Así fue la primera audiencia ante la CIDH por Casa Esperanza

Por la inacción ante las atrocidades cometidas contra 37 personas con discapacidad (pcd) en el centro Casa Esperanza, el Estado mexicano fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la primera audiencia pública del caso.

Durante la sesión, representantes de instituciones mexicanas aceptaron que únicamente se ha investigado uno de los varios crímenes presuntamente cometidos en el centro, cerrado en 2015.

Sin restitución ni rehabilitación para las víctimas, organizaciones de la sociedad civil pidieron a la CIDH su intervención para pronunciarse sobre el caso y dictar las medidas de reparación integral.

La audiencia inicial del caso 14.736-37, como se identificó al acontecido en Casa Esperanza, formó parte del 187 periodo de sesiones de la CIDH y además de los consejeros del organismo interamericano estuvieron las organizaciones Disability Rights International (DRI) y el O´Neill Institute for National and Global Health Law de la Universidad de Georgetown, ambos como representantes de las víctimas.

De lado del Estado mexicano participaron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF también de la Ciudad de México.

A continuación ofrecemos un repaso de los puntos más importantes de la audiencia, celebrada el pasado 14 de julio y que puede ser consultada en el video que se grabó. 

Así fue la audiencia

Margarette May Macaulay, presidenta de la CIDH, moderó la sesión que inició con la presentación de Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, como la perita de la audiencia.

Ante las preguntas de Priscila Rodríguez de DRI, Gamio insistió en que la institucionalización de las personas con discapacidad es una forma de discriminación y que no hay argumentos válidos para justificar esa medida.

«Además de que el Comité ha probado que actualmente en esos centros de internamiento hay severas violaciones de derechos humanos y prácticas que pueden considerarse tortura», aseveró Gamio.

Después, el Estado mexicano cuestionó a la especialista sobre si la desinstitucionalización debe realizarse bajo el principio de progresividad y con atención a las características de cada Estado.

“Toda la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad tiene un enfoque de progresividad, el único problema es que hace 15 años que entró en vigor la convención y el comité se dio cuenta de que no se estaban siguiendo los procesos de desinstitucionalización a pesar de tanto tiempo de implementada la convención”, respondió Gamio.

La especialista, en función de perito para la audiencia, dijo que es necesario que se exploren otras alternativas como la estancia con familias sustitutas o cualquiera otra que no implique la permanencia de las personas con discapacidad en centros en los que no pueden ejercer sus derechos.

Luego, tras la pregunta de la comisionada Julissa Mantilla sobre si hay la obligación estatal de desinstitucionalizar a las pcd, Gamio recordó que aquellos Estados que ratificaron la convención -entre ellos México- deben cumplir con las medidas para eliminar los centros que segregan a quienes viven con una discapacidad.

Eric Rosenthal, fundador y director ejecutivo de DRI, habló en nombre de las personas peticionarias del caso.

“Escuché del director cómo esterilizaban a las mujeres porque no podían evitar que fueran abusadas sexualmente en el centro. Atestigüé las ataduras, las jaulas, las deshumanizantes condiciones”, inició el activista.

Por los abusos sufridos en Casa Esperanza, dijo, los peticionarios demandan reparación, compensación y completa integración en la sociedad, pues, recordó, los sobrevivientes fueron puestos de nueva cuenta en custodia de otros centros.

“Esta gente permanece segregada de la sociedad. Ellos deben renunciar a su libertad, deben renunciar a sus elecciones, a su derecho a estar en familia, a ser parte de la sociedad, a tener una vida plena con base en su discapacidad”, continuó Rosenthal.

El defensor dijo que en una visita hecha recientemente a Ciudad de México descubrió otra institución en la que 95 niñas, niños y adultos con discapacidad viven encerrados, en condiciones insalubres, sin hacer nada más que tener la vista perdida.

Rosenthal criticó que, contrario a la eliminación de las instituciones, el Estado mexicano está construyendo nuevos centros para segregar a las pcd de la sociedad.

“Así que si los siguen mandando a las instituciones limpias o por casualidad a las horrendas, la segregación continúa”, afirmó. 

“No puedo tener hijos, casa hogar me quitó ese privilegio”

Luz María Piña es una de las sobrevivientes de Casa Esperanza, una parte de su testimonio grabado en video fue presentada en la audiencia.

De acuerdo con la mujer, los abusos sexuales fueron continuos en los 14 años que pasó en el centro.

 “… mientras él estaba tocando a una, estaba besando a otra y mientras él estaba besando y tocando a otra, estaba penetrando a una. Eso ocurría cada semana, cada semana, cada semana y así se iba hasta pasar meses, años”, dijo Luz María en el video, grabado unos días antes de la audiencia.

En 2008 fue esterilizada sin su consentimiento.

“No puedo tener hijos, casa hogar (Casa Esperanza) me quitó ese privilegio en el 2008 exactamente. Casa hogar dijo era un proceso para que yo estuviera mejor de mi orina y que no tuviera una infección más severa, cuando escuché a uno de los doctores que ya estaba todo realizado para no tener bebés fue cuando realmente me enteré que había sido una operación para no tener hijos”, relató.

En los años que estuvo encerrada, dijo que vio algunas muertes, como la de Carolina, que murió amarrada.

“Carolina, tenía 21 años, estaba amarrada, la amarraron porque estaba inquieta”, contó.

La primera vez que recibió una visita, aseguró, fue cuando la Comisión de Derechos Humanos y DRI acudieron al centro.

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Siete grupos de violaciones a Derechos Humanos

Silvia Serrano Guzmán, representante de los peticionarios, dijo que la solicitud para declarar la responsabilidad del Estado se compone de siete grupos de violaciones a derechos humanos:

1. Internación sin consentimiento informado.

El Estado decidió el ingreso a Casa Esperanza de al menos 27 de las víctimas mediante convenios con DIFs estatales, sin que haya ningún documento que indique que las pcd prestaron su consentimiento para la internación.

2. Esterilización y anticoncepción no consentidas.

El Estado tenía pleno conocimiento de esta política y además participaba activamente de ella al autorizar e incluso realizar las intervenciones.

3. Abusos físicos, uso de sujeciones y encierros.

Diariamente las víctimas sufrían varios tipos de violencia y amenazas para no denunciar.

4. Violencia sexual, trabajo forzado, servidumbre, esclavitud y trata de personas.

Tratos que, de acuerdo con los peticionarios, deben ser calificados como tortura por la severidad, el carácter deliberado y la aquiescencia estatal.

5. Falta de atención en salud física y mental adecuada y la falta de educación.

La atención médica de las víctimas estaba a cargo de Horacio Calvillo López, quien ordenaba las sujeciones físicas y químicas.

6. Muertes bajo custodia de Casa Esperanza.

Al menos cuatro víctimas murieron durante su estancia en el centro o inmediatamente después de su traslado a otra institución.

7. Impunidad en la que están los hechos.

El Estado inició seis investigaciones y a más de siete años, sólo un caso ha sido judicializado y cuenta con sentencia.

“Todas estas violaciones son atribuibles al Estado mexicano por violación al deber de respeto, garantía y de adoptar disposiciones de derecho interno por cuatro razones: primero, varias violaciones fueron cometidas directamente por agentes del Estado como la institucionalización y la autorización de esterilizaciones; segundo, Casa Esperanza recibía fondos del Estado y ejercía atribuciones públicas por delegación estatal; tercero, el Estado faltó a los deberes de regulación, supervisión y fiscalización y cuarto, el Estado fue tolerante y adyacente”, acusó Serrano.

Leyes en México, antiguas y nuevas, sin cumplimiento

La delegación mexicana, en voz de Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Incapacidad de la Ciudad de México, dijo que el país ha avanzado en la creación de leyes y políticas públicas encaminadas a que las pcd tengan una vida independiente.

Reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a la Ley General de Salud, así como la constitucionalidad de la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad permanente fueron mencionadas por López.

Silvia Serrano criticó que la respuesta se haya ceñido a “generalidades” de un marco jurídico que no estaba vigente cuando sucedieron los abusos en Casa Esperanza.

“Lamentamos que la presentación del Estado se haya limitado a generalidades sobre el marco jurídico y el diseño institucional, muchas de las cuales ni siquiera estaban vigentes al momento del caso y eso nos permite afirmar que el Estado ni en su escrito, su único escrito que ha presentado en muchos años de trámite, ni en esta audiencia ha efectuado una controversia sobre los hechos del caso, lo que permite que la Comisión aplique el artículo 38 del reglamento y presuma la veracidad de todos los hechos que hemos alegado”, lanzó la defensora.

Mientras que Josué Granados Núñez, jefe de la Unidad de Cuidados Alternativos para personas con discapacidad, accesibilidad y movilidad del sistema DIF-CDMX, dijo que la institución ha creado nuevos modelos residenciales como los departamentos de vida independiente que permiten la integración a la comunidad, un esquema que ha beneficiado a una de las víctimas de Casa Esperanza.

Serrano, de parte de los peticionarios, dijo que el Estado no había presentado pruebas de que esta persona viviera, en efecto, en una situación de libertad.

En tanto que Carlos Alfredo Frausto Martínez, director de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la CDMX, dijo que la única sentencia dictada ha sido contra el director de Casa Esperanza por el delito de abuso sexual.

Posteriormente reconoció que no hay una sola carpeta de investigación por las esterilizaciones forzadas que se realizaron en el centro.

Priscila Rodríguez, de DRI, dijo que la persona que vive en ese departamento lo hizo tras vivir violencia sexual en el centro al que fue trasladada después de Casa Esperanza.

“En esa otra institución ella volvió a sufrir violencia sexual y es entonces que el Estado la mueve a un departamento en un programa que se dice comunitario, pero continúa funcionando como una institución. Ella no es libre para salir y entrar conforme a su propia voluntad y su día sigue siendo regimentado y regulado por personas externas a su persona. No hay servicios comunitarios”, acusó.

La comisionada Roberta Clarke preguntó cuáles eran los mecanismos de vigilancia implementados por el Estado para las instituciones de internamiento para pcd.

Granados Chávez dijo que los convenios de colaboración establecen supervisiones anuales a través de comités específicos que identifican irregularidades, ejecutan acciones administrativas y dan vista a las autoridades ministeriales en caso de requerirse, aunque no explicó porqué ninguna de estas revisiones culminó en el cese de abusos en Casa Esperanza.

Sobre las medidas de reparación, Silvia Serrano pidió que se recomendaran todos los componentes de la reparación integral, incluida la restitución en materia de libertad y del derecho a vivir, así como la evaluación de que las esterilizaciones sean reversibles si es el deseo de las víctimas.

También se refirió a la necesidad de recomendar medidas de indemnización, de satisfacción, de reconocimiento de responsabilidad, disculpas públicas y que se aceleren las investigaciones.

Un Estado omiso

Carlos Bernal, comisionado y relator sobre los derechos de las personas con discapacidad, cuestionó la actuación de México ante el caso.

“¿Cómo es que el Estado motu proprio no se ha preocupado por reparar de forma inmediata a las víctimas (…) es decir, dónde está la voluntad del Estado para cumplir con los derechos humanos mediante una política inmediata de reparación de las víctimas de Casa Esperanza?

“¿Cómo es posible que no exista una política que impida que estas atrocidades hoy, mañana, la próxima semana, etcétera, siga pasando?, esta audiencia será un testimonio de que hoy por lo menos el Estado de México (país) es consciente de que esto está pasando”, manifestó.

Para responder a una pregunta de Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto del Sistema de Peticiones y Casos, Priscila Rodríguez detalló que los convenios firmados para el ingreso de una veintena de víctimas no eran válidos, pues la detención requería de un procedimiento judicial previo; además de que habían expirado para cuando DRI visitó la institución.

“… es una situación que exhibe negligencia y completa falta de monitoreo. Encontramos que cuatro de las detenidas en Casa Esperanza no tenían ni siquiera acta de nacimiento”, continuó la defensora.

Antes de terminar la audiencia, la embajadora Luz Elena Baños ofreció la posibilidad de establecer una mesa de diálogo para “buscar cauces de actuación conjunta”, lo que fue rechazado por los peticionarios.

La presidenta de la CIDH manifestó su preocupación por la falta de especificidad del Estado para responder sobre cómo monitorea a estas instituciones para pcd, por lo que pidió que se incluyera la información en las observaciones a presentarse en un periodo máximo de 30 días.

¿Qué sigue ahora?

El sistema interamericano de Derechos Humanos contempla que la CIDH pueda emitir recomendaciones a los Estados parte en casos de violaciones graves.

Luego de la primera audiencia correrán los 30 días para el avance del caso y las etapas posteriores, que culminarán cuando la comisión emita un estudio de fondo en donde evalúe si existieron violaciones de derechos humanos y, en su caso, emita las recomendaciones correspondientes.

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