Cientos de familias de personas con discapacidad pasaron a la acción ante la displicencia con que las autoridades de Salud parecen haber tomado el riesgo amplificado que les significa un posible contagio de coronavirus SARS-CoV-2.
Aunque en el papel, las personas con discapacidad son parte de los grupos prioritarios para ser vacunados contra el COVID-19, en los hechos el estratega contra la pandemia demuestra que para el gobierno federal la relevancia en la materia está en otras fronteras.
El anuncio esperado por cientos de personas con discapacidad, madres, padres, cuidadores y cuidadoras que las acompañan y saben del riesgo potencial que supone un contagio de COVID-19 en esta condición no satisfizo las expectativas.
La secretaría de Salud acepta que, aunque ya están contemplados dentro de esta etapa de vacunación aún hace falta tener centros de vacunación accesibles, personal capacitado y están evaluando aún las necesidades de distribución por estados.
Aunque un documento oficial del Plan Nacional de Vacunación menciona que en la Etapa 4 que iniciará en junio se vacunará a personas con discapacidad mayores de 16 años, todavía hay muchas dudas logísticas de cómo se podrá llevar esto a cabo.
La petición puntual y organizada de asociaciones y activistas en apoyo de esta minoría no recibe respuesta, pese al riesgo que supone un posible contagio de coronavirus para quien tiene alguna discapacidad.
De las 65 curules que ahora tienen representantes de grupos históricamente marginados, como son las personas con discapacidad, se reducirían a 25 con la reforma electoral impulsada por Morena.
Una investigadora japonesa que perdió la visión a los 14 años lidera este proyecto que busca dar mayor movilidad y autonomía a las personas con discapacidad visual.
Esta alianza, de la que forman parte varios países, busca hacer conciencia sobre cómo la carga de las personas cuidadoras significa obstáculos en las oportunidades económicas generalmente de las mujeres.
