El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (pcd), con sede en Ginebra, Suiza, emitió una sentencia el 28 de abril de 2023, en la que condena a México por no garantizar el acceso a la educación terciaria inclusiva a una mujer con discapacidad intelectual.
La decisión se basó en la queja presentada por Selene Militza García Vara, quien no fue admitida en la Licenciatura en Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes en 2014.
El rector del centro morelense informó a García Vara que no había presupuesto ni planes de estudio diseñados para personas con discapacidad intelectual. Selene demandó entonces a la institución y a autoridades por la falta de medidas y políticas públicas para promover la inclusión de pcd en la educación superior.
El 21 de enero de 2016, el Tribunal confirmó la sentencia del Juez de Amparo, pues la determinación de no admitir a Selene en la licenciatura por no haber obtenido la puntuación requerida y la omisión de adoptar medidas para eliminar la discriminación contra pcd encontró apoyo en el juez, que no autorizó el amparo para que se reparen las omisiones, dado que implicaría violar los principios constitucionales del Amparo.
De ahí que Selene haya solicitado la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, esta petición fue denegada.
Después de que sus demandas fueron desestimadas por jueces, el 22 de julio de 2016, Selene llevó el caso ante el Comité, representado por Daniela Ibeth García Vara, argumentando que México violó sus derechos bajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Comité determinó que México no había adoptado medidas necesarias, como políticas en materia de ajustes razonables y formación de profesionales en centros educativos superiores, para garantizar que una persona con discapacidad intelectual tuviera acceso a una educación terciaria inclusiva.
El Comité también encontró que, en general, México no había garantizado la accesibilidad incluyendo los exámenes de admisión, las herramientas de información y comunicación, los planes de estudio, los materiales educativos, los métodos de enseñanza y los servicios de evaluación y apoyo.
El Comité destacó que la discapacidad de Selene es el resultado de un daño cerebral que tuvo al momento de su nacimiento, lo que ha interferido en sus procesos de aprendizaje. A pesar de ello, ella concluyó satisfactoriamente sus estudios de primaria y secundaria en escuelas privadas regulares y obtuvo un certificado de estudios técnicos profesionales en diseño de modas.
El Comité afirmó que este caso no trata de bajar los estándares de admisión, sino de introducir modificaciones y ajustes adecuados en la evaluación de las solicitudes de pcd durante el proceso de admisión.
El Centro Morelense de las Artes debió iniciar un diálogo con Selene para determinar qué ajustes razonables eran necesarios para que pudiera participar en las pruebas de admisión comunes a todos los candidatos, tales como otorgarle tiempo extra y proporcionarle el apoyo de un profesional especializado para asegurar que comprendiera correctamente las expectativas de la evaluación.
El Comité concluyó que México no protegió a Selene Militza García Vara de los prejuicios relacionados con su discapacidad en la educación. Este caso no es un hecho aislado, sino un ejemplo de los problemas estructurales que enfrentan las personas con discapacidad intelectual en México.
Para remediar esto, el Comité recomendó que México garantice los derechos de Selene. Esto incluye:
- La restitución de los gastos legales y una indemnización adecuada por el daño sufrido, destaca la pérdida de oportunidades laborales que tuvo Selene debido a la falta de acceso a la educación superior.
- Si Selene quiere, deben asegurarse de que pueda ir a la universidad de su elección y que el proceso de admisión sea accesible para ella. Si se necesitan ajustes razonables para hacer esto posible, también deben hacerse.
- El gobierno de México debe reconocer públicamente que violó el derecho de Selene a tener una educación superior inclusiva, es decir, ofrecer una disculpa pública
- También deben publicar la sentencia y asegurarse de que sea distribuido ampliamente en formatos accesibles para que todas las personas puedan enterarse de lo sucedido.
- El gobierno de México debe establecer un sistema de educación inclusiva en todos los niveles y desarrollar indicadores para dar seguimiento a las medidas adoptadas.
- También se deben establecer mecanismos de denuncia y recursos legales independientes en casos de violaciones del derecho a la educación, así como concienciar y combatir los estereotipos y prejuicios relacionados con las personas con discapacidad.
- El gobierno debe prestar especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad, personas con discapacidad intelectual y personas con necesidades de apoyo intensivo.
- Además, se debe asegurar la capacitación del personal docente y hacer que la información sobre el derecho a la educación sea ampliamente difundida.
Por Agustín de Pavía
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