Avanza a paso lento la reforma para que migrantes con discapacidad soliciten refugio

Además de torturas, tratos inhumanos y todo tipo abusos, los miles de migrantes que cada año recorren México con la intención de llegar a Estados Unidos deben enfrentarse a la posibilidad de perder alguna de sus extremidades -generalmente por el paso de “La Bestia”, el tren que muchos utilizan para avanzar hacia su destino- y adquirir una discapacidad permanente.

En 2018, la senadora Claudia Anaya presentó una iniciativa para que personas migrantes con discapacidad, especialmente aquellas que la hubieran adquirido en su tránsito por México, pudieran acceder a servicios básicos de salud, rehabilitación y apoyo psicológico.

Apenas el pasado 24 de noviembre, el Senado votó la propuesta que, aunque acotada, busca asegurar que migrantes con discapacidad sean atendidos por instituciones mexicanas y que sin restricción de plazo puedan solicitar refugio en México.

La modificación más importante es al artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, pues se elimina el plazo máximo de 30 días para que migrantes soliciten formalmente refugio en México si se trata de personas con discapacidad, que podrán hacerlo en cualquier momento.

Otro cambio en el mismo ordenamiento se refiere a que la Secretaría de Gobernación (Segob) tome las medidas necesarias para “brindar la asistencia institucional que de acuerdo con sus necesidades requieran las personas solicitantes y refugiadas con alguna discapacidad, incluidas aquellas que durante su tránsito migratorio por el interior del territorio nacional hayan adquirido una discapacidad”.

Que no quede en letra muerta

En entrevista, la senadora Anaya dijo que esta reforma busca implementar acciones afirmativas y mecanismos de acción compensatoria para beneficio de las personas migrantes que tienen o han adquirido en tránsito una discapacidad.

“Cuando eres refugiado en este país tienes acceso a una serie de derechos que no tienen quienes están solo en calidad de tránsito”,

dijo la legisladora priista.

La reforma ahora deberá ser analizada y votada en la Cámara de Diputados, contiene modificaciones, conforme al proceso legislativo. Por ello, Anaya hizo hincapié en que se dé seguimiento en la Cámara baja a fin de concretar la modificación.

Agregó que se requiere de vigilancia al Instituto Nacional de Migración (INM) -instancia que depende de Segob- para que si se aprueban las modificaciones, no queden en letra muerta, sino que constituyan un avance concreto en los derechos de las personas migrantes con discapacidad.

“En la realidad y en los hechos ningún decreto se convierte en implementación por arte de magia, hay que hacer análisis, evaluación e implementación de política pública”, resaltó la legisladora.

En lo que respecta a la Ley de Migración se modifican los términos de los artículos 8 y 29 para incluir “las personas migrantes” en vez de “los migrantes”.

Apoyos que resultan “inconvenientes”

Dentro de la propuesta inicial, la senadora Anaya planteó que el Estado mexicano diera la calidad de refugiado a todos los migrantes que durante su paso por el país hubieran adquirido una discapacidad, como una medida extraordinaria y en atención a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Sin embargo, las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios, y de Estudios Legislativos Primera, encargadas del análisis y dictamen, determinaron negar esta posibilidad.

“… no es conveniente reconocer la condición de refugiado a la persona extranjera que durante su tránsito migratorio por el territorio nacional haya adquirido una discapacidad o lesión incapacitante que no le permita continuar con el trayecto a su destino”, apunta el dictamen, disponible aquí.

Los senadores de las comisiones tampoco apoyaron una modificación para que el INM estuviera obligado a proporcionar de oficio un traductor o intérprete de Lengua de Señas a fin de facilitar la comunicación con una persona con discapacidad auditiva.

“Se consideró que la contratación y capacitación de personal especializado en Lengua de Señas requiere ampliar la estructura administrativa del Instituto Nacional de Migración, lo que no es oportuno”

justificaron los legisladores.

Igualmente, se negó la propuesta de que los migrantes tuvieran acceso prioritario a servicios de rehabilitación básica y atención psicológica si habían adquirido la discapacidad en su tránsito migratorio y que a través del DIF se les incorporara a programas de asistencia social y rehabilitación.

Avance a medias

Al respecto, Anaya consideró que aunque incompleto, el dictamen representa un avance que, en caso de concretarse en la Cámara de Diputados, forma parte de la transversalidad de las leyes en materia de discapacidad.

“Es un avance sin duda porque se facilita la condición de tener una característica de derechos que es la de refugiado que es mejor que no tener nada, que estar indefinido, da mayores condiciones de certeza jurídica”, apuntó.

Sobre la tardanza para dictaminar la iniciativa, presentada el 6 de noviembre de 2018 y turnada a comisiones el 9 de noviembre de 2022, Anaya explicó que el proceso legislativo es lento y hay un rezago de más de tres mil asuntos, además de que la discapacidad no está dentro de las prioridades en la agenda de Morena, que ostenta la mayoría en el Congreso.

“Es lo que llamo una dictaminación ‘políticamente correcta’. Desafortunadamente el grupo mayoritario no ve como una inversión la progresividad de derechos de las personas con discapacidad. Creen que con las becas ya se aborda el tema”,

mencionó.

En la exposición de motivos, la senadora estableció algunas cifras sobre las amputaciones que sufren los migrantes en su paso por México. De acuerdo con un trabajo periodístico citado por la senadora en la iniciativa, el Comité Internacional de la Cruz Roja contabilizó 103 migrantes amputados entre 2012 y 2014 en México.

“… hondureños y cada vez más jóvenes es el perfil de los migrantes mutilados por el tren, 71 migrantes procedentes de este país fueron atendidos por amputaciones, mientras que los salvadoreños fueron 17 y los guatemaltecos 12”, explicó el texto.

Igualmente, cita que en 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se pronunció sobre el trato recibido por los migrantes con discapacidad en su paso por México.

“El Comité expresa su preocupación por la privación de libertad y abuso de migrantes con discapacidad intelectual y psicosocial en estaciones migratorias; la exigencia por las autoridades de requisitos mayores para la entrada al país de personas con discapacidad, y por la precaria atención de personas accidentadas por caídas del tren conocido como la bestia”.Asimismo, el Comité urgió al Estado mexicano para que respetara los derechos humanos de las personas migrantes con discapacidad.

Por Itzel Ramírez