Editorial

Ariadna Montiel, como la mujer del César

Bárbara Anderson

Las cifras de la secretaria del Bienestar y sus grandes pendientes con el programa de pensiones para personas con discapacidad.

Esta semana la secretaria de Bienestar dio su comparecencia ante el Senado de la República sobre el resultado de su cartera en el último año.

La presentación sí fue un claro reflejo de lo opaco que ha sido la gestión, al menos en lo que respecta a las pensiones a personas con discapacidad (pcd).

Empezando por cuántos beneficiarios (perdón, derechohabientes) hay efectivamente en este Programa. Inició su discurso el martes diciendo que eran un millón (en su página web figuran poco más de 920 mil personas que han cobrado), luego subió la barda y dijo que las pensiones a esta minoría llegan a 6 de cada 10 personas con discapacidad es decir a 3.8 millones de mexicanos (si tomamos la cifra de INEGI de pcd y sin sumar a quienes tienen alguna limitación). 

Este dato le ganó aplausos por un buen rato. Pero a la hora de la despedida de su evaluación ante la Cámara dijo que “la pensión ya la reciben 1 millón 250 personas”.

Así ha sido la danza de cifras durante todo el tiempo que tiene este programa (marzo de 2019 a la fecha). Además el padrón no es accesible, ni tampoco el protocolo de selección de derechohabientes, tanto que ni aún sumado a 20 estados como aliados para ampliar (o universalizar como le gusta mencionar a la secretaria) ha sido muy mediocre. Tampoco ha explicado las razones por las cuales tan pocas personas con discapacidad (que no son pocas) no han reclamado acceso a este beneficio constitucional. 

Tampoco es transparente el resultado o los beneficios que han tenido gracias a esta pensión aquellos que sí la reciben. 

Menos aún de que sexo son. Es un dato no menor, teniendo en cuenta que en este país hay más mujeres que hombres con discapacidad y además viven más casos de discriminación y vulnerabilidad que sus pares. Esta semana analizamos una partida completa de pagos de estas pensiones y descubrimos que no se ha respetado la incidencia por género: si bien 53 por ciento de las pcd son mujeres, representan 44 por ciento de los derechohabientes. 

Esto refuerza la evaluación que hiciera Coneval de este programa hace un mes hablando de la poca claridad de operación y de la homologación de selección de beneficiarios en todo el país. 

Este Programa es de los prioritarios del gobierno, es de los que aumentaron su presupuesto para 2023 y es al mismo tiempo tan opaco como discrecional. 

No estoy en contra del ‘bienestar’ (palabra usada en exceso en todos los ámbitos de esta administración) pero sí de la falta de transparencia y de una rendición de cuentas plagada de inconsistencias. 

Faltó en la comparecencia una oposición fuerte e informada (o al menos preocupada) y que sí buscara ponerle los puntos a todas las íes huérfanas en la presentación de la secretaria Ariadna Montiel.

Como diría el filósofo griego Plutarco, “la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo”.

Por Bárbara Anderson

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