Cuando llegó Rosa a la fiscalía para denunciar la agresión a una de sus amigas sordas, el agente del Ministerio Público que la atendió le escribió una nota que decía: “regresa mañana con alguien que pueda hablar y escuchar”. Algo similar le ocurrió a José, un joven con discapacidad intelectual que se acercó a las instituciones de justicia para denunciar haber sido agredido por un integrante de su familia. José estaba acompañado de su tía. El ministerio público se dirigió hacia ella y le dijo que para rendir su testimonio José tendría que estar acompañado de su tutor. José no tenía tutor, pero ¿qué hubiera pasado si el tutor fuera el responsable de la agresión?
Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a la justicia son muchas y de distinto tipo. Probablemente una de las más extendidas y perjudiciales son las barreras actitudinales como las que se ejemplifican en esas historias. En estos casos y en muchos más, las personas que trabajan en el sistema de justicia consideran que las personas con discapacidad no son capaces de actuar por sí mismas y no cumplen con su obligación de implementar las medidas de accesibilidad y ajustes para que puedan hacerlo.
Así, en el caso de Rosa, el personal de la fiscalía tendría la obligación de conseguir una intérprete de lengua de señas y en el caso de José permitir que rindiera su testimonio sin la presencia del tutor. José probablemente necesite apoyos para hacerlo, pero esto no significa que se le deba negar su derecho de acceder a la justicia.
Las barreras legales
Además de estas barreras, están las barreras legales, es decir, las leyes que siguen discriminando a las personas con discapacidad y permitiendo restricciones a sus derechos. El Código Civil de la Ciudad de México y los otros códigos civiles del país todavía plantean que son incapaces legalmente las personas que “por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por algún medio que la supla”.
O, por ejemplo, la ley que prohíbe que las personas con discapacidad donen sangre o sus órganos o aquella que autoriza la esterilización forzada con el consentimiento de una persona responsable.
Junto con esas barreras, están las más visibles, los obstáculos físicos en el entorno urbano y en las propias instituciones de justicia que dificultan el acceso a las instalaciones de las defensorías públicas, las fiscalías, los tribunales, entre otros. En las historias que hemos escuchado en Documenta son muy frecuentes los testimonios sobre oficinas en segundos pisos sin elevador.
Pensemos también en el caso de las personas con discapacidad que viven en albergues, hospitales psiquiátricos u otros tipos de centros residenciales. ¿Cómo pueden esas personas denunciar violaciones a sus derechos? ¿El buzón de quejas que revisan las propias instituciones en donde se cometen estas violaciones garantizan un real y efectivo acceso a la justicia?
Inaccesibilidad
Menos evidente pero igual de importante es la inaccesibilidad de la información y la comunicación en el ámbito de la justicia. Para alguien que no ha estudiado Derecho, comprender lo que ocurre en una audiencia o lo que dice una sentencia es una tarea titánica dado lo técnico del lenguaje que se utiliza. Expresiones como “capacidad jurídica”, “acto reclamado”, “amparo”, “apercibimiento” son completamente inaccesibles para gran parte de la población. Las instituciones de justicia están obligadas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a dar la información de forma accesible para que todas las personas la entiendan, pero esto sigue siendo una deuda pendiente.
Hablemos de dos barreras más para intentar abarcar toda la diversidad de obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a la justicia. Como es bien sabido a partir de la pandemia por Covid, las tecnologías de la información y las comunicaciones empezaron a jugar un papel más relevante, pero ello no significó que dichas tecnologías fueran accesibles para toda la población. Así, la falta de sitios web y plataformas con estándares de accesibilidad, con texto alternativo en sus imágenes, la navegación confusa en muchas de las plataformas de denuncia, entre otras cosas más dificultan el acceso a todas estas herramientas por parte de las personas con discapacidad.
Barreras sociales
Finalmente, es importante no dejar de mencionar las barreras sociales que se relacionan con la situación de marginación y dependencia en la que viven muchas personas con discapacidad y que les dificulta tomar decisiones para ejercer de manera libre sus derechos. La falta de acceso a la educación, al empleo, la salud y a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad ha colocado históricamente a las personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad y de mayor riesgo a sufrir abusos.
La historia de Isabel es muy reveladora sobre este tipo de barreras. Isabel, una mujer con parálisis cerebral y altas necesidades de apoyo, era víctima de violencia familiar, sin embargo el miedo a perder los cuidados que le proporcionaban era tal que prefería seguir siendo victimizada y violentada que acudir a las instituciones de justicia. Son en estos casos en donde el acceso a la justicia y el diálogo entre la agenda de apoyos y cuidados es relevante, pero ese es un tema que abordaremos más adelante.
* Diana Sheinbaum es socia fundadora y coordinadora del Programa de Discapacidad y Justicia de Documenta, cuyo objetivo es trabajar para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad promoviendo el reconocimiento pleno de su igualdad ante la ley y su derecho a participar en la vida pública y social. Diana promovió la creación del programa de "Personas facilitadoras de justicia" para implementar ajustes de procedimiento en los procesos penales donde intervienen personas con discapacidad, además es coautora del libro: "Hacía un sistema de justicia penal incluyente. Proceso penal y discapacidad psicosocial" y editora de la compilación "Inimputabilidad y medidas de seguridad a debate: Reflexiones desde América Latinaen torno a los derechos de las personas con discapacidad".
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