Por Redacción Yo También
A pesar de que organizaciones solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que pidiera la invalidez de las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, el organismo autónomo se pronunció a favor de las modificaciones, al considerar que van en contra de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en los espacios de reclusión e internamiento de personas con discapacidades psicosociales.
En días pasados, las organizaciones Ocupa, Fundación Reintegra, Reinserta a un Mexicano, Derechos sin barreras y Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, pidieron a la CNDH su intervención para que solicitara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar las reformas.
“… consideramos que la ruta propuesta para eliminar el modelo psiquiátrico asilar contenida en dicha reforma va en contra de la progresividad en el derecho a la salud, representa una sobre carga (sic) en las tareas de cuidados de las familias, particularmente de las mujeres y, sobre todo, porque no otorga salida a las personas inimputables que acabarán en la cárcel”, se lee en el comunicado difundido por las organizaciones a través de Twitter.
Días después, la CNDH dijo en un posicionamiento que, desde su óptica, el camino emprendido en México es el correcto.
“… las reformas propuestas a la Ley General de Salud están formuladas bajo una perspectiva de progresividad en el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Iniciar el camino hacia la desinstitucionalización, significa abrir los espacios de atención de la salud mental al escrutinio público y, con ello, reducir el riesgo de que se presenten eventos de tortura o malos tratos hacia las personas con discapacidad intelectual y psicosocial”, apuntó la CNDH en el pronunciamiento.
La CNDH dijo que en el modelo actual se observa un entorno en el que se producen “violaciones de los derechos humanos” y reglamentación que permite que los profesionales de la salud implementen “tratamientos e internamientos forzosos (que) legitiman ese poder y su uso indebido. Este uso indebido de las asimetrías de poder impera, en parte, porque con frecuencia las disposiciones jurídicas obligan a los profesionales y al Estado a adoptar medidas coercitivas”.
En la nueva reforma, continúa la CNDH, hay cambios para un paradigma respetuoso de los derechos humanos.
“Se identifican en la reforma cambios sustantivos: desde abandonar conceptos excluyentes y que negaban a las personas con discapacidad psicosocial el derecho a decidir, hasta la proyección de un sistema comunitario de atención, con el cual se involucra en la atención de la salud no sólo a las familias y al Estado, si no a la comunidad”, indica el organismo.
Además, de acuerdo con la CNDH, el modelo, que busca que la atención en salud mental se dé en hospitales e instalaciones de salud en general, pondrá límite al internamiento forzado y se dará autonomía a las personas para que decidan qué tratamiento es el adecuado para ellas.
La Comisión aseguró que estará atenta a la implementación de las reformas para que se cumpla con su objetivo.
“La CNDH estará atenta para que se generen las estrategias para que la implementación de la reforma se dé en condiciones de igualdad y bajo la observación permanente de distintos actores sociales, que pongan en el centro en todo momento la protección y garantía de los derechos humanos de las personas, sobre todo de aquellos sectores en desventaja social”, cierra el comunicado.
