Ya es tiempo de terminar con disposiciones o leyes que en los hechos dividen a la sociedad y crean grupos poblacionales de “primera” y de “segunda”, donde las mujeres con discapacidad llevan la peor parte.
El logro de este joven en 2013 podría replicarse si legisladores y legisladoras aprueban erradicar la figura legal de interdicción que sustituye la voluntad de las personas.
En vez de interdicción, se busca incorporar la figura de acompañamiento que permita a las personas con discapacidad tomar sus propias decisiones o pedir apoyo a alguien de confianza.
Este próximo 30 de agosto, en un foro en la Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) , el colectivo “Decidir es mi derecho” explicará con casos prácticos y voces de personas con discapacidad cómo hacer realidad que cualquiera tenga acceso a la capacidad jurídica, es decir, a decidir sobre asuntos de sus vidas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a un juez de Nuevo León a ofrecer los ajustes razonables (y no la interdicción o tutela) a una mujer con una discapacidad para que ella pudiera acceder a sus derechos en igualdad de condiciones que su esposo que estaba solicitando el divorcio. Una resolución que esperemos se convierta en jurisprudencia.
La Primera Sala de la SCJN determina que la interdicción es una figura contraria a tratados internacionales y de derechos humanos, ya que despoja a las personas de capacidad jurídica.
La institución financiera ofertó distintas posiciones en las diversas sedes que tiene en territorio nacional para contratar a personas con discapacidad.
La inteligencia oficial generativa probada por la empresa ya no actuará en “piloto automático”, sino que será un “copiloto” de la paquetería más utilizada.
