Una lucha efectiva para controlar la pandemia de COVID-19 hace obligada la vacunación de las personas con discapacidad, dice el iiDi. De lo contrario, no se podrá alcanzar la inmunización inclusiva en América Latina y El Caribe.
La nueva normalidad que ha dejado la pandemia para las empresas obliga no solo a tomar medidas preventivas para evitar contagios, también ha hecho más consciente la necesidad de hacer los ajustes necesarios para integrar a las personas con discapacidad a los entornos laborales.
Aunque el presidente de México y su estratega para la pandemia prácticamente cerraron la compra de vacunas para menores por considerar que no son necesarias, las cifras muestran que COVID-19 sí está afectando a niñas, niños y adolescentes.
Catorce organizaciones de y para personas con discapacidad en América Latina presentan un informe donde hacen recomendaciones puntuales a los gobiernos de 10 países de la región para evitar la mayor exclusión de esta población durante la pandemia.
Un estudio realizado en España pone en blanco y negro la situación que viven las personas con discapacidad tras más de un año de pandemia.
Esta decisión abre también la posibilidad de registrar ya a las personas con discapacidad que estén en ese rango de edad.
Una reciente investigación liderada por la neurocientífica Athena Akrami confirma temores que tenían muchas personas en el mundo, pero también abre la posibilidad de tomar medidas y evitar efectos a largo plazo.
El anuncio esperado por cientos de personas con discapacidad, madres, padres, cuidadores y cuidadoras que las acompañan y saben del riesgo potencial que supone un contagio de COVID-19 en esta condición no satisfizo las expectativas.
La secretaría de Salud acepta que, aunque ya están contemplados dentro de esta etapa de vacunación aún hace falta tener centros de vacunación accesibles, personal capacitado y están evaluando aún las necesidades de distribución por estados.
