Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares que reconoce la capacidad jurídica -o el derecho a decidir- de todas las personas mayores de edad, así como la necesidad de crear un nuevo modelo para que estas decisiones se puedan ejercer con los apoyos que cada persona decida.
Es un enorme paso para colectivos de personas que durante muchos años han visto en entredicho su derecho a decidir, como para las personas con discapacidades (particularmente aquellas con discapacidad psicosocial e intelectual) y las personas mayores.
El artículo 445 dice:
“Todas las personas mayores de edad tienen capacidad jurídica plena. El código civil respectivo regulará las modalidades en que las personas puedan recibir apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, que son formas de apoyo que se prestan a la persona para facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el apoyo en la comunicación, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, y la manifestación de la voluntad.
Puede ser objeto de apoyo cualquier acto jurídico, incluidos aquellos para los que la ley exige la intervención personal del interesado. Nadie puede ser obligado a ejercer su capacidad jurídica mediante apoyos”
¿Qué sigue?
Tras esta publicación inicia un trabajo mayor: que todos los Códigos civiles de las entidades, que están obligadas a reconocer ya la capacidad jurídica, regulen cómo es que esto se ejercerá.
Es el primer paso para que nazca en México un nuevo modelo: la toma de decisiones con apoyos que sustituirá al viejo modelo de la sustitución de la voluntad de una persona y cuya figura emblemática es el juicio de interdicción que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia a través del Amparo Directo 04/21.
También es el reconocimiento buscado durante generaciones y que quedó plasmado en el Artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, tratado de derechos humanos que México presentó al mundo y el Senado ratificó el 3 de mayo de 2008.
En el Congreso de la Ciudad de México ya hay una iniciativa que puede ser pionera, que presentó la diputada Marisela Zúñiga y que fue hecha por un colectivo de organizaciones de personas con discapacidad, que trabajamos con ella, academia y organizaciones de derechos humanos, “Decidir es mi derecho”. Sobre la iniciativa, pionera en México, escribimos en ‘Por el derecho de todas las personas a decidir sobre su vida‘.
Por Katia D’Artigues
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