Por Redacción Yo También
Tras meses de análisis e intentos de cambiar la Ley General de Salud, sobre todo en lo relacionado con la salud mental, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que implica desaparecer los hospitales especializados en psiquiatría para transformarlos en entidades de atención general.
Por 358 votos a favor y 107 en contra, diputadas y diputados decidieron que habrá atención primaria y ambulatoria para tratar la salud mental y las adicciones, siendo el internamiento el último recurso.
La Reforma, por ser minuta del Senado y sin cambios en el texto, fue enviada ya al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.
“Para garantizar el acceso y continuidad de la atención de la salud mental y adicciones, se deberá disponer de establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales, hostales regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud.
“Asimismo, para eliminar el modelo psiquiátrico asilar [que separa al paciente del resto de la población], no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud”, cita la reforma al artículo 74 de la ley.
La votación en el Senado llega después de que tras 16 iniciativas presentadas en los últimos años para legislar sobre salud mental en tono de derechos humanos, el Senado aprobó en diciembre una iniciativa que hace énfasis en la importancia de los servicios comunitarios, estrategias para apoyo en la comunidad y manejo de crisis, pero también en el derecho a decidir de los usuarios… salvo en momentos de crisis, como te lo contamos en ese entonces en la nota Salud mental con (algunos) derechos a la que puedes acceder aquí para leerla de nuevo.
¿Adiós al internamiento obligado?
La reforma plantea que, de acuerdo con el enfoque en derechos humanos, la secretaría de Salud deberá hacer explícitas las intervenciones prioritarias de salud mental y adicciones para garantizar el acceso a la prevención y atención.
A la población usuaria de los servicios de salud mental se le reconoce el derecho a no ser sometida a medidas de aislamiento, contención coercitiva o cualquier práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en su caso, ser sujeto a medios para atenuar el escalamiento de crisis.
“Tienen derecho a un diagnóstico integral e interdisciplinario y a un tratamiento basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, revisado periódicamente y modificado de acuerdo con la evolución del paciente, que garantice el respeto a su dignidad de persona humana y sus derechos humanos”.
Otros derechos que son reconocidos en la reforma son no ser sometida a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona; a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar donde habiten sus familiares y amigos y derecho a la confidencialidad de la información sobre su salud.
“El internamiento sólo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte mayores beneficios terapéuticos para la persona que el resto de las intervenciones posibles; se realizará por el tiempo estrictamente necesario y en el Hospital General o de pediatría más cercano al domicilio del usuario”, dice el texto de la reforma.
“Por ningún motivo, el internamiento puede ser indicado o prolongado si tiene el fin de resolver problemas familiares, sociales, laborales o de vivienda y de cuidado del paciente”.
¿Qué pasa con los niños y las niñas?
“Se privilegiarán alternativas comunitarias; en caso de que exista la justificación clínica para el internamiento, éste se llevará a cabo en hospitales generales o en hospitales de pediatría. Asimismo se recabará la opinión de niñas, niños o adolescentes y se dejará registro en la historia clínica.
“En caso de no estar de acuerdo con el internamiento, la institución, junto con la madre, el padre o tutor, deberán valorar otras alternativas de atención”, dice la reforma aprobada.
