Las futuras pensiones: cuando todos no son todos

Por Bárbara Anderson

El lunes 6 de junio, comienza el registro de potenciales beneficiarios a pensiones en 14 de los 20 estados que dijeron ‘va’ a la propuesta del Presidente de volver universales las pensiones a personas con discapacidad.

Por cuatro semanas Baja California, Baja California Sur, Sonora, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Chiapas, Colima, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y la CDMX abren el registro para que quienes estén interesados y cubran los requisitos sean sumados a este programa que opera la Secretaría de Bienestar. 

Según un estudio sobre equidad y políticas públicas del BID, “universalización significa garantizar a  todos  el  acceso  gratuito  a  determinado servicio o bien, ya sean inversiones o compensaciones. Con la universalización todos tienen acceso al mismo beneficio. Debido a que el beneficio en cuestión seguramente representa una proporción mayor de ingreso para los pobres  que  para  los  no  pobres,  existe  una reducción  del  grado  de  inequidad  en  los resultados. En  este  escenario,  pobres  y  no  pobres tienen  acceso  exactamente  al  mismo servicio,  lo  que  garantiza  igualdad  de  oportunidades”. 

Como estamos con un Censo poblacional ‘fresco’ sabemos -por lo menos hasta 2020- cuántas personas con discapacidad viven en el país. 

Pero la definición de universalidad que el gobierno impulsa se choca con su propia definición original del programa que está focalizado en un grupo de “personas con discapacidad que pertenezcan a grupos indígenas del país de 0 a 64 años de edad; niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de 0 a 29 años que vivan en municipios y zonas urbanas de alta y muy alta marginación”.

Tan poco ‘universal’ es este programa prioritario que de los 20 estados que adhirieron a la iniciativa solo sabemos el dato de 15 (en la lista inicial falta Tabasco, que comienza su registro en agosto). 

Tan poco ‘universal’ es esta cruzada de Bienestar que solo tenemos el número de personas al que buscan cubrir 6 de los 20 estados: Baja California a 77 mil, Baja California Sur a 10 mil, Puebla a 34,800, Sinaloa a 60 mil, Zacatecas a 41,000 y la CdMX a 181,500. 

Sin dudas este último anuncio es el que se llevó todos los flashes y coberturas mediáticas, no sólo por la cifra, sino porque todo lo que haga Claudia Sheinbaum ya es de interés nacional. 

Universal no es: si solo miramos la capital (y lo publicamos en este espacio hace un mes) el total de personas con discapacidad que viven en la CdMX es 6 veces más que el número de pensiones que se entregarán. 

Transparente no es: nunca la Secretaría de Bienestar dio una ‘cifra meta’ a la que esperan llegar con esta ampliación (que es lo más correcto en vez de universalización) ni ninguno de los otros 8 estados gobernados por Morena reveló la cifra que aportarán de su presupuesto y a las personas que apoyarán con las nuevas pensiones.

No solo somos un país de ‘otros datos’, sino también de ‘otras definiciones’.

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