El día en que el INE falló a las personas con discapacidad

El viernes pasado, por la tarde, el Instituto Nacional Electoral (INE) tomó una decisión que lastimó a muchos grupos en situación de exclusión, incluyendo personas con discapacidad. En lugar de honrar su historia y mantener los lugares reservados en el Congreso que tienen que postular los partidos políticos, los redujo. 

“Acciones afirmativas” se llaman estos lugares reservados. Se le dan a grupos subrepresentados, pero importantes en la sociedad, como en algún momento, antes de ganar la paridad, se le dio a las mujeres. En el proceso electoral federal pasado, en 2021, había ocho lugares reservados para personas con discapacidad. Sólo ocho y ahora hay uno garantizado.

La representación en el Congreso es importante, no es sólo llegar por llegar. Así se garantiza que, se dediquen o no a legislar sobre el tema que los llevó ahí, hay grupos poblacionales que serán más visibles. En el caso de las personas con discapacidad en México son más de 20 millones de mexicanas y mexicanos.

El INE, en una medida que sólo puedo interpretar como ‘queda bien’ con los partidos políticos, decidió no molestarlos, no forzarlos a ser inclusivos, como hubiera podido. 

Les dio libertad para que ellos, de una bolsa de 20 candidaturas, decidieran a personas de distintos grupos a los cuales postular, siempre y cuando por lo menos una candidatura fuera para personas con discapacidad, una o une candidate de la diversidad sexual, uno para personas afromexicanas y sumó una persona en pobreza. Dejó, como estaban, 30 lugares para personas representantes de pueblos y comunidades indígenas. 

Es un retroceso a sus derechos humanos; a la representación ya lograda. __

No todas las personas consejeras del INE votaron a favor. Dania Ravel, Claudia Zavala y Carla Humphrey se manifestaron en contra. Las primeras presentaron un voto particular (un texto aparte del acuerdo de ese viernes), donde explican claramente porqué esto es en contra de los derechos de estos grupos.

Y ahora, ¿qué sigue? Pues lo de siempre, luchar porque esto no retroceda. Queda una instancia: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sus magistradas y magistrados podrían echar para atrás el acuerdo excluyente del INE y ordenarles que regresen, mínimo, a los lugares del 2021. 

Esta semana, entonces, diversos activistas nos pusimos a buscar personas de estos grupos que quisieran presentar un recurso ante el TEPJF. Se llama “Juicio para la defensa de los derechos político electorales de la ciudadanía”, aunque los abogados le dicen en corto “JDC”.

La reacción fue increíble: en menos de un día reunimos más personas interesadas de las que somos capaces de representar al menos en un colectivo, #PorMásRepresentación, al que pertenece Yo También desde febrero de este año. 

En ese momento nos organizamos personas que trabajamos por los derechos humanos de personas de distintos grupos excluidos para levantar la voz, en ese momento, contra la reforma electoral, o el Plan B, que también reducía estas acciones afirmativas. 

Defendimos al INE en ese momento y las posturas progresistas que había tenido.

Hicimos un “amicus curiae” y lo entregamos a la Suprema Corte. Nos reunimos con Luis María Aguilar y con Norma Piña, ministro y ministra de ese alto tribunal. Hicimos un pronunciamiento y diversas personas de estos grupos fueron a leerlo a la sede principal, a un lado del Zócalo. 

Estábamos contentos porque logramos parar el Plan B (no sólo el colectivo, por supuesto)  cuando la SCJN lo declaró inconstitucional por irregularidades en el proceso legislativo, pero también porque no hubo consulta a personas con discapacidad.

Y ahora esto. 

El INE nos falló, ¿hará justicia el Tribunal? ¿Tendremos personas candidatas y en el Congreso para 2024? Eso está en juego.

Gracias a las personas con discapacidad que se unieron a este juicio; perdón por aquellas que me han seguido buscando y que ya no podemos representar. Como sea, lo pueden hacer por su cuenta, también ante la Defensoría del mismo Tribunal. Y me dice nuestro abogado, José Luis Flores, que incluso puede bastar un solo caso.

El Plan B quitó la obligatoriedad a los acuerdos del INE que imponían a los partidos el deber de asignar candidaturas a integrantes de grupos vulnerables e introdujo una nueva categoría que no es vulnerable per se.

✒️ José Luis Flores Trujillo (@SZiller_) https://t.co/mwnXgt2rJS

— Yo También (@YoTambien) September 12, 2023

__Queda claro que defender derechos es una tarea de todos los días, no podemos dormirnos. 

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