En México viven 3 millones 275 mil 692 mujeres con discapacidad, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda más reciente del INEGI, de 2020. Y ese mismo año nos enteramos, gracias a una encuesta del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad A.C., que el 71 por ciento de ellas ha sufrido violencia de género.
Es interesante observar que este problema es tan estructural y transversal que la estadística de incidencia no tiene gran modificación cuando comparamos con las mujeres sin discapacidad, quienes también la sufren en una proporción de 7 de cada 10.
¿Es lo mismo? De ninguna manera, porque al interseccionar discapacidad encontramos un conjunto de variables que agravan la vulnerabilidad.
Preciso algunas, para ilustrar.
Aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia acaba de ser reformada para señalar que todas las acciones deben tener enfoque diferencial con el objetivo de visibilizar la condición de discapacidad, en la práctica los agentes del Ministerio Público no tienen capacitación suficiente para atender a esta población y cualquier visita basta para comprobar que sus instalaciones suelen carecer de accesibilidad.
Algo similar pasa con los refugios: el 80 por ciento no son físicamente accesibles para las mujeres con discapacidad, de acuerdo con un estudio aplicado en 2015 por el Instituto Nacional de las Mujeres.
¿A dónde va una mujer con discapacidad violentada? ¿Qué podemos esperar de la actualización en este sentido si la mayoría hoy opera prácticamente sin recursos, según lo ha señalado la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa?
No todo es tarea exclusiva del gobierno. Como sociedad, es indispensable nombrar, visibilizar y señalar las formas en que agredir por condición de género y discapacidad se han normalizado.
Y no es un problema solo de México, el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha alertado sobre cómo las niñas con discapacidad intelectual son particularmente vulnerables a la violencia sexual porque el agresor cree que nadie se dará cuenta y socialmente la palabra de una niña en esta condición es ignorada bajo los pretextos de incomprensión, pena o lástima.
Pena debería darnos no asumir que es urgente hablar de verdadero acceso a la justicia en igualdad y reclamar, con base en ese principio, que todas tengamos las mismas oportunidades de empoderarnos frente a la violencia de género para romper el círculo y acabar con esa terrible estadística en la que ser mujer equivale a 70 por ciento de probabilidad de ser víctima.
Debemos ser capaces de enfrentar este problema.
Por María Elena Esparza Guevara
María Elena Esparza es maestra en Desarrollo Humano por la Ibero, egresada del Programa de Liderazgo de Mujeres en la Universidad de Oxford, fundadora de Ola Violeta AC y activista por el derecho a la conciencia corporal.
Twitter: @MaElenaEsparza
