Si una persona tiene cataratas en Chiapas, hay 70 por ciento de probabilidades que quede ciego. Si una persona tiene cataratas en Querétaro, hay 8 por ciento de probabilidades que quede ciego. Si una persona nació en San Pedro Garza García, tiene 6 por ciento de probabilidades de vivir bajo el mismo (y caro) techo con una persona con discapacidad.
Si una persona nació en la zona rural de Pátzcuaro y es parte de la comunidad indígena purépecha tiene 20 por ciento de probabilidades de vivir bajo el mismo (y a veces inexistente) techo con una persona con discapacidad.
Estos datos los encontré revisando un reporte del INEGI que se enfoca en mostrar cómo evolucionó la clase media desde 2010 a 2020. Las cifras formaban parte de un conjunto de características que presentan desde el punto de vista socioeconómico las tres grandes capas en las que se divide al país: clase alta, media y baja.
Las personas en situación de pobreza tienen tres veces más riesgo de convivir con la discapacidad que quienes ocupan los quintiles más altos de ingresos en México.
En el último reporte del Banco Mundial sobre discapacidad en Latinoamérica, mi ojo se clavó en una frase contundente: “la pobreza y la discapacidad se exacerban mutuamente”.
La discapacidad puede ser de nacimiento o adquirida. Si se es una mujer en situación de pobreza, en una zona rural o vulnerable, sin acceso a educación ni a salud, las posibilidades de tener cuidados prenatales o en el parto son un lujo. La incidencia de “accidentes de parto” (incluso de embarazos infantiles) es muy alta.
La discapacidad adquirida muchas veces se debe a que las personas se ven forzadas a aceptar condiciones de trabajo peligrosas, con falta de higiene, malnutrición y escasa educación.
Todos estos derechos constitucionales están vetados para los grupos vulnerables por más anuncios pomposos, planes y programas prioritarios que se lancen desde templetes color vino.
Una persona de clase baja que vive con alguna discapacidad difícilmente conseguirá un empleo formal y, en su hogar, alguien deberá procurar por su atención. En la mayoría de los casos son mujeres (madres, hijas, esposas, abuelas) quienes tienen que dejar de trabajar. En esa casa una discapacidad multiplica los costos por tres (en España acaban de declarar que cualquier familia con un miembro con discapacidad es considerada como familia numerosa) y los ingresos bajan.
Es una tormenta perfecta cuyas ráfagas aumentan la discriminación y con ella la exclusión y con ella la caída de ingresos y con ella el aumento de pobreza.
Muchas veces nos quedamos con los promedios generales (“en México 16.5 por ciento de personas con discapacidad”) pero, como en todo, basta con levantar unas capas más para descubrir las enormes desigualdades.
Norte versus sur; urbanos versus rurales; mujeres versus hombres; locales versus migrantes; indígenas versus no indígenas; clase alta versus clase baja.
Los dónde y los quiénes, a la hora de analizar la discapacidad, son las líneas que separan una vida digna de otra pobre, vulnerable y abrumadoramente olvidada.
Bárbara Anderson
