Por Itzel Ramírez
El gobierno federal entró en una nueva polémica en materia de salud, ahora por las declaraciones del secretario de Salud del gobierno federal, Jorge Alcocer Varela, quien el pasado 24 de mayo dijo que las personas con alteraciones de salud mental requerían “una atención integral desde la familia”.
La declaración, hecha en la conferencia que ofrece diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio en el contexto del aviso de la desaparición de los hospitales psiquiátricos en México.
Lo dicho por Alcocer ha sido criticado y cuestionado en diversos espacios por lo que pareciera una actitud de desdén hacia la salud mental y la atención que requiere.
Víctor Lizama Sierra, activista por los derechos de las personas con discapacidad e integrante de Documenta AC, consideró que el episodio quita relevancia a un tema tan urgente como la atención de la salud mental.
“Yo diría para empezar que las declaraciones del secretario no son del todo afortunadas. Cuando el secretario menciona de una manera ligera que la atención la deben brindar las familias, deja de lado que esto es más complejo, que se trata de que los servicios de salud mental se brinden desde la comunidad, que ya no consideremos que las instituciones psiquiátricas, que el encierro, que el simple control farmacológico va a atender estas determinantes sociales que están afectando la salud mental”,
aseguró Lizama, también integrante de la agrupación SinColectivo, experta en el tema.
Argentina, un ejemplo de lo que puede ocurrir
Lo que ahora ocurre en México es un camino que Argentina empezó a recorrer desde 2010. El 2 de diciembre de ese año se promulgó en ese país la Ley Nacional de Salud Mental que obligaba a cerrar todas las instituciones psiquiátricas en un plazo de diez años. El cometido no se logró y en 2021 permanecían abiertos 162 centros de ese tipo, coloquialmente conocidos como “manicomios”, y al menos 12 mil 35 personas permanecían internadas, según cifras oficiales.
Al anunciar esa medida, las autoridades argentinas dijeron que los centros neuropsiquiátricos serían sustituidos por dispositivos de salud comunitarios y que el gasto en salud mental aumentaría el 10 por ciento de todo lo presupuestado en salud, en una intención que rompía la lógica tradicional al llevar la atención de las y los pacientes a las consultas ambulatorias y las casas de convivencia.
Sin embargo, nada de ello ocurrió y una década después Argentina no presenta un saldo positivo en la materia: un total de 162 neuropsiquiátricos, 41 de ellos públicos, continúan en funcionamiento y el tiempo medio de internación actual es de 8.2 años, según el censo realizado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social en 2019, mientras que el dinero destinado apenas roza el 2 por ciento.
El proyecto para México
Como suele ocurrir en México, el gobierno, en voz del secretario Alcocer, delineó el nuevo programa de salud mental debido a que, subrayó, el país atraviesa por un proceso de transformación, en donde la prevención y la atención primaria son piezas fundamentales.
Esa transformación, explicó, contempla la desaparición de los hospitales psiquiátricos, por lo que el cuidado de las y los usuarios de ellos sería transferido a la familia, para que lo llevaran a cabo en el hogar.
“En la práctica, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos (…) En otras áreas esta reestructuración, además de dar la oportunidad de que en hospitales generales se tenga un espacio”, dijo Alcocer sobre la “nueva forma” de ver el sistema de salud.
La reestructura a la que se refiere Alcocer tiene su origen en todo un cambio en el paradigma de la salud mental y cómo debe atenderse. Apenas en abril pasado, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley General de Salud en la que se establece la desaparición de los hospitales especializados en psiquiatría, como lo contamos entonces en Yo También.
La salud mental y las adicciones, de acuerdo con la modificación, debe ser atendida en establecimientos ambulatorios de atención primaria, servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad y en institutos nacionales de salud, es decir, en los entes que se encargan de la salud en general, adonde se integrará la especialidad de padecimientos psicosociales. En el dictamen se incluyó la prohibición de construir más hospitales con especialidad en psiquiatría para dar prioridad a los servicios integrados de salud.
La idea va encaminada también a desaparecer el modelo psiquiátrico asilar que, vigente hasta antes de la reforma, prioriza que las y los pacientes vivan separados del resto de la población.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) celebró en aquella fecha el cambio en el modelo asilar.
“Uno de los aspectos más significativos de la iniciativa que será publicada es que el internamiento para la atención de la salud mental y adicciones debe ser voluntario, previo consentimiento informado y privilegiando opciones comunitarias”, argumentó la CDHCM.
La voluntad, dijo la institución, es condición mínima para el respeto al derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
En el análisis, la Comisión recordó que el consentimiento para el internamiento ha sido recomendado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un enfoque en los derechos humanos
Víctor Lizama apunta que es menester que las organizaciones de la sociedad civil difundan que la desaparición de instituciones exclusivamente psiquiátricas es un avance desde el enfoque de derechos humanos.
“Creo que aquí la labor que tenemos en la sociedad civil es tener conciencia de que esta reforma es un hecho positivo, defender esta reforma, informar a la sociedad que lamentablemente no tiene tantos elementos para saber las implicaciones de esta transformación de lo que lleva esta reforma”, aseguró en entrevista.
Aunque esta desaparición debe de ser paulatina y parte de un proceso que evalúe las condiciones de atención y cuidado de las personas usuarias de servicios de salud mental.
“Este proceso de transformación de los servicios no implica cerrar de un día a otro los hospitales psiquiátricos ni tampoco sacar de esas instituciones a las personas que el día de hoy están alojadas”, apuntó.
De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Salud, en 2020 había en México 442 establecimientos de salud mental y adicciones. De ellos, 341 correspondían a Centros de Atención Primaria de las Adicciones, 66 a Centros Integrales de Salud Mental y 35 a hospitales psiquiátricos.
“Si comparamos el total de ese tipo de establecimientos con los 14 mil 352 establecimientos de atención primaria o consulta externa del país, se estima que solo el 2.8 por ciento brindan atención de la salud mental y adicciones; mientras que los hospitales psiquiátricos representan el 4.6 por ciento del total de hospitales (761). Con esas cifras hay reducida disponibilidad de este tipo de establecimientos y con esta insuficiente infraestructura la atención se ha centrado en el hospital psiquiátrico, generalmente aislado del resto de las unidades del sistema de salud, con mínima referencia y contrareferencia formal de pacientes”, explica el Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones.
La construcción de políticas públicas, la armonización legislativa y la inclusión de la salud mental dentro del esquema general de salud son pendientes que tiene el país y que, de acuerdo con el especialista, determinarán el éxito o estancamiento de la reforma a la Ley General de Salud.
