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Mujer llevando con dificultad a su hijo usuario de silla de ruedas por una calle empedrada.Mujer llevando con dificultad a su hijo usuario de silla de ruedas por una calle empedrada.

Hasta en la discapacidad hay niveles

Según el Inegi, entre más pobre y rural sea un hogar mexicano, más probabilidades tiene de que algún miembro de la familia viva con alguna discapacidad. Es tres veces mayor la incidencia de la discapacidad en los hogares pobres que en los de clase alta.

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6 de julio de 2022

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Bárbara Anderson

Según el reporte del Inegi “Cuantificando la Clase Media en México 2010-2020” pobreza y discapacidad en México están mutuamente exacerbadas.

En su análisis de cómo fue cambiando en la última década la conformación socioeconómica del país, salta un dato tan revelador como brutal: mientras en un hogar de clase alta 6.9 por ciento de los hogares declararon que tenían algún miembro con alguna discapacidad, el porcentaje sube a 15 por ciento en la clase media y a 22.3 por ciento en la clase baja. 

La situación empeora si llevamos este mismo análisis al lugar donde radican: la mayor incidencia de discapacidad por hogar se presenta en aquellos de clase baja en el ámbito rural, con un 23.7 por ciento.

Sí: mientras en casi 7 de cada 100 hogares de clase alta hay algún miembro de la familia con alguna condición de vida, en 24 de cada 100 hogares pobres se presenta esta misma situación.

Es decir que si un mexicano vive en el ámbito rural y forma parte de la clase baja, tiene tres veces más probabilidades de tener en su familia a una persona con alguna discapacidad.

La discapacidad en espacios urbanos tiene una incidencia que solo cambia en la clase media y baja (la clase alta se mantiene igual al total). 

Según este reporte, 21.2 por ciento de los hogares urbanos de clase baja afirman tener a algún integrante con discapacidad, mientras en la clase media el porcentaje baja a 14.1 por ciento.

¿Qué parámetros se toman para marcar las diferentes clases sociales en el país?

Un hogar de clase baja -según este análisis de Inegi- es aquel que tiene un ingreso promedio mensual de 11,343 pesos, un hogar de clase media suma ingresos por un promedio de 22,297 pesos al mes y los de clase alta de 77,975 pesos. 

Esta es la manera en la que se ha calculado la líneas divisorias monetarias entre tres grandes grupos, aunque hay muchas discrepancias en este tema, porque medir solo los ingresos es una sola cara de un fenómeno que tiene otras aristas como los gastos fijos, el tipo de consumo de bienes y servicios, el tipo de empleo (formal o informal), el acceso a salud y educación gratuita, la recepción de planes de apoyo (como las pensiones) o las remesas incluso, que muchas veces las familias no calculan como otro ingreso monetario contante y sonante.

¿A qué se debe la incidencia? 

Si bien fue muy difícil conseguir declaraciones on the record acerca del análisis de por qué a mayor poder adquisitivo menor discapacidad, uno de los funcionarios detrás de este reporte de Inegi puso dos puntos interesantes como posibles razones.

  1. En el caso de las discapacidades adquiridas, los trabajos más riesgosos suelen estar ocupados por personas en condición de pobreza, como por ejemplo albañilería, soldaduras, actividades agropecuarias con uso intensivo de insecticidas versus personas que se dedican a tareas pasivas de oficina. 

El IMSS tiene un ranking de riesgos laborales. Se podría hacer una relación entre los ingresos laborales y el nivel de riesgo asociados que reporta el Instituto ya que muchas de las ocupaciones de más riesgo tienen los sueldos más bajos. 

  1. En el caso de las discapacidades de nacimiento, el nivel educativo suele estar relacionado con el nivel de ingresos, con lo cual hay más embarazos en edades tempranas con poco control suelen generar riesgos en el nacimiento o cuidado del embarazo. La mala alimentación o cuidados prenatales en espacios rurales sin acceso a atención médica también aumentan los riesgos de accidentes de parto, una de las principales causas de las discapacidades al nacer. 

En 2021, el Banco Mundial publicó un frondoso estudio: Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible”.

En este reporte se hace hincapié en que la pobreza y la discapacidad se exacerban mutuamente.

«La pobreza y la discapacidad se exacerban mutuamente«

“La prevalencia de la discapacidad es mayor en los quintiles de ingreso más bajos de todos los países, donde las personas están más expuestas a entornos y trabajos que pueden provocar una discapacidad, tienen un acceso más precario a la salud, una acumulación de capital humano más baja y, en general, viven en contextos más restrictivos y menos inclusivos”, reza el informe. 

En uno de cada cinco hogares clasificados como de pobreza extrema (debajo de la línea de pobreza de 3.2 dólares disponibles al día) vive una persona con discapacidad. 

Además, hay una incidencia mayor al promedio de pobreza monetaria (bajo la línea de pobreza de 5.5 dólares diarios) entre los hogares con personas con discapacidad en la mayoría de los países analizados. 

La pobreza puede fomentar las condiciones que elevan el riesgo de adquirir una discapacidad. 

Por ejemplo, puede aumentar la probabilidad de que una persona adquiera una enfermedad crónica, reduce su acceso a servicios de salud de buena calidad, agua limpia y comida nutritiva y la hace más propensa a trabajar en ambientes inseguros donde hay más riesgo de sufrir lesiones.

“En Latinoamérica, en 1 de cada 5 hogares clasificados como de pobreza extrema vive una persona con discapacidad”

Además, en todos los países de la región, los hogares con personas con discapacidad tienen una mayor probabilidad de ser vulnerables (aquí la línea de pobreza se sitúa a partir de un ingreso diario de 13 dólares).

A menores ingresos, mayor incidencia de la discapacidad

Como si esto fuera poco, las personas con discapacidad tienen gastos básicos adicionales como más citas médicas, ropa o dietas especializadas, gastos relacionados con dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, gastos en adaptaciones al hogar y en cuidado profesional (sombras, enfermeros, rehabilitadores).  

Otro factor de desigualdad es el acceso a las tecnologías: un menor acceso a internet, computadoras y celulares incrementa la brecha digital, que en el contexto de una pandemia (como la Covid-19) afecta de manera desproporcionada su acceso a educación y empleo. 

Vulnerabilidad que se potencia

Según el Banco Mundial (dato que se replica casi como espejo en el reporte del Inegi), la mayor vulnerabilidad la viven las personas con discapacidad que viven en pobreza en áreas rurales o que tienen otras características demográficas: ser mujer o ser miembro de otra minoría.. “La probabilidad de ser pobre para un hogar con una persona con discapacidad aumenta notablemente si al menos un miembro de ese hogar se identifica como indígena o afrodescendiente. 

“En la mayoría de los países, especialmente en regiones con una alta densidad de hogares indígenas, las tasas de discapacidad son más pronunciadas”, indica el Banco Mundial. 

Por ejemplo, en la región purépecha de Michoacán, más del 20 por ciento de la población indígena reporta tener una discapacidad, en comparación con el promedio nacional que según el último censo es de 16.4 por ciento. 

Algunas enfermedades no contagiosas también están ligadas con altos niveles de pobreza. En América Latina y el Caribe hay 3.2 millones de personas con pérdida de visión y 26.6 millones con dificultades para ver. La mayoría de los casos esta discapacidad visual se debe a causas prevenibles (cataratas, glaucoma, errores de refracción y retinopatía diabética). 

Por ejemplo, la ceguera por cataratas -que es fácilmente prevenible mediante cirugía- afecta más severamente a hogares pobres, rurales y que tienen acceso limitado a servicios de salud. 

La tasa de cirugías de cataratas para evitar la ceguera es de 92 por ciento en Querétaro y 39 por ciento en Chiapas

Banco Mundial

Más puntos en contra

Otros factores que juegan en contra de la población en México y que tienen una incidencia directa en la discapacidad son la inseguridad y los desastres naturales. 

Con cientos de muertos en el país a causa del crimen organizado, no existe un dato concreto del número de personas que quedan con lesiones o discapacidades. En toda la región latinoamericana, solo Colombia contabiliza este dato: de las más de 9 millones de personas reconocidas como víctimas del conflicto armado contra los cárteles del narcotráfico, que duró varias décadas, aproximadamente 4.5 por ciento vive con algún tipo de discapacidad

En Yo También publicamos hace dos años la investigación “Camuflaje a los derechos humanos” revelando el número de militares dados de baja  a causa de alguna discapacidad desde que comenzó la guerra contra el narco: casi 5 mil militares resultaron heridos y removidos de sus cargos y solo una mínima parte de ellos con las pensiones adecuadas para no caer debajo de la línea de pobreza.

Otro factor son los desastres naturales (huracanes, terremotos, inundaciones). Con base en datos de 1970 a 2010, América Latina y el Caribe ocupa el segundo lugar en lesiones reportadas causadas por desastres naturales en el mundo, después de Asia. 

Estos eventos pueden resultar en lesiones traumáticas en el cerebro o la columna vertebral, amputaciones, daños en el sistema nervioso periférico y estrés postraumático. 

Y también somos testigos de cómo afectan los servicios de rehabilitación. Desde el paso del huracán Ágatha hace pocas semanas en Oaxaca, sigue sin recursos para volver operar el Centro de Atención Infantil Piña Palmera, A.C., que ofrece atención y rehabilitación a personas con distintos tipos de discapacidad. Por supuesto, tras la desaparición de los fideicomisos, entre ellos el de desastres naturales (FONDEN), ahora esta institución está a la deriva a la espera de apoyos individuales. 

Precisamente, el huracán Agatha vino a dejar al descubierto en Piña Palmera todas las condiciones e interseccionalidades entre pobreza y discapacidad con la que comenzamos este informe: un centro que desde hace 30 años atendía en una zona rural a personas con discapacidad (en su mayoría indígenas) y que vivió los efectos devastadores de un desastre natural para el cual el país no cuenta ni con fondos ni con protocolos para darle apoyo y que regrese a dar asistencia y protección.

Por Bárbara Anderson

Fotografía de Reforma