que significa para las personas con discapacidad (pcd)?
Gracias a esas acciones afirmativas se logró que un 13 por ciento del total de la Cámara esté conformado por personas que pertenecen a comunidades indígenas, tienen discapacidad, son parte de la diversidad sexual, migrantes o afromexicanas y eso es un avance, es poco, sí, pero es un avance claro.
Estas reformas están cerrando, limitando ese acceso. Por eso tenemos que resaltar que ahora no hay que dar ni un paso atrás; si ya existe esta representatividad, lo que sigue es pelear porque no solo se quede, sino que se abran más espacios.
Hay una cosa que veo como algo positivo dentro de la reforma y es, precisamente, el reconocimiento explícito del acceso a candidaturas. Ya no es dejarlo a la autoridad electoral para que emita los lineamientos correspondientes, la reforma le está diciendo a los partidos: ‘ustedes que son quienes registran candidaturas, tienen que registrar a personas pertenecientes a dichos grupos’.
Ahora, la ley dice que serán 25 espacios los mínimos reservados para que los partidos registren candidaturas, pero ojo, aquí tenemos que tener mucho cuidado, este es el mínimo, tenemos que caminar junto con los partidos para que en el marco de sus responsabilidades, sigan registrando a personas que pertenecen a los grupos en discriminación.
Estas medidas no pueden ir solas, es necesario acompañar, ver cómo están fortaleciendo su democracia interna los partidos políticos, cómo las están incluyendo, cómo las incorporan, saber sobre sus acciones de sensibilización, sobre la adaptabilidad en condiciones físicas. Los partidos deben conocer cuál es su militancia, qué discapacidad tienen estas personas, qué necesitan para acceder a los procesos del registro de candidaturas y cómo tú, partido político, facilitas que una persona que tiene que estar en campaña tiene que estar en igualdad de condiciones que una persona que no tiene discapacidad.
Ojalá que pudiéramos avanzar en ese sentido, porque al final queda esta reducción de espacios y qué mal porque las postulaciones son al menos 25 pero para todos los grupos. Como ciudadanía lo que tenemos que garantizar es que los partidos no vean el mínimo requerido (…) sino que puedan capacitar, potencializar en el desarrollo de sus habilidades para contender en una candidatura.
Se trata de una reforma que además de disminuir los mínimos de candidaturas, no incluye nada sobre las postulaciones al Senado, por ejemplo…
Sí, y eso es algo que hay que resolver. Si ya estamos haciendo visible a la población con discapacidad, si a los partidos les estamos diciendo que no es que quieran, es que tienen que hacerlo, entonces lo que tendría que pasar es que estas reformas fueran contundentes y progresivas, porque es hacia donde tenemos que avanzar.
En el camino de la progresividad de los derechos es a dónde tendríamos que ir para que cada vez más pcd estén representando mi voto, mi opinión en un espacio político de representación y que este espacio vaya desde el municipio, congresos locales, diputaciones federales, senadurías, gubernaturas, etcétera.
Esto, claro, acompañado de medidas para fortalecer la inclusión de este grupo de población y que pueda participar en las mismas condiciones que el resto de la población. Hay que dimensionar la inclusión de todos los grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación para garantizar sus derechos políticos electorales.
El INE tiene una larga y a veces complicada historia sobre derechos político-electorales de las personas con discapacidad, ¿cómo se inserta ahí este “Plan B”?
Las primeras cosas que hizo el INE se dieron cuando todavía era el IFE y era literal buscar espacios correspondientes que pudieran adaptarse principalmente para las personas que tenían discapacidad motriz.
Actualmente se cuenta con plantilla en braille, mamparas especiales para personas con discapacidad física o de talla pequeña, acompañamiento de personas o perro guía cuando se solicite, identificación de espacios físicos accesibles, el avance es considerable.
También hemos hecho lo posible para garantizar la participación de las pcd en lo que respecta a la propia organización electoral, la inclusión para que puedan ser funcionarias y funcionarias de casilla como una forma de ejercer el derecho de participar en asuntos públicos. Luego tenemos el acuerdo de 2021 donde por primera vez se establecen estas acciones afirmativas para cinco grupos.
¿Cuando dice que no hay que dar ni un paso atrás, se refiere a las impugnaciones?
No solo eso, también es que hemos entendido que no todas las pcd tienen las mismas necesidades ni problemáticas y por lo tanto requieren de los mismos accesos, tenemos que darle seguimiento a esas realidades. La conformación de nuestra sociedad no es la persona que yo soy, no es un ser humano como yo, hay variedad de personas que integramos la sociedad y ahí están quienes hoy identificamos como grupos en situación de discriminación vulnerables.
No han tenido el mismo acceso a los derechos que ha tenido una persona en un contexto una persona que no tiene una condición específica. En un sistema demócratico, lo que tenemos que garantizar es que todas las personas estamos representadas, porque las necesidades, problemáticas, ejercicio de derecho deberían ser plenos e iguales para todo, pero no es así y lo que nosotros desde el marco político electoral debemos hacer es justo eso, asegurar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas.
Ahora, el que una persona esté en una diputación o municipio o una senaduría no garantizará que esa persona haga todo en función de su condición, tampoco es su obligación; pero lo que sí se garantiza es que las medidas que se emitan se hagan con esa visión, porque la política pública no puede ser igual para una persona con discapacidad que para una persona que sí las tiene.
Que alguien pueda decir ‘oye, está bonito esto que pusiste aquí, es maravilloso el edificio, pero cómo van a acceder las personas que usan silla de ruedas, cómo una persona sorda va a enterarse de que está sonando la alerta, no hay sistema de cómputo adaptado para quienes no ven’, eso es lo que aporta una persona con discapacidad, un señalamiento, una manera de ver esa perspectiva, ese enfoque sobre la discapacidad.
¿Cómo ve el panorama en lo electoral luego del “Plan B”?
Así te lo digo, el panorama lo veo retador, es la palabra que encuentro. Lo que tenemos que hacer es no permitirlo, si empezamos a dar pasos atrás en el ámbito político electoral en el tema de acciones afirmativas, el día de mañana vamos a ver graves retrocesos y cuestiones que ya se han venido dando o se dieron en algún momento, procesos de simulación que no permiten tener esta diversidad en la elección.
El reto que tenemos tiene que ver con el trabajo que tenemos que hacer con los partidos políticos.
Si es su prerrogativa designar dentro de su militancia, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con los partidos políticos para que dentro de su militancia valoren y visibilicen a las pcd para que el día de mañana las postulen a cargos de elección popular.
De otra manera vamos a seguir con estas limitaciones y simulaciones y lo que queremos desde el instituto es ir avanzando hacia prevenir prácticas que sigan perpetuando la discriminación. No vamos a dar un paso atrás en relación a eso, hoy para las elecciones, tanto para de Coahuila y Edomex estamos trabajando en capacitaciones funcionarios de juntas locales para la atención y las acciones que debemos de tomar en cuenta por ejemplo para que las personas que estén en estado de postración puedan votar, de esto también se ocupa el INE.
No se va a dar un paso atrás, no podríamos hacerlo, es parte de nuestro ejercicio y del mandato constitucional que tenemos. Garantizamos lo que dice el 1 constitucional para garantizar el acceso de todas las personas sin discriminación.
Por Itzel Ramírez
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