“Se excluye y violenta a quienes no se ajustan a ciertos parámetros sociales”

Por Redacción / Yo También

Un contexto social marcado por la violencia, el aumento en la tasa de suicidios —de 4.3 a 5.2 por cada 100 mil habitantes entre 2010 y 2017—, la prevalencia de la depresión y las violaciones a los derechos humanos, llevó a la organización Documenta a revisar y sistematizar la información del tema de atención a la salud mental en México.

Los resultados de la investigación, dados a conocer este lunes en “¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud en México”, un documento de 124 páginas, muestran la preocupación de Documenta por la situación actual y la ausencia de leyes, políticas públicas, programas y servicios encaminados a garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque de derechos.

El estudio, que puedes consultar aquí, coincide con la polémica que vive México tras la intención de autoridades y legisladores de aprobar una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental en la que no se han escuchado a pacientes y usuarios de los servicios de atención en ese ramo ni tampoco a activistas ni organizaciones civiles relacionadas con el tema. De hecho, la fallida realización de un Parlamento Abierto en el que muchas voces no fueron atendidas, llevó a la realización este lunes de un foro bajo la convocatoria de la diputada Martha Tagle y Yo También.

La investigación de Documenta no solo revisa de forma crítica los servicios de atención a la salud mental en México, su marco normativo y organización, el presupuesto destinado, así como las prácticas en torno a la prestación de estos servicios, sino que va más allá e incluye el impacto provocado por la pandemia del COVID-19 y el efecto que tendrá en la salud mental de la población en los años venideros.

“La salud mental en este país ha sido un tema invisibilizado en la agenda pública y relegado al ámbito médico especializado bajo una visión limitada que la concibe como la presencia de un conjunto de síntomas que deben ser controlados a partir de un abordaje farmacológico y, en algunas ocasiones, de herramientas psicoterapéuticas”, dice el estudio.

Y es al mantenerla bajo esos criterios, se perpetúa el enfoque clínico y deja fuera los compromisos alcanzados por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, independientemente de que al parecer se olvida que en determinado momento de su vida cualquier persona es susceptible de convertirse en usuaria de esos servicios.

“Es precisamente la escasa visibilidad y atención que ha recibido el sistema de salud mental lo que explica, al menos en parte, la falta de información, transparencia y rendición de cuentas que enfrentamos al hacer esta investigación”, considera Documenta, quien invita a promover una reflexión profunda y un debate propositivo sobre la transición urgente y necesaria que deben atravesar las políticas, los programas y los servicios de atención para asegurar el más alto nivel de salud posible y el respeto de los derechos humanos.

¿Qué propone Documenta?

En el estudio se recomienda sacar a la salud mental del espacio restringido del hospital psiquiátrico para convertirla en un asunto comunitario. Desde la fundación en 1910 del primer hospital psiquiátrico en el México independiente hasta la fecha, la respuesta institucional frente a los problemas de salud mental ha tenido como eje de atención el hospital monovalente, y como estrategia la institucionalización y la segregación.

Sin embargo, diversos países han mostrado que es posible transitar por profundas reformas en salud mental que pasan por reconocer el fracaso del modelo centrado en la atención psiquiátrica hospitalaria. No obstante, en México permanecemos anclados al pasado con un marco normativo que limita el ejercicio de los derechos de las personas usuarias y con políticas públicas que destinan más del 80% del gasto en salud mental a los hospitales psiquiátricos de alta especialidad.

“México es hoy en día un país en donde se justifican y quedan impunes violaciones de toda índole en los servicios de atención a la salud mental «por razón necesaria» (PRN)”, asegura Documenta. “Al revisar informes sobre violaciones a los derechos humanos nos llamó la atención que el personal de algunos centros de atención de salud mental utiliza la anotación PRN cuando se aplican medidas coercitivas como el aislamiento o las sujeciones mecánicas y farmacológicas. Incluso, una de las notas médicas y de enfermería señalaba que frente a la negativa de una persona de ingerir alimentos se le aplicaba «por razón necesaria» una sujeción mecánica”.

Frente a esta práctica, dice, la pregunta que surge es ¿qué razón puede justificar el producir mayor sufrimiento a una persona que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y que justamente busca apoyo para superarla? 

El estudio fue dividido en capítulos como La salud mental como derecho humano; la atención a la salud mental en México; las violaciones a los derechos humanos en contextos de atención a la salud mental, que abordan situaciones como la violencia sexual, los golpes, humillaciones y maltratos, y la terapia electroconvulsiva y castración química, entre otras prácticas mal asociadas a los «tratamientos». 

Además, hay un par de capítulos que abordan la institucionalización ante la falta de apoyos para vivir en comunidad, y los mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos en las instituciones de salud mental.

“Bajo el paradigma de la «razón» y «lo razonable» se ha excluido y violentado a quienes parecen no ajustarse a los parámetros de una sociedad que históricamente ha fallado en reconocer la diversidad humana”, dice Documenta. “Justificar el uso de la fuerza y la coerción invocando la razón evidencia que el sistema de salud no comprende que «no puede haber buena salud mental sin derechos humanos»”.

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