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La disculpa de México a Arturo Medina puede cambiar miles de vidas de pcd

Fotografía en blanco y negro del pasillo de una penitenciaria con celdas vacías y al final se ve una luz blanca que ilumina el pasillo.

Tras dos años de un dictamen pionero de la ONU, que obliga al Estado Mexicano a ofrecer una disculpa pública, podría iniciar una transformación en el sistema de justicia que beneficiaría a miles en el país.

Por Katia D’Artigues

¡Al fin! Este próximo 4 de octubre,  el Estado Mexicano reconocerá su responsabilidad y ofrecerá una disculpa pública en el caso de Arturo Medina Vela, un joven con discapacidad psicosocial e intelectual, quien estuvo preso cuatro años, en un proceso plagado de errores e injusticias y en el cual queda claro que se violaron sus derechos humanos. 

Es un caso pionero a nivel jurídico y que además está llamado a beneficiar a miles de personas en el país. 

Pionero porque se trata del primer dictamen que, sobre una persona en particular, retoma el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU que determinó que se le violaron sus derechos humanos.

Beneficiaría a miles de personas porque la ONU recomienda que México inicie una serie de transformaciones (modificaciones de leyes, capacitaciones de toda la cadena de justicia: lo mismo policías, que ministerios públicos, jueces, juezas) para evitar que un caso como el de Medina Viela se repita. 

Se sabe, aunque no con números exactos, que hay potencialmente miles de personas con discapacidad presas sin derecho a defensa por ser declaradas “inimputables” en el país y con una figura llamada “medidas de protección” que, paradójicamente, los dejan, en los hechos, desprotegidos y sin medidas de defensa. Una figura contraria a la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad (CDPD).

La disculpa pública (aunque llega tarde porque tenía que haber sido otorgada a más tardar el 26 de marzo del 2020), se dará en la secretaría de Gobernación en un evento cerrado por pandemia. 

Se dio tras que la ONU emitió el histórico dictamen en septiembre de 2019 y tras largas mesas de negociación primero con Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación (Conapred) y luego con la propia secretaría de Gobernación (Segob)), cuenta Diana Sheinbaum, de Documenta, AC, la organización que litigó el caso de Arturo, lo llevó hasta el Comité y representa a Medina Vela.

Ese día también se debería dar a conocer los alcances del dictamen y la disculpa en formatos accesibles. Al menos eso se espera (Conadis, por ejemplo, entregó una primera versión en lectura fácil que no tenia criterios de… lectura fácil).

Es solo el primer paso de muchos más que deberá dar el Estado Mexicano para cumplir con las recomendaciones del Comité pero que sí estarían planeadas en una ruta crítica con la Segob. 

La historia de Arturo

En 2011, Arturo Medina Vela tenía 21 años. Había salido solo de su casa, en la colonia Morelos de la Ciudad de México y se acercó a un automóvil que estaba abierto. En ese momento la policía lo detuvo y lo acusó de robo del coche. Cuando su madre, Judith, lo localizó, 12 horas después de su detención, les dijo que no creía lo del robo porque su hijo no sabía manejar. El ministerio público le dijo que había empujado el vehículo y que tenían incluso un video donde se podía ver esa escena, mismo que nunca mostraron ante su defensa de oficio, asegura ella.

Arturo, por su condición, habla poco cuando se siente presionado o está en una situación de estrés. En el Ministerio Público lo notaron y le preguntaron a la madre qué le pasaba. La respuesta: una discapacidad psicosocial e intelectual.

Su madre, de buena fe, llevó documentos médicos que comprobaban que había estado inscrito en un institución educativa especial, en un Centro de Atención Múltiple (CAM) y que había recibido incluso terapias de neurorrehabilitación en un servicio público.

Solo con base en estos documentos médicos lo declararon “inimputable”, una figura jurídica que automáticamente niega la capacidad de defensa del mismo Arturo, a quien nunca le permitieron declararse inocente, dar pruebas para su defensa o impugnar los cargos que se presentaron contra él.

Al ser considerado ininmputable se le negó el derecho a ser notificado sobre su sentencia y le anularon otro más: el de conocer su condena e impugnarla.  Esa ‘medida de seguridad’ fue dictada de una manera estereotipada, y también discriminatoria para, supuestamente, proteger a la sociedad por su discapacidad psicosocial. Este dictamen se mantuvo aún cuando la defensa argumentó que no representaba un peligro y que podía regresar a casa bajo los cuidados y supervisión de su madre.

Arturo Medina Vela entró al Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, que es “como el ala psiquiátrica del Reclusorio Sur”. Le negaron su derecho a cambiar de abogado. En 2015 Arturo cumplió su condena de cuatro años  y quedó en libertad.
Hay más información sobre su historia aquí.

Los muchos Arturos de México

Como dice Diana Sheinbaum, de Documenta, AC, la organización que presentó el caso y representó a Arturo todo este tiempo: en el país hay miles de personas con discapacidad que, al ser detectada su discapacidad en algún lugar de la “cadena” de justicia, son declaradas “inimputables” y que por lo tanto, como “método terapéutico” deben permanecer en la cárcel sin poderse defender.

“Nosotros (Documenta) hemos hecho solicitudes de información pública de cuántas personas inimputables hay en las cárceles. Hasta 2020 tenemos datos que arrojan a mil 13 personas.  No sólo hay esa preocupación en cuánto a cómo se manejan los procesos, que ponen en segundo plano la presunción de inocencia. Tener discapacidad en muchos casos significa que necesitas un tratamiento. Imagina: ¡pensar el espacio penitenciario como terapéutico y de tratamiento!

“A diferencia de las personas sin discapacidad, también muchas de estas personas permanecen detenidas porque no van ‘recogerlas’… se pone a una persona como objeto de custodia y cuidado. Como nadie va a ‘reclamarlas’ por así decirlo, se quedan, lo que implica un nivel de detención arbitraria. Esos casos están en todo el país”, dice Sheinbaum.

Las dos dimensiones del dictamen: falta la segunda

El dictamen de la ONU -que por ser país firmante y que ratificó la CDPD debe cumplir- tiene dos dimensiones: el de la disculpa e indemnización a Arturo y el de la reforma legislativa y a la cadena de justicia para personas con discapacidad. En el primero se ha avanzado. En el otro no tanto, aunque sí se tiene contemplado dentro de la ruta crítica planteada en las mesa de trabajo de la Segob.

“Arturo ha estado informado en todo momento. Estamos contentas de que se avance. Es un acto significativo que se reconozcan las violaciones de derechos humanos ejercidas contra Arturo.

“El Estado Mexicano está obligado a revisar leyes, políticas públicas, prácticas. A armonizar su legislación (con la CDPD), a eliminar las ‘medidas de seguridad’, implementar programas a nivel nacional de apoyos y ajustes razonables para garantizar la igualdad y capacitar de manera real a jueces, juezas, defensores para que conozcan los derechos de las personas con discapacidad. Implica a la Fiscalía, a la Defensoría. A la secretaría de Seguridad. A toda la cadena de justicia, como el caso de Arturo que inicia con una detención. En ese sentido el avances es muy poco”, dice Sheinbaum.

El dictamen de la ONU (que pueden leer completo aquí)  aunque contiene más recomendaciones puede resumirse en estos cuatro grandes rubros para esa dimensión externa al sistema de justicia:

Cambiar las leyes de la Ciudad de México, federales o estatales con respecto a la figura de “inimputabilidad” y el “procedimiento especial”. Se debe garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso de las pcd con los principios de la CDPD. 

  1. Cambiar las leyes de la Ciudad de México, federales o estatales con respecto a la figura de “inimputabilidad” y el “procedimiento especial”. Se debe garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso de las pcd con los principios de la CDPD. 
  2. Revisar la aplicación de “medidas de seguridad” que implican el internamiento para un tratamiento médico psiquiátrico y crear alternativas que se ajusten a principios de la CDPD. 
  3. Que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial reciban  apoyos y ajustes razonables según sus necesidades para que puedan ejercer su capacidad jurídica ante tribunales.
  4. Impartir a jueces, oficiales, agentes de Ministerio Público y funcionarios del Poder Judicial formación adecuada y continua sobre el alcance de la CDPD y su protocolo facultativo.

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