Quince años después de que entrara en vigor la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, en México el Estado no ha concretado ningún plan para la implementación de este tratado internacional que suscribió.
Ante este panorama, la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad (COAMEX) presentó el miércoles el Plan Nacional Integral para su aplicación.
Guillermo Hernández Martínez, coordinador general de COAMEX, criticó que durante diferentes sexenios no se haya avanzado en concretarla.
“… lamentamos mucho que en esta administración no hayamos logrado tener un programa nacional para la inclusión de personas con discapacidad aun cuando está mandatado por la ley”, mencionó Hernández durante el III Foro de Institutos y Organizaciones de y para personas con discapacidad (pcd), celebrado en Ciudad de México.
El activista también criticó el debilitamiento “hasta el punto prácticamente de la extinción” del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).
Hernández dijo que, ante la falta de una ruta nacional para el cumplimiento del tratado, iniciaron los trabajos, primero en Guanajuato y luego en Yucatán, para que las personas con discapacidad comiencen a construir el plan.
Aunque en estricto sentido la vía para la implementación corresponde al gobierno, dijo, es deber de las organizaciones actuar ante la escasez de política pública para las pcd.
“Este plan no le toca a la sociedad civil (pero) decidimos hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, quién. No basta tener un documento con un objetivo, una meta específica, sino hacerlo cumplir pero sin duda nos da una ruta impresionante de trabajo”,
afirmó.
El plan prevé una ruta de 10 años, a partir de 2023 y hasta 2033, para que la implementación de la convención sea transexenal, tenga progresividad y garantice la transversalidad de las políticas de discapacidad, además de que contempla acciones a corto y a mediano plazo.
Se trata, insistió Hernández, de un documento que sigue en proceso de consulta con las personas con discapacidad, por lo que está sujeto a modificaciones.
Hasta ahora, el plan tiene seis componentes: políticas públicas, accesibilidad, educación, empleo, reconocimiento de la capacidad jurídica y salud.
Los objetivos son los siguientes:
- Objetivo 1: Transversalizar los derechos de las pcd y neurodiversas en los programas o acciones de la administración pública y garantizar la participación de las pcd, sus familias y sus organizaciones representativas en la adopción de medidas legislativas y de política pública (contiene 5 estrategias y 20 líneas de acción).
- Objetivo 2: Impulsar la armonización del marco jurídico para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las pcd y neurodiversas (con 4 estrategias y 7 líneas de acción).
- Objetivo 3: Propiciar cambios en la cultura de inclusión para la población en general para favorecer la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y neurodiversas (con 2 estrategias y 10 líneas de acción).
- Objetivo 4: Implementar una política nacional de accesibilidad a nivel federal, estatal y municipal (tiene 4 estrategias y 21 líneas de acción).
- Objetivo 5: Promover un modelo de educación inclusiva en los diferentes niveles y modalidades educativas para ampliar las oportunidades de acceso, permanencia, egreso y logro educativo de las personas con discapacidad y neurodiversidad (tiene 3 estrategias y 19 líneas de acción).
- Objetivo 6: Garantizar el goce y ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad y personas neurodiversas, mediante el desarrollo y aplicación de políticas de inclusión laboral, autoempleo y capacitación para las personas con discapacidad (tiene 3 estrategias y 15 líneas de acción).
- Objetivo 7: Promover el reconocimiento de las personas con discapacidad y neurodiversas ante la ley en igualdad de condiciones con las demás personas (con una estrategia y 3 líneas de acción).
- Objetivo 8: Desarrollar estrategias y acciones dirigidas a impulsar la desinstitucionalización de aquellas personas con discapacidad y neurodiversas que se encuentran viviendo temporal o permanentemente en establecimientos públicos, privados y sociales que les brinden los servicios de guarda y custodia (tiene una estrategia y 9 líneas de acción).
- Objetivo 9: Garantizar el derecho al más alto nivel de salud física y mental de las personas con discapacidad (contiene 3 estrategias y 18 líneas de acción).
El primero en proponerla, pero no la aplica
El plan fue analizado ayer mismo en la última actividad del foro, que correspondió a mesas de consulta y diálogo con personas con discapacidad, sus familias y organizaciones de y para pcd.
Durante la presentación, Hernández recordó que la falta de transporte y de rutas o entornos accesibles son la llave que permite el acceso a otros derechos, por lo que es básico que los gobiernos atiendan esta necesidad.
Posteriormente, Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, explicó cómo los planes de implementación de política pública son urgentes para las pcd.
En el tema de la discapacidad, advirtió Gamio, muchos países -no sólo México-, tienen avances y retrocesos.
“Si México fue quien propuso la convención deberíamos de ser el primer país que ha aplicado e implementado la convención, desafortunadamente no es así”,
aseguró.
La reciente eliminación de la interdicción en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, por ejemplo, representa una victoria para las pcd, dijo Gamio.
“En México tenemos un enorme avance… ya no más interdicción, ya no más tutela para las pcd eso es un logro fantástico, nada más que ahora tenemos que hacerle marcaje personal, es decir, primero que se apruebe, que se publique y luego que se lleve a cabo pero no sólo de una manera, no se trata de quitar la tutela y se acabó, para eso vienen las ayudas y las salvaguardas”, aseguró.
Durante su ponencia, la especialista abundó sobre uno de los pendientes más urgentes en materia de discapacidad, la implementación de las guías de desinstitucionalización de pcd psicosocial.
Altas tasas de muertes, contagios y abandono durante emergencias, conflictos armados y pandemias son constantes en personas que viven dentro de instituciones por sus discapacidades psicosociales -incluidas las “casas” que se han construido en algunas partes de Europa y que también representan encierro- aseveró Gamio.
“Las personas con discapacidad psicosocial que están institucionalizadas se les violan los derechos de una manera atroz, increíble para el siglo XXI”, apuntó.
Para lograr la desinstitucionalización, es clave que haya asignación de fondos y recursos públicos, viviendas accesibles, transporte, así como la participación de las pcd en los procesos.
Por Itzel Ramírez
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