Su proyecto de garantía jurídica para personas con discapacidad es pobre: solo reforman dos artículos declarados inconstitucionales por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los asesores de la senadora deberían ser más responsables antes de dejarla tan mal parada firmando una reforma mediocre.
En la evaluación de 2014 el país recibió 74 recomendaciones y esta vez fueron 95. Hay un retroceso claro en la implementación de la Convención y no hay planes de mejora a la vista.