La corrupción y la discriminación que dejó a la vista el SAT

El caso de Daniel Robles Haro y su odisea en el SAT refleja la realidad de las barreras y prejuicios de la sociedad para incluir a las personas con discapacidad para ganarse la vida y ha visibilizado la falta de capacitación en materia de derechos humanos, además de la corrupción en el SAT que, al poner estas trabas, deja millones de pesos de impuestos sin recaudar.  

Todo empezó en marzo de 2022, cuando como parte de la primera oferta de trabajo en la vida de Daniel Robles Haro, YoTambien le solicitó darse de alta en el SAT para que pudiera emitir una factura/recibo por sus servicios de columnistas. La experiencia vivida por el colaborador de Yo También abre la puerta para que más personas con discapacidad puedan tener derechos y obligaciones como contribuyentes. 

El caso es la realidad (Censo 2020, Datos discapacidad 2014, EHIGH 2020 y ENADIS 2017)  de los 20.8 millones de personas o el 16.5 por ciento que vive con una discapacidad y por la falta de inclusión o accesibilidad administrativa que es un acto de discriminación al  existir barreras para pagar impuestos.

El 40 por ciento de nosotros vivimos de nuestro trabajo y representa 455 mil millones de pesos anuales; en el caso de Daniel -y las personas que no pueden mover sus brazos o tienen problemas de comunicación, quienes por cierto tienen una tasa de desempleo del doble y reciben ingresos 1.5 veces menores-, el SAT deja de cobrar 63 mil millones.

La misma proporción de personas con discapacidad que vive de su trabajo es la que también recibe recursos de los programas de gobierno; la pensión para personas con discapacidad representa 16.8 mil millones de pesos al año. Eso explicaría el porqué muchas personas con discapacidad viven en la pobreza. Vivir de tu trabajo es mejor que vivir de programas sociales. Si trabajas ganas casi 4 veces más que si dependes del programa de gobierno.

Lo que uno no puede explicar es como para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se permite que la ”persona adulta auxiliar” la tramite sin necesidad de ser tutor, mientras que para obtener la firma electrónica del SAT obligan a tener un tutor si tienes una discapacidad. En pesos, el permitir o no que una “persona apoye” es la diferencia entre que el gobierno pierda o gane 63 mil millones de pesos y entregar 16.8 millones de pesos a personas con discapacidad.

El 86.4 por ciento de nosotros  nos enfrentamos con alguna barrera de accesibilidad para trámites. Al 53.2 por ciento se les ha negado el apoyo de programas sociales. Al 48 por ciento se les ha negado atención en oficinas públicas y el 20 por ciento de los actos de discriminación ocurren en oficinas públicas.  

El 74 por ciento considera que a las personas con discapacidad nos miran y nos hacen sentir incómodos. Esta percepción aumenta entre familiares que acompañan a personas con discapacidad hasta un 81.8 por ciento; el 42 por ciento de los familiares recibieron burlas, insultos, y 38 por ciento de nuestras familias vieron como somos rechazados de actividades sociales. El 18.6 por ciento de las personas con discapacidad  piensan que no tienen la libertad de decidir sobre su vida, y si tienes discapacidad múltiple, la falta de libertad aumenta a 28.2 por ciento.

El principal problema para las personas con discapacidad es la falta de oportunidades de empleo (30 por ciento) a la par con la falta de calles y transporte adecuado para su condición (31.1 por ciento) y en segundo lugar es el elevado costo de los cuidados y tratamientos (21.5 por ciento).

Las personas con discapacidad tienen la mitad de probabilidad de contar con estudios superiores, que si no tuvieran discapacidad, y 2 de cada 10 personas con discapacidad no va o fue a la escuela. El promedio nacional general de personas sin educación es de 3 de cada 100 personas.

El analfabetismo en jóvenes con discapacidad es 22 veces mayor que el de las personas sin discapacidad. El 63.2 por ciento de personas con discapacidad se dedican a servicios de apoyo personal, a las artesanías y el comercio. 

Si la persona con discapacidad quiere trabajar en una empresa, necesita una carrera para tener las mismas oportunidades que las personas sin educación y aun así recibe 1.5 veces menor salario. Si no tienes estudios es 5 veces más difícil encontrar trabajo. El 76 por ciento no tiene prestaciones de Ley.

Los prejuicios son una barrera para el empleo incluyente; 1 de cada 3 personas que no conoce a alguien con discapacidad cree que son de poca ayuda en el trabajo, mientras que entre quienes nos conocen esa cifra se reduce a 1 de cada 5.

Increíble pero no desaparecen los prejuicios.

El Congreso de la Unión, al no reformar el Código Civil y Procesal Federal para contar con un sistema de apoyos general que sirva para trámites civiles y administrativos, discrimina y permite una cultura de ilegalidad y corrupción; que se defiende bajo el “principio de legalidad” y protección de las personas “incapaces.” El Comité de Personas con Discapacidad y la Suprema Corte han dicho que la tutela viola los derechos de personas con discapacidad.

El trámite discriminatorio del SAT es idéntico a 9 mil 196 trámites y servicios nivel federal registrados en la plataforma electrónica del Registro Federal de Trámites y Servicios y todos tienen que cambiar; un buen ejemplo de cómo cambiarlo es la Secretaría de Relaciones Exteriores que modificó el trámite de pasaportes para permitir que personas de apoyo pudieran auxiliar en el trámite en lugar de ser los tutores.  

Los burócratas no pueden defenderse al decir que solo cumplen el principio de legalidad del Artículo 89 Constitucional; también tienen que cumplir el Artículo 1 sobre derechos humanos y no discriminación. La Ley de Responsabilidad Administrativa establece que las personas que trabajan en el gobierno deben respetar y cumplir la Ley y los derechos humanos; el no hacerlo trae consecuencias y puede ser un acto de corrupción. El SAT no puede cobrar millones de pesos por la negligencia o corrupción de su dirección jurídica; por no conocer y aplicar los casos de la Suprema Corte o las recomendaciones de las Naciones Unidas; sin mencionar que la discriminación es un delito federal con una pena de hasta 6 años de cárcel y no poder trabajar en el gobierno.

Por Agustín de Pavía*

Agustín de Pavía Frías es especialista y profesor en derechos humanos y en particular de personas con discapacidad.