El viernes pasado 20 personas con discapacidad fueron parlamentarios y presentaron iniciativas en el Senado; fueron escuchadas y algunas de sus propuestas se presentarán como iniciativas de ley. ¿Qué pasará con las que no pueden presentarse en el Senado? Tres legisladores nos cuentan la ruta a seguir.
Por Katia D’Artigues
El viernes pasado, 3 de diciembre, en el Senado de la República, se llevó a cabo el Primer Parlamento de Personas con Discapacidad convocado por esa cámara. Veinte personas con discapacidad presentaron igual número de propuestas sobre cinco ejes temáticos: seguridad y movilidad vial, accesibilidad, capacidad jurídica, educación, inclusión laboral y derechos civiles y políticos.
Itzel Ramírez hizo una crónica del día, la puedes leer aquí. Es el primer ejercicio -si bien hubo otros antes- donde en el salón de sesiones, las personas con discapacidad actuaron como legisladores y en tribuna presentaron sus iniciativas. Un grupo plural de senadores y senadoras estuvieron como escuchas de las propuestas de las mismas personas y se comprometieron a presentar como suyas las iniciativas que están en el ámbito del Senado.
Y ahora, ¿qué sigue con las propuestas presentadas?
Para ello hablé con algunos de los senadores ahí presentes: Germán Martínez, del recién creado “Grupo Plural”; Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano; Claudia Anaya, del PRI.
La muy buena: un consenso sobre capacidad jurídica
Ernesto Rosas Barrientos, abogado y una persona ciega, presentó una iniciativa para de una vez hacer realidad que la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad se respete. Es una petición reiterada y por la que se ha luchado desde la firma de la Convención y su ratificación, cuando originalmente se firmó con una reserva al respecto del Artículo 12 que habla del tema (llamada “declaración interpretativa”) que luego se retiró.
Ya van varios países de la región que han legislado al respecto hacia un modelo de toma de decisiones con apoyos, sabiendo que hay personas con discapacidad que claro que necesitarán de ajustes razonables y apoyos para tomar decisiones sobre sus vidas y que estos deben ser personalizados, hechos a la medida de cada persona, lo cual es un reto no sólo legislativo, sino para operar en juzgados de lo familiar.
Pero la gran noticia es que la senadora del partido Encuentro Social, Marcela Mora Arellano, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, tras escuchar la ponencia de Rosas se comprometió a trabajar con la sociedad civil para cambiar el modelo:
“Lo que hoy ponen en la mesa los parlamentarios es la necesidad de que el Legislativo revise el concepto de ‘capacidad jurídica’. Lo que han pedido los participantes en la mesa temática es que tengamos en cuenta los legisladores las numerosas implicaciones indignantes que esta figura tiene para su vida presente y futura.
Corresponde entonces valorar juntos cómo trabajamos para que sí pase. Cómo nos ponemos del lado de quien carga el estigma para liberarle de esa losa.
Este trabajo apenas comienza. Les invito a todas y todos ustedes, a los participantes en las mesas temáticas previas, a no renunciar a este ejercer su derecho a organizarse, a interpelar a los poderes públicos, a hacer exigibles sus derechos. Para mí y para las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, siempre será un honor escucharles y acompañarles”.
Puedes leer su posicionamiento completo aquí
Al respecto Germán Martínez dice que con esto quedó claro que debe eliminarse el juicio de interdicción e ir hacia un sistema de apoyos individualmente considerados y no generalizados y que es importante que haya quedado en la declaratoria.
Otra iniciativa que sí puede tener viabilidad es que un porcentaje de la nómina gubernamental, como una acción afirmativa, sean dedicadas a personas con discapacidad, asegura Claudia Anaya. “Esa incluso ya está presentada en diputados”.
“Claro, falta que se destinen recursos. No sé si te fijaste hace unos días. Votamos una ley importante del derecho a un intérprete en Lengua de Señas Mexicana en educación y Salud. Pero al final, de golazo, los de Hacienda y Morena metieron un transitorio diciendo que no se daría presupuesto. Hay muchas cosas que no suceden porque no se está dispuesto a invertir; no se dan recursos para una correcta implementación”. La nota al respecto de esa ley está aquí.
Un paso importante: la sensibilización
Martínez también destacó como positivo el evento en sí. “Es un signo que visibiliza y sensibiliza sobre las personas con discapacidad por primera vez. Aunque el número de senadores que estaban al principio no fue el mismo que estábamos al final.
“Me queda claro que todas las leyes deben tratarse con una perspectiva integral para las personas con discapacidad en todas las leyes: todas deben tener perspectiva de inclusión”, comentó Martínez.
Claudia Anaya, senadora por Zacatecas del PRI, quien además vive con una discapacidad, destacó que el ejercicio fue muy interesante. Había más de 100 propuestas y uno de los retos para la organización fue la pandemia y el propio salón de sesiones que no es particularmente accesible por tener muchas escaleras. “Y si tiembla, ¿cómo los sacamos? No es lo mismo tener 1 o 2 que 50 ahí metidos. Procuramos que estuvieran representadas todas las discapacidades, sabíamos que casi todos llevarían asistentes, así que estábamos como 60”.
En el mismo sentido habló Patricia Mercado, quien estuvo todo el tiempo escuchando las propuestas y prepara por estos días una iniciativa de una Ley General de Movilidad.
Ahora, ¿cuáles son realizables por el Senado? ¿Qué harán con las demás?
El Senado hace leyes para todo el país y hubo algunas iniciativas que más bien tendrían que implementarse a nivel local, estatal. O bien que, como dice Claudia Anaya, ya son leyes y deberían ser derechos garantizados… que no se cumplen.
“Yo estaba en la mesa de Salud”, cuenta Anaya. “Escuché más vivencias personales. Por ejemplo, me decían que querían que los medicamentos fueran gratuitos para las personas con discapacidad. Bueno, supuestamente eso ya lo hace el INSABI. Creo que era más una crítica a la falta de implementación de lo que ya existe y las dificultades que tienen de acceso al derecho”.
No todo lo que presentaron los parlamentarios con discapacidad fueron realmente iniciativas viables de presentarse en el Senado. Tienen que ver con reglamentos, normas o facultades de municipios o estados, precisa Anaya. Entonces, ¿qué hacer?
“Hay que ver cómo implementar lo de los cambiadores universales (una iniciativa de un joven con parálisis cerebral llamado Carlos Daniel Robles Haro) . Las llamadas accesibles al 911 (para personas sordas, propuesta de Erik Arellano), los cubrebocas incluyentes del ITESO”, dice Germán Martínez.
“Yo lo que le propuse a los compañeros senadores y senadoras es que lo que se pueda las presentemos en colectivo y las que no se puedan, las mandemos como puntos de acuerdo a donde corresponden: a a congresos locales, estatales, ayuntamientos para que ellos lo hagan”, dice Claudia Anaya.
