Un espaldarazo a la comunidad sorda… pero sin dinero para operarlo

Por Katia D’Artigues 

Tras casi cuatro años de espera, este jueves al fin se votó en el pleno del Senado una iniciativa presentada en 2017 (en la 63 Legislatura) que busca mejorar las condiciones de la comunidad sorda en el país con respecto a su derecho a elegir la comunicación que mejor les convenga. Además suma a las autoridades como la secretaría de Salud y la de Educación a que desarrollen modelos para que haya personal capacitado en Lengua de Señas Mexicanas para atenderlos.

La reforma votada por unanimidad -en lo general- a la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad, fue presentada por las entonces senadoras Yolanda de la Torre Valdez (quien ahora es diputada), Hilda Esthela Flores Escalera y Cristina Díaz Salazar del PRI. 

Ahora pasará a la Cámara de Diputados para su discusión y votación. El dictamen lo puedes leer aquí. 

¿Por qué es importante esta reforma?

La iniciativa es un reconocimiento a la cultura y a las necesidades de la comunidad sorda mexicana, tanto como grupo como en la Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Según datos del Censo 2020 del Inegi, al menos 5 millones 104 mil 664 mexicanos y mexicanas reportaron tener retos para escuchar, lo que representa el 24.4% de los 20 millones que afirmaron tener alguna limitación para la vida cotidiana.

No todos se identifican como sordos, pero da una idea del peso de esta discapacidad en nuestro país. 

¿En qué consiste este dictamen? 

  1. Hace un reconocimiento de cuál es la “comunidad sorda” versus al concepto anterior de “comunidad de sordos”. Esta semántica deja claro que tienen una identidad y cultura propias y los reconoce como una “minoría lingüística” y que tienen una Lengua de Señas Mexicana (LSM), aunque también forman parte de ella otros grupos que pueden no usarla o incluir otras expresiones orales o verbales.
  2. Reconoce a la LSM como “parte del patrimonio lingüístico” de la comunidad. Incluso dice que “es tan compleja en gramática y vocabulario como cualquier otra lengua oral”, “la LSM tiene el mismo carácter oficial y legal que el español y las lenguas indígenas”. 
  3. Promoverá que la Secretaría de Salud promoverá que haya personal médico capacitado en LSM. 
  4. Promoverá también que la SEP desarrolle un modelo de educación bilingüe entre LSM y español o las lenguas indígenas, favoreciendo a la LSM como lengua materna para la comunidad sorda, una petición reiterada desde hace décadas. También buscará impulsar toda forma de comunicación escrita. 
  5. Da libertad de comunicación. En su artículo 14 indica que toda la comunidad de personas con discapacidad “tiene el derecho de elegir la forma de comunicación y lengua que mejor convenga a sus intereses y que todas las autoridades tienen la responsabilidad de proteger, promover, respetar y garantizar este derecho”. 
  6. Acceso a la justicia: en su artículo 29 establece la obligación de que las instituciones de administración e impartición de justicia deben contar con el apoyo de intérpretes certificados en LSM. 

Pero quieren hacerlo sin dinero… ni hoy ni mañana

Todo suena muy bien, pero la iniciativa tiene en detalle raro su Artículo Transitorio Tercero -los transitorios son artículos al final de las leyes que equivalen a las ‘las letras chiquitas’ de los contratos). Lo detectó la senadora Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano), en una reserva que presentó que, sin embargo, no pasó. 

Según este artículo transitorio, “las erogaciones que se generan con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo al presupuesto aprobado para los ejecutores de gasto que correspondan, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos, para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes”. 

Es decir, en lenguaje llano: no habrá más dinero para lograr lo propuesto. 

Ni en este presupuesto (ejercicio fiscal) ni en los que siguen. 

Al final de la reforma colocaron un ‘asterisco’ que niega la aplicación a futuro de la propia reforma.

Mercado propuso cambiar la redacción con este fraseo: “no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos en el presente ejercicio fiscal”. Y ya. En este. Ya veremos después. 

Pero los senadores no lo aprobaron. En la Cámara de Diputados podrían cambiar este sinsentido. 

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