Este jueves, en el Congreso de la Ciudad de México, se presenta una iniciativa impulsada por la sociedad civil que busca que todas las personas tengan capacidad jurídica y la puedan ejercer con apoyos.
Su proyecto de garantía jurídica para personas con discapacidad es pobre: solo reforman dos artículos declarados inconstitucionales por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los asesores de la senadora deberían ser más responsables antes de dejarla tan mal parada firmando una reforma mediocre.
El primer paso que regularía la asistencia sexual fue dado; faltan procesos de dictaminación y consulta para que la iniciativa sea discutida con amplitud y profundidad.
Quien cuida a una persona con discapacidad debe considerar su propio cuidado como parte de un todo y no abandonarse, pues corre el riesgo de enfermar también.
