Jorge Burelo, joven con discapacidad psicosocial, cumple 4 años en prisión
Desde la ONU, su defensa, la familia y organizaciones de activistas exigen la libertad de Jorge Burelo, torturado y detenido arbitrariamente, a quien el Estado mexicano se niega a reconocer su condición de discapacidad por esquizofrenia paranoide.
23 de mayo de 2023
Itzel Ramírez
En 2019, durante las primeras audiencias de proceso penal en su contra, Jorge Burelo Gómez estaba en plena crisis psicótica luego de ser detenido y torturado por policías de la Ciudad y del Estado de México, tenía conductas erradas y hablaba de cosas que no tenían sentido.
Pese a su condición, los jueces que trataron su caso siempre consideraron que el joven de entonces 24 años tenía la capacidad jurídica de entender que estaba siendo acusado de homicidio y que todo lo que declaraba y firmaba se usaría como prueba de su culpabilidad.
Al día de hoy, Jorge acumula cuatro años y cinco días privado de la libertad pese a que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su defensa han probado innumerables veces que el juicio en su contra está plagado de irregularidades, especialmente graves al considerar la discapacidad psicosocial con la que vive.
La cerrazón del Estado mexicano en el caso es tal que ninguna autoridad ha reconocido oficialmente que Jorge tiene esquizofrenia paranoide, como lo certifican los 19 dictámenes psiquiátricos que ha mostrado su defensa.
Para Cutberto Burelo Vela, padre de Jorge, el caso muestra cómo la discapacidad de su hijo ha sido utilizada para dar por resuelto un caso mediático.
“Se aprovecharon de la discapacidad de Jorge”,
acusó el empresario en una conferencia de prensa celebrada el lunes en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
El padre de Jorge hizo un pronunciamiento acompañado de Ximena Ramos, de la oficina del Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y de representantes de organizaciones de la sociedad civil como Documenta y Orgullo Loco, para exigir al Estado mexicano la liberación inmediata del joven, en cumplimiento de la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, que fue publicada a inicios de abril y que tiene versión en español.
El caso por el que es acusado
Eran las 11:32 horas del 17 de mayo de 2019 cuando Jorge Burelo salió de su casa para dirigirse a su trabajo en el negocio de su familia, ubicado sobre la misma acera a pocos metros de distancia, cuando al menos nueve personas vestidas de civil -algunas de ellas habían bajado de una camioneta blanca- lo subieron a un auto gris.
En un video mostrado por el padre de Jorge en la conferencia se aprecia que aquella detención era más parecida a un secuestro que a la ejecución de una orden judicial, pues ninguno de los agentes ni de los vehículos tenía identificación oficial.
Luego de casi seis horas de no conocer el paradero de Jorge, la familia recibió una llamada en la que les avisaron que el joven estaba detenido en la Delegación Gustavo A. Madero.
“Me presento y me narran ellos que lo tenían detenido por narcomenudeo. Me muestran dos bolsas… quizá de medio kilo, y me dicen que esas las tenía en la mano y que por eso lo detienen”,
contó Cutberto.
A la agencia del Ministerio Público, el padre había llevado el video que muestra la detención y cómo Jorge no llevaba ninguna de las bolsas que acusaba la autoridad.
Caída esa acusación, Jorge fue liberado e inmediatamente reaprehendido, ahora acusado por homicidio calificado en grado de tentativa pero ya no por la fiscalía de la capital, sino por la del Estado de México.
“Lo llevaron a la fiscalía de Tlalnepantla desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana que lo presentan en (el penal de) Barrientos que finalmente lo dejan ahí y creo que la tortura mayor que sufrió fue ahí”, dijo Cutberto.
El día de la detención, varios medios de comunicación anunciaron que Jorge Alberto “N” era el responsable del ataque cometido en contra de Abraham Murguía, dijo el entonces diputado federal Ulises Murguía Soto.
El 9 de mayo de ese año, al interior de la plaza comercial Mundo E en el Estado de México, Abraham Murguía fue lesionado y falleció un mes después a consecuencia de las heridas que sufrió durante el ataque.
“Ha habido también una presión muy importante y yo creo que un tráfico de influencias sin duda, su papá en ese momento era diputado federal. Toda esa parte ha influido en que a Jorge mi hijo (…) le hayan violado todos sus derechos humanos”, acusó Cutberto Burelo.
Las irregularidades en el proceso
La primera vez que Cutberto pudo ver a su hijo lo encontró en la enfermería del centro penitenciario Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México.
Jorge acababa de sufrir una nueva vejación: lo habían aventado del segundo piso del lugar, lo que complicó aún más su estado de salud, ya comprometido por la esquizofrenia.
Y fue hasta seis meses después de la detención que un juez permitió que se suministrara tratamiento especializado a Jorge.
Hacia noviembre de 2019, cuando el médico Daniel Bellazetín, especialista en psiquiatría clínica y perito en psiquiatría forense vio a Jorge, encontró a una persona con síntomas activos de una enfermedad psiquiátrica.
“Su estado mental era totalmente precario, su discurso plagado de ideas desorganizadas”,
declaró Bellazetín, quien desde entonces ha sido responsable del tratamiento psiquiátrico de Burelo.
Hace dos años, otra instancia judicial permitió el traslado del joven a un centro especializado en Nezahualcóyotl, también en el Estado de México. Gracias al suministro de sustancias para la psicosis, Jorge permanece estable, dijo su médico.
El especialista cuestionó cómo aun cuando era evidente el estado mental de Jorge, las autoridades judiciales permitieron que se realizara un proceso en contra de una persona que a todas luces tenía restricciones de su capacidad jurídica.
“En audiencias iniciales es un muchacho fuera de sí, con conducta errada, no estaba en capacidad para declarar y, sin embargo, así se llevaron las audiencias. Es un proceso en el cual la injusticia se ha llevado de manera progresiva”, manifestó Bellazetín.
En esas primeras audiencias, por ejemplo, Jorge no estuvo acompañado de ninguna persona de su confianza, sino únicamente por un defensor de oficio que no conocía su caso.
Las arbitrariedades contra Jorge Burelo comenzaron en el segundo en el que fue detenido, sostuvo Ricardo Pérez García, abogado defensor del joven.
El estudio del caso permitió conocer, por ejemplo, que cuando lo subieron a aquel auto gris todavía no había ninguna orden de aprehensión librada en su contra, o que en la audiencia inicial del 19 de mayo, la defensa de oficio se negó a analizar la detención, algo jurídicamente insostenible, de acuerdo con el abogado.
A su vez, el juez se negó a analizar la demora con la que Jorge fue presentado ante el MP, considerando que ello no afectaba su proceso; todavía más allá, el juez dijo que analizar la detención no era de su competencia, mientras que hubo dictámenes que establecieron que Jorge comprendía el hecho delictuoso atribuido, pese a que, de acuerdo con los familiares, aquello era evidentemente falso.
En su opinión, el Grupo de Trabajo de la ONU difirió por completo de la visión de las autoridades mexicanas.
“El gobierno ha ignorado la situación de inhabilitación mental del Sr. Burelo Gómez, su imputabilidad, su incapacidad de distinguir la realidad de los hechos y la irresponsabilidad producto de su enfermedad. Los investigadores le hicieron firmar documentos y declaraciones que no estaba en posibilidad de comprender, mucho menos las consecuencias que ocasionarían para él, y sin ofrecerle el tratamiento que una persona en esta situación de salud merece”, dice el documento en el punto 79.
Sumado a otras faltas, el argumento del grupo es que la reclusión de Jorge es arbitraria.
Hasta ahora, dijo Pérez García, tanto en Ciudad de México como en el Estado de México hay carpetas integradas para la investigación sobre las irregularidades cometidas contra Jorge; sin embargo, los avances han sido mínimos.
Discriminación, prejuicios y criminalización de la discapacidad
La privación de la libertad de Jorge Burelo cumple con tres de los cinco criterios establecidos por Naciones Unidas para considerar arbitraria una detención, explicó Ximena Ramos, oficial de derechos humanos sobre grupos vulnerables de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU.
En el caso de Jorge es manifiestamente imposible invocar un fundamento jurídico para la detención, hubo no observancia del debido proceso y se vulneraron sus derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la discriminación por su discapacidad, explicó Ramos.
El juicio en su contra ha mostrado en diferentes etapas la predisposición que existe hacia las personas con discapacidad psicosocial, que a menudo -y como expresión de la discriminación que viven- son consideradas peligrosas.
Además, el Estado mexicano falló al no hacer los ajustes de procedimiento que establece la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Jorge, dijo Ramos, no entendía lo que estaba pasando en las audiencias, mientras que la autoridad ministerial falló en su obligación de hacer accesible la información de los procedimientos para que fueran comprendidos.
En su participación, Ángel María Salvador, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta AC, resaltó cómo lo vivido por Jorge es parte de las conductas sistemáticas en la procuración de justicia en México.
Salvador presentó datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en su edición 2021, según los cuales después de la detención y hasta antes de llegar al MP el 64.5 por ciento de las personas privadas de la libertad sufrió algún acto de violencia psicológica como incomunicación, aislamiento, amenazas o “paseos” en autos.
En el 48.6 por ciento de los casos hubo algún tipo de violencia física como puñetazos, asfixia o agresiones sexuales.
En números absolutos, dijo, más de 100 mil personas fueron incomunicadas o aisladas y más de 71 mil declararon haber sufrido golpes durante su detención.
Estas torturas, dijo el especialista, “merman la capacidad de las personas para defenderse”.
El caso de Jorge Burelo, consideró, muestra además las violaciones estructurales de derechos humanos cometidas contra las personas con discapacidad.
“Podemos concluir que hay una parte del sistema de justicia que opera discriminatoriamente contra las personas con discapacidad”,
dijo Salvador.
Los abusos cometidos contra la víctima tuvieron un especial impacto psicológico por su condición personal, además de que el ocultamiento de su condición mental, la falta de atención en las constantes crisis nerviosas, la negación de atención médica especializada o de contacto con familiares o de personas cercanas representan “condiciones esenciales para acreditar tortura con sus impactos”.
Mientras los familiares y la defensa esperan que se libere a Jorge, o que se cambie la medida de internamiento a una de reclusión en su domicilio, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México todavía no emite una resolución a la queja presentada en 2020 por Cutberto Burelo y la comisión del Estado de México dijo que no había elementos para abrir un procedimiento en contra de las autoridades mexiquenses.
Por Itzel Ramírez
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