En el último Censo 2020, gracias a ajustes en los cuestionarios, se logró no solo mejorar los datos del número de personas con discapacidad en el país sino que se pudo regionalizar la incidencia. Por ejemplo, la tasa de discapacidad en Nuevo León es una de las más bajas con un 13 por ciento en los hogares, mientras que, en el estado de Oaxaca, que es rural, pobre y principalmente indígena, es de 19 por ciento.
Según el último reporte del Banco Mundial (Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible), en la región purépecha en Michoacán, más del 20 por ciento de la población indígena reporta tener una discapacidad, en comparación con el promedio nacional que es de 16.5 por ciento.
El Censo reveló que 11.9 millones de personas viven en hogares indígenas, que representan 9.5 por ciento de la población total del país, y se identifican a 7.4 millones de hablantes de lenguas indígenas (6.1 por ciento de la población nacional). México es la cuarta nación en diversidad biológica en el mundo.
“En promedio, de cada 100 personas con discapacidad latinoamericanos, 26 viven en áreas rurales, 53 son mujeres y 29 son personas afrodescendientes o indígenas. Todas estas características a su vez aumentan el riesgo de vivir en situación de pobreza, ya que de este número 23 son pobres (viven con menos 5.5 dólares al día) y 42 se encuentran en el 40 por ciento inferior de la distribución de ingresos”,
agrega el reporte.
Visto a nivel regional, pobreza, discapacidad y origen racial tienen un vínculo muy directo y desafortunado: si bien las personas indígenas y afrodescendientes componen un tercio de la población de América Latina y el Caribe, representan alrededor de dos terceras partes de las personas en pobreza extrema. Y la pobreza, como publicamos hace algunas semanas, es un factor que exacerba y aumenta la incidencia de discapacidad.
“La incidencia de enfermedades infecciosas, no transmisibles y mentales también juega un papel importante. En América Latina y el Caribe, la situación de salud de los pueblos indígenas es significativamente peor que la de otros grupos sociales. A lo largo y ancho de la región, los servicios de salud también tienden a ser de menor calidad o, con excepciones importantes, culturalmente inadecuados para atender las necesidades de las personas indígenas”, agrega el informe.
Si de educación se trata, a nivel latinoamericano (cifra que se aproxima a los datos de México), solo 24 por ciento de los alumnos con alguna discapacidad logra completar la educación primaria y secundaria. Pero si, además de vivir con alguna condición, pertenecen a una comunidad indígena el promedio baja a 20 por ciento.
La pandemia fue un gran revelador de la vulnerabilidad: en sus tres etapas, el modelo Aprende en Casa solo incluyó 2.4 por ciento de sus programas de televisión en lenguas indígenas. En radio, solo se realizaron 804 programas de radio en lenguas indígenas y se transmitieron en 18 entidades federativas. Y solo se publicaron 120 materiales multilingües en la web.
El caso de la diabetes
El aumento paulatino de la obesidad, la disminución de la actividad física limitada y las dietas no saludables han hecho a América Latina y el Caribe la región con la tasa más alta de muertes vinculadas a la diabetes en el mundo, una enfermedad que es además discapacitante, ya que puede afectar la visión y la movilidad.
En Centroamérica y Sudamérica, la incidencia de diabetes en 2019 fue de 9.4 por ciento (unas 31.6 millones de personas) y se espera que suba hasta 11.8 por ciento (a 49.1 millones) en 2045, según datos de la Federación Internacional de Diabetes.
De acuerdo con el reporte del Banco Mundial, “las personas en los quintiles más pobres son más vulnerables a sufrir esta condición debido a su incapacidad de hacerse exámenes de salud regularmente, adoptar los cambios de estilo de vida necesarios y costear dietas saludables”. Y la diabetes también impacta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes: casi la mitad de los adultos indígenas mayores de 35 años de la región tienen diabetes tipo 2.
Por Bárbara Anderson
