La falta de tratamiento para personas con trastornos mentales privadas de la libertad afecta su proceso de readaptación, de acuerdo con especialistas.
Jorge Julio González Olvera, miembro del Consejo Nacional de Salud Mental, resaltó que la escasez de estos servicios -una condición general en México- representa un problema grave para la población en reclusión.
“Cualquier condición de salud mental implica mayor estrés y dificultad para el desempeño, y si hubiese una privación de la libertad justa o no, producto de una crisis psicótica, será complicado la recuperación para la persona”, dijo González, psiquiatra de la Secretaría de Salud Federal, de acuerdo con la agencia Quadratin.
“La privación de la libertad, así sea dentro de un proceso jurídico, tiene un efecto importante en la salud mental, quien es portador de una condición de salud mental debería de recibir atención en todo el proceso, pero no siempre ocurre así… por lo tanto, la privación de la libertad tiene impacto negativo…”,
mencionó.
En el caso de Michoacán, por ejemplo, quienes prestan servicios de salud mental son especialistas que pertenecen a la Secretaría de Salud federal para la atención de 154 personas con trastornos mentales privadas de la libertad que viven en alguno de los 11 centros penitenciarios de la entidad.
“En la Ciudad de México, por ejemplo, la suma era de 260, entre hombres y mujeres, 106 procesados y 154 sentenciados; a los que se agregan los 643 personas con una discapacidad psicosocial o trastorno mental fueron ingresados a un centro de reinserción social de Guerrero, Guanajuato, Querétaro y Colima, de acuerdo a las cifras oficiales de la Plataforma Nacional de Transparencia”,
apunta el reporte.
A excepción de Guanajuato, donde hay tres psiquiatras, en el resto de las entidades los servicios de salud mental se apoyan en el sistema de salud público “dependen de los servicios de las secretarías de Salud de sus estados para atender crisis psicóticas o intentos de suicidios”.
Por Redacción Yo También
