Denuncian que pcd terminan en centros de rehabilitación de drogas y alcohol

La tercera junta del 12 de noviembre de 2022 avanza entre oradores que cuentan sus experiencias con el alcohol y las drogas, mientras Chuy se queda en la puerta, dibujando círculos en una hoja de papel. 

Chuy no se llama así, es el nombre que le pusieron en el primer centro de rehabilitación donde hace cuatro años lo dejaron los funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En el nuevo, ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México, le dicen Pepe porque son las dos únicas silabas que usualmente pronuncia. 

“Chuy no portaba identificación el día de 2019 cuando la policía municipal lo encontró descalzo y sucio en una parada de autobuses del Estado de México. Nadie acudió a recogerlo luego que la comisaría publicó una ficha con su foto y su descripción como una persona sordomuda de entre 30 y 35 años de edad”, exhibe la investigación de Quinto Elemento sobre el modus operandi de instituciones públicas en México. 

En 2020, el DIF dejó en el mismo lugar a Beto, un niño de 13 años que dormía en un mercado desde que sus abuelos murieron. 

Al igual que Chuy, Beto tampoco tenía un problema de adicción. 

Personas con discapacidad encerradas en «anexos»

La investigación periodística arrojó que son cientos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad (pcd) los que han sido encerrados por los sistemas DIF en estos centros de rehabilitación, comúnmente conocidos como «anexos». Eso aun con el conocimiento de que en estos lugares se han documentado casos de maltrato, explotación y tortura. 

Al menos los sistemas DIF de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Tabasco han optado por el encierro de personas en condición de vulnerabilidad en anexos a través de convenios de coordinación o concertación. 

«Eso, en lugar de integrarlos a una comunidad donde estén seguros y donde puedan desenvolverse, lo que contraviene leyes nacionales y tratados internacionales», continúa el texto. 

Janeth, por ejemplo, pasó de los 12 a los 17 años de un anexo a otro en Michoacán. Anselmo estuvo sus últimos años en el anexo donde ahora vive Chuy. 

«El DIF lo llevó en 2018 con 84 años y la mitad del cuerpo paralizado. Murió ahí tres años después», sentencia el texto.

Detrás de estas acciones está una cuestión económica. Cada centro de rehabilitación recibe entre mil 900 y 15 mil pesos al mes por persona alojada. 

La investigación reveló que los sistemas DIF de esos estados entregaron de 2015 a 2022 poco más de 31.6 millones de pesos a los centros de tratamiento de adicciones.

Falta de transparencia en DIF

Alejandro fue otro de los casos detectados.

«(…) no había consumido drogas ni alcohol pero el DIF Ciudad de México lo dejó en el centro de rehabilitación Fundación Jóvenes Tlatilco en 2022, cuando tenía 17 años. Él cree que fue un castigo por haber defendido del maltrato a otros niños en la casa hogar donde vivía con su hermano de ocho años», cuenta el reportaje. 

En el centro, según Alejandro, él y otros niños y adolescentes convivían con adultos en recuperación y eran obligados a presenciar las juntas de Alcohólicos Anónimos.

A los 15 días de haber llegado, Alejandro intentó sin éxito escapar del lugar. Fue golpeado, amarrado y encobijado como escarmiento. 

Luego, a los dos meses, logró escapar. 

La falta de transparencia con que operan los sistemas DIF hizo imposible conocer con exactitud cuántas personas están encerradas en anexos.

«Los convenios que firman con estos establecimientos rara vez indican el número de personas que envían, su edad o condición o la duración que tendrá el alojamiento en los centros de rehabilitación. Además, no todos los estados y municipios hacen públicos los convenios que han firmado con estos lugares. Incluso algunos DIF en el Estado de México ni siquiera ponen por escrito la transferencia de personas que tienen bajo su resguardo», indica el texto. 

Hacinamiento, condiciones insalubres, hambre, maltratos, forman parte cotidiana del escenario al que se enfrentan las personas que, por orden de las autoridades, pasan sus días en centros en los que no deberían estar. 

La investigación completa y los casos encontrados están disponibles en línea.

Fotografía de Bernardo de Niz para Quinto Elemento Lab.

Te interesa: Los horrores que viven miles de personas con discapacidad en México Jorge Burelo, joven con discapacidad psicosocial, cumple 4 años en prisión Casa Esperanza, los horrores de una institución tolerada por el Estado