Esta semana pude hacer un recuento de mis últimos 10 años como activista por los derechos de las personas con discapacidad en México. Una semana en la que comprendí con claridad lo mucho que se ha logrado en estos dos lustros, pero también lo mucho que falta por visibilizar, explicar, impulsar y lograr para que esta sociedad abrace a todas las personas como quiera que sean.
Este editorial hoy es personal.
El miércoles 7 de junio, al ver publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sentí un gozo quizá sólo equivalente a otro hace casi 10 años: cuando en el mismo periódico oficial vi publicada la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el 11 de junio de 2013.
En ambos casos me da mucho gusto ser parte de grupos que han contribuido a impulsar estos dos enormes cambios legislativos en contextos de mi vida muy diferentes.
En el 2013, por la alerta de una experta en telecomunicaciones, Clara Luz Álvarez, fue justo esa reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión la primera ley que me aventé a cabildear, junto con Bárbara Anderson.
Me vinieron a la mente la cantidad de reuniones presenciales que tuve con decenas de senadores y senadoras, algunas muy cortas, incluso medio acorralándoles en un pasillo, para explicarles la importancia de que esa ley naciera inclusiva.
De las decenas de horas que pasé viendo el Canal del Congreso, tuiteando en tiempo real y mandando mensajes a legisladores para que ¡al fin! un día de madrugada votaran una reserva que incluía una sola letra: “y”.
Esa “y”, como conjunción, cambió por completo el sentido de la oración del Artículo 161 que obliga a los canales de televisión a: “Contar con servicios de subtitulaje o doblaje al español y lengua de señas mexicana para accesibilidad a personas con debilidad auditiva”.
Me vinieron a la mente esos 10 segundos que tuve frente a mi a Enrique Peña Nieto en un evento al que me invitaron para otra cosa. Cómo logré colarme a las primeras filas para que, cuando pasara a saludar, le dijera -en un micro discurso que ensayé- cómo era necesario que se contemplara a las personas con discapacidad en esta reforma. Hoy, como ayer, 10 segundos con un presidente pueden contribuir a cambiar derechos.
Los resultados de esa reforma a poco menos de 3 tres mil 650 días es evidente: los subtítulos ya existen y los utilizan muchas personas, las empresas de telecomunicaciones compiten para ver quién tiene el portal más accesible y medido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (aunque aún falta mucho), se venden teléfonos con distintas opciones de accesibilidad.
Si vemos en más programas intérpretes en Lengua de Señas… aunque el famoso “y” no se ha cumplido y aún hay personas que siguen diciendo que por qué se necesita LSM cuando ya hay subtitulado.
Lo repetí como perico hace 10 años y mucha gente se sigue sintiendo sorprendida hoy: la Lengua de Señas, que es la lengua madre de una parte de la comunidad sorda, es diferente gramaticalmente al español. Es, además, una lengua visoespacial: la posición y el recuadro amplio del intérprete importa. No son solo señas con las manos sino toda una comunicación con la cara y el cuerpo completo.
¿Los portales son accesibles? No, no muchos. Ni siquiera aquellos de los gobiernos. Eso sigue siendo una gran deuda pendiente con una ley vigente.
Este 2023 la publicación del Código Nacional, un hito que, no exagero, representa un logro buscado por generaciones, me encuentra en otro momento personal y profesional.
Ya no escribo la columna que redacté a diario durante 20 años sobre política. Si bien hace 13 años ya había dado el primer paso hacia ese rumbo, al crear, junto con mi padre, Rafael, una asociación civil para dedicarme al tema, la vida me fue empujando -y yo la dejé- a que me llevara a dedicarme al tema de crear un mundo más inclusivo para todas las personas de tiempo completo.
Y este es un logro, además, de un trabajo mucho más colectivo con colegas a quienes admiro y que implicó e implicará nuevos retos de comunicación y de articulación porque ahora es necesario que cada entidad reforme su propio Código Civil.
Hoy la publicación del nuevo Código representa un reto mayor porque implica a todas las personas vía un cambio cultural profundo. Significa acciones puntuales, también, de todos los poderes y los tres órdenes de gobierno.
El reto es transformar la psique social para que todos entendamos, respetemos, brindemos los apoyos necesarios y actuemos para hacer realidad diez palabras con las que abre el artículo 445 de este Código:
“Todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena”.
Así de fácil y así de complicado.
Hay días en que no creo que me tocará verlo en mi vida, pero sí trataré con todo mi esfuerzo de sembrar las semillas para que así sea. Espero ver al menos algunas plantitas del árbol que está llamado a nacer de esas diez palabras.
Deseo que sea un árbol tan frondoso que nos cobije a todas las personas con y sin discapacidad. Ojalá cuando yo misma sea una persona mayor me pueda beneficiar de ellas o cuando, espero que no, tenga alguna crisis psicosocial se tome en cuenta mi derecho a decidir a recibir algún tratamiento… o no.
Alan, mi hijo, ya está por cumplir 17 años. No puedo creer la frase que acabo de escribir. Deseo que tenga una vida muy plena, donde se respete (con todos los apoyos que necesite que son no muchos, sino muchísimos) su derecho a decidir de las cosas más importantes; que sepa siempre que su voz importa.
Deseo que nadie, ni yo, me interponga en ese camino, aunque ¡vaya que cuesta trabajo no sobreproteger y quererlo blindar! Que respetemos, incluso, su derecho a equivocarse, como todas las personas. Y que pueda aprender, como todos hemos aprendido, de nuestros muchos errores aunque esto sea muy doloroso.
En fin. El camino es largo y sinuoso, dirían Los Beatles. Nadie nunca dijo que sería un sprint. Vaya, ni un maratón. Es un Iron Man, o más bien, un Iron Woman. No, tampoco. Es un Iron People social al que les invito a sumarse.
Por Katia D’Artigues
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