Una lucha efectiva para controlar la pandemia de COVID-19 hace obligada la vacunación de las personas con discapacidad, dice el iiDi. De lo contrario, no se podrá alcanzar la inmunización inclusiva en América Latina y El Caribe.
Cientos de familias de personas con discapacidad pasaron a la acción ante la displicencia con que las autoridades de Salud parecen haber tomado el riesgo amplificado que les significa un posible contagio de coronavirus SARS-CoV-2.
Aunque en el papel, las personas con discapacidad son parte de los grupos prioritarios para ser vacunados contra el COVID-19, en los hechos el estratega contra la pandemia demuestra que para el gobierno federal la relevancia en la materia está en otras fronteras.
El anuncio esperado por cientos de personas con discapacidad, madres, padres, cuidadores y cuidadoras que las acompañan y saben del riesgo potencial que supone un contagio de COVID-19 en esta condición no satisfizo las expectativas.
La secretaría de Salud acepta que, aunque ya están contemplados dentro de esta etapa de vacunación aún hace falta tener centros de vacunación accesibles, personal capacitado y están evaluando aún las necesidades de distribución por estados.
Las y los sobrevivientes de cáncer tienen mucho que compartir sobre el tema de discapacidad como secuela de, paradójicamente, superar el reto que significa esa enfermedad.
En plena pandemia, y tras meses de dolor, le fue detectado un cáncer que requirió cirugía y radioterapias; hoy está en remisión y lo monitorean periódicamente hasta que pasen 5 años.
