Se avanza en amparos para vacunar a personas con discapacidad y mucho más

Por Katia D’Artigues 

Más de 50 personas, de diferentes edades, todos con discapacidad ya tienen amparos en su bolsa para que les sea aplicada la vacuna contra la COVID-19 desde hace ya más de tres o cuatro semanas. Aunque diversos jueces de la Ciudad de México concedieron el amparo -o en lenguaje jurídico “la suspensión de plano”- las autoridades de la secretaría de Salud no han cumplido la orden. E incluso ya presentaron una queja por el incumplimiento.

Hablo vía zoom con Yasmín Rosales Muñoz, una de las 32 asesoras jurídicas especializadas en discapacidad que desde 2019 tiene el Instituto Federal de la Defensoría Pública. En este tiempo en el que se ha dedicado a defender, de manera gratuita solo casos de personas con discapacidad, la abogada ya suma más de 300 casos de todo tipo. 

Pero lo interesante, me cuenta, es que no sólo están pidiendo que se aplique la vacuna -a partir de que, de manera forma en el Plan Nacional de Vacunación desde el 11 de mayo se publicó que todas las personas con discapacidad, sin distinción de edad, mayores de 18 años se vacunarían- sino que también están pidiendo muchas otras cosas adicionales. 

Un amparo que pide mucho más que sólo vacunación

“Nuestro amparo no termina ahí. Es un proyecto grande”, precisa Rosales Muñoz. 

“No nada más estamos pidiendo la vacunación. Es la vacunación en conjunto de la persona con discapacidad y el cuidador primario, el derecho a la información de las personas con discapacidad porque consideramos que no existen los ajustes razonables de procedimiento para que se brinde la accesibilidad de manera adecuada.

“También la creación de un protocolo que involucre antes, durante y después de la vacunación y en los formatos que se requieran. Advierto que no existe en México un protocolo real de atención a personas con discapacidad por parte de ningún hospital o autoridad sanitaria. 

“Otra petición es la capacitación y sensibilización de las personas que se encarguen de aplicar las vacunas a personas con discapacidad. No hay ni en hospitales de prestigio internacional, lo puedo decir, me consta. Tengo un amparo vigente solicitándolo en un gran hospital de la secretaría de la Defensa. 

“Entendamos que el proceso de vacunación no termina este año, sino que será regular, formará parte de nuestra cotidianidad. Lo que pedimos es que las personas con discapacidad y sus cuidadores primarios se les considere como prioritarios después de los de 60 años y más (…) Dejarlos en el grupo 4 implica desconocer circunstancias de vulnerabilidad de la salud como en el caso de las personas con síndrome de Down”, dice Rosales Muñoz.  

Se forma un grupo entre 15 y 18 años 

Aunque ya tienen un fallo a favor en tres grupos de personas amparadas, preparan otro. el cuarto incluye un grupo amplio de personas entre 15 y 18 años y se está estudiando aún otro grupo. 

Es preciso recordar que, en México, desde junio, la Cofepris ya autorizó el uso de emergencia para personas mayores de 12 años de la vacuna Pfizer, sin embargo, esta no se ha aplicado. El programa de vacunación sólo contempla a mayores de 18 años, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana pareció, contrario a lo dicho en otras semanas, estar dispuesto a contemplar la vacunación a menores de edad “con problemas de salud” si así lo recomiendan los organismos internacionales. 

Acompañamiento y hasta ‘activismo judicial’

Rosales Muñoz habla apasionadamente de su trabajo desde que se especializó en discapacidad: de la manera en que trabaja de manera conjunta con la sociedad civil organizada. “La Defensoría (en la que ha trabajado desde hace 15 años) jamás ha dicho es ‘que se me ocurre’. Es un trabajo con quienes conocen cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad con quienes trabajamos de la mano; nos queda claro el ‘Nada de nosotros sin nosotros’ (el lema de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad). 

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y con estudios en Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México incluso considera su trabajo como parte de un “activismo judicial” para visibilizar y hacer que avance la agenda de los derechos de las personas con discapacidad y se quiten barreras sociales.

“El activismo judicial es trascendental, también a fuerza de sentencias cambian criterios de ver a las personas con discapacidad y sus acompañantes. No sólo somos sus abogados, sino sus acompañantes jurídicos”.

Yasmín Rosales Muñoz

“Algo que nos debe quedar claro es que faltan manos y sobran metas que cumplir. Se ha desnudado que la discapacidad nunca ha estado en la mira de ninguna autoridad, lo que se ha logrado es gracias a las familias, a los colectivos, a las asociaciones. Ahora que nos estamos uniendo con la parte jurídica podemos aportar mucho”.

“Es pelear contra molinos de viento, pero hemos creado una identidad de representación de personas con discapacidad en todos los juzgados. Hemos metido la Convención a fuerza de escritos; hemos sensibilizado y hecho conscientes a los y las juzgadoras sobre temas como ajustes razonables y de procedimientos”.

Y cabe mencionar que durante la pandemia todo se ha hecho a distancia, aprovechando la e justicia también para que las personas con discapacidad no tengan que salir a la calle y también arriesgar su salud.

Otros casos

De los cerca de 300 casos que ha llevado Rosales Muñoz en estos años destacan otros importantes. Como muchas quejas contra la secretaría de Bienestar que repartió tarjetas para la entrega de las famosas pensiones para el Bienestar inactivas a personas con discapacidad que no podían activarlas. Lograron que la secretaría se movilizara, acompañaran a las pcd a activar sus tarjetas para recibir un recurso económico que estaba ahí, pero no podían sacar. “Hasta ahora llevamos resuelto como el 80% de los casos y vamos por el 100%”, dice la abogada.

También ha llevado casos ante la secretaría de la Defensa Nacional en el caso de militares a los que les han negado sus pensiones argumentado que no adquirieron su discapacidad cuando estaban en activo y que documentamos en este reportaje de Yo También, fruto de nuestro primer premio de periodismo sobre discapacidad: Camuflaje a los derechos humanos: creció 115% la baja de militares con discapacidad y les niegan sus pensiones.

Ha tenido casos exitosos en materia de educación inclusiva. Se sigue trabajando para lograr que todas las personas con discapacidad se les reconozca el derecho a tener capacidad jurídica y que la figura de de la “interdicción” deje de existir. Han logrado que se cubran medicamentos de cientos de miles de pesos de manera inmediata; que se reconozca el implante coclear como un derecho. 

“Es un proyecto que nos hemos echado no al hombro sino al corazón”, dice Rosales Muñoz.

“Yo me he ido deconstruyendo de manera importante. Se cayó la venda del privilegio. 

“Quiero agradecer a las personas con discapacidad por enseñarme, por hacerme aprender, ver una vida mejor, por entender todos los errores que hemos hecho en el pasado. No están solos; nunca más solos y solas. La institución y yo creemos muchísimo en el proyecto y que en conjunto vamos a comenzar a cambiar las cosas, a visibilizarnos; (un mundo) donde el acceso universal sea una realidad y no un mito”.