Por Bárbara Anderson
Esta semana, en la conferencia mañanera de los martes dedicada al sector salud, el subsecretario Hugo López Gatell anunció que comienza el registro de interesados en vacunar a los menores entre 5 y 11 años.
Como siempre, sus mensajes tienen ese ‘aderezo de hiel’ que nunca deja pasar: “a pesar de distintas inquietudes que expresaron algunos pequeños grupos sociales sobre la posibilidad de saltarnos esta lógica técnica (de vacunación por rangos de edad), fuimos muy consistentes en no hacerlo”.
Sí, muchos padres de niños (con y sin discapacidad) sumamos firmas, cabildeo y hasta ruegos para que quienes tuvieran alguna enfermedad o una condición de vida que los ubica en un rango de vulnerabilidad tuvieran prioridad en la vacunación durante la peor pandemia en 100 años.
“Fuimos consistentes”, dijo el funcionario sin que le temblara la voz. La consistencia tiene sus excepciones porque a finales del 2021 él mismo anunció que no iba a renovar los contratos por vacunas con ningún laboratorio, incluído el de Pfizer BioNtec, mismo con el que ahora está comprando dosis para inocular a la población más joven del país.
En el PowerPoint a sus espaldas, mientras daba la noticia, se leía que entre los 5 y 11 años hay 15.4 millones de niños. “Contratamos 8 millones de dosis”, agregó el funcionario.
¿Y las otras 7.4 millones de dosis para vacunar a todos esos menores?
La vacuna de Pfizer BioNtec (aprobada disimuladamente en marzo por Cofepris para niños mexicanos) requiere una segunda dosis a los 21/30 días.
Es decir, que México debió contratar en total 30.8 millones de dosis. En otras palabras, se le cayeron 22 millones de vacunas en el camino.
Y nuevamente, con la ‘lógica técnica’ -que parece no haber tocado nunca el subsecretario- ahora tendrá como mecanismo de distribución los municipios, no los rangos de edad (es decir empezar por los más pequeños a los más grandes o a la inversa).
Muchos menos pensando que en la primera línea de este grupo deberían estar los menores que viven con alguna condición de vida, alguna comorbilidad o una enfermedad. Ya saben, los más vulnerables, esos que ‘dicen’ son los prioritarios para la 4T.
Según el Censo 2020, en este rango de edad hay 1,037,315 niños y niñas con alguna discapacidad. Representan el 6.7 por ciento del total de esta población.
Esto significa que para cubrir de manera ‘universal’ (otra de las palabras de moda) a este colectivo, el gobierno debería haber encargado 2,074,630 dosis.
Pero si sabemos que solo hay 8 millones de dosis y hasta ahora será solo hay una dosis de dos aplicaciones que se recomiendan, ¿cuántos de nuestros hijos con alguna discapacidad van a quedar dentro de esta lotería que funciona vía una plataforma exclusiva de registro?
Porque también existieron muchos colectivos de padres de niños con discapacidad solicitando que “se saltará su lógica” y fueran vacunados antes, junto con otros grupos vulnerables como personas adultas mayores, personal sanitario o del sector educativo.
En la conferencia del martes ni existió este análisis, ni la discrepancia del número de vacunas versus niños vacunados.
La salud es un derecho. Pero cuando un derecho aplica a sólo unos pocos (en este caso a la mitad de toda la población de menores entre 5 y 11 años del país) deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio.
Si privilegio, esa palabra que tanto odian desde los discursos palaciegos de cada mañana.
