Hay cifras dolorosas, números que a pesar de toda su frialdad encienden el alma. Los recuentos tras un sismo grave suelen ser de ese tipo; hasta ahora, la tragedia que sacudió a Turquía y Siria el lunes 6 de febrero reporta casi 50 mil fallecidos y cientos de miles de heridos. ¿Cuántos de ellas y ellos adquirieron una discapacidad? No hay datos.
Sí sabemos, por ejemplo, que antes del terremoto sólo el 51 por ciento de las instalaciones sanitarias de Siria —sacudida también por una guerra civil— estaba en pleno funcionamiento. Con ello, miles de personas heridas no han recibido atención médica a tiempo para evitar que sus lesiones provoquen afectaciones permanentes.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es clara: los terremotos provocan numerosas mutilaciones, algo que, además de provocar estragos físicos y emocionales, expone a las víctimas a exclusión y desempleo.
El panorama para las personas en esta situación en Turquía y Siria aparece plagado de retos muy complejos para los cuales no alcanzará ninguna donación humanitaria desde otros rincones del mundo.
Para dar una idea de lo que se puede esperar, vale la pena revisar la estadística que presenta el departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas respecto al terremoto de 2010 en Haití; antes, había 800 mil personas con discapacidad.
Tras el sismo, el número aumentó a 1.1 millones. Esto impulsó la creación de un grupo de trabajo sobre Lesión, Discapacidad y Rehabilitación y de la guía práctica Haiti: Reconstruction for All que resume recursos, conocimientos y buenas prácticas para atender a personas con diversos tipos de afectaciones tras desastres naturales.
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud promovieron políticas y estrategias de rehabilitación y prestación de servicios sanitarios y humanitarios para personas que tenían discapacidades previas o que las adquirieron como consecuencia del terremoto.
Como Haití, otros países cuentan con esfuerzos y cultura cívica para el manejo de desastres naturales. En México, en agosto de 2016 el Diario Oficial de la Federación publicó la Norma Oficial Mexicana de Personas con Discapacidad – Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia o desastre.
Luego, a raíz del sismo de 2017, organismos como el Servicio Especial de la Mujer ofrecieron respaldo a personas que sufrieron alguna discapacidad temporal o permanente. Este Servicio lo hizo a través de un Seguro de Desempleo, capacitación y 700 plazas laborales en distintos sectores. ¿Suficiente? No, nunca lo será porque la discapacidad es una realidad invisibilizada en todo el mundo.
Sin embargo, iniciativas como las de México o las que se han aplicado en países como Japón sustentan el principio de que la recuperación de las víctimas depende de erradicar el mito de que ellas no pueden empoderarse.
En ese aspecto, el país nipón les ofrece capacitación y trabajo a través de programas como Japan as One, lanzado en 2011 tras el devastador tsunami que azotó la región.
Después del sismo del pasado lunes 6 de febrero todavía no sabemos cuántos de las heridos y heridas padecerán alguna discapacidad a largo plazo; los aprendizajes adquiridos en desastres como los de Haití, México y Japón serán de utilidad para favorecer su reincorporación a la vida laboral, su rehabilitación física y la recuperación de su salud mental.
Pero eso requiere que la mirada mundial no se aleje de la región una vez que pase el furor y/o morbo noticioso asociado a la devastación: la discapacidad como saldo de un sismo no es invisible, “sólo” está invisibilizada.
Por María Elena Esparza Guevara*
*María Elena Esparza es fundadora de Ola Violeta AC, desde donde previene la violencia de género desde la conciencia corporal. Doctoranda en Historia del Pensamiento por la UP, Maestra en Desarrollo Humano por la Ibero y egresada del Programa de Liderazgo de Mujeres de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. @MaElenaEsparza
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