Opinión: Hay mucho por hacer para un ambiente laboral inclusivo

Por Mariana Díaz FigueroaAcadémica de la UNAM

Parecería innecesario explicar por qué el trabajo es un derecho que tienen todas las personas. De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, es esencial para la realización de otros derechos como la alimentación, la autonomía, el desarrollo de un plan de vida, entre otros. 

Además, es inseparable de la dignidad humana, sirve como herramienta para la supervivencia del individuo y de su familia y permite su reconocimiento como parte productiva de la sociedad.

Sin embargo, cuando se trata de personas con discapacidad, las cosas no suelen ser tan obvias en el tema laboral. Es algo que puedo afirmar desde mi experiencia personal, pues soy abogada con discapacidad y he vivido directamente los efectos de la discriminación en éste y en otros temas.

Mi primer encuentro con la discriminación en este tema fue cuando aún estudiando, decidí buscar mi primer empleo. Me encontré con una oferta de trabajo en la que, de inicio, se negaba a las personas con discapacidad la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, para obtener el puesto. Pueden imaginarse mi frustración y tristeza, pues pensé que nadie me querría contratar y que nada interesaba lo que había estudiado. Fue tal mi molestia que demandé a la empresa en cuestión, pues consideré que eso era discriminatorio.

Debo mencionar, que desafortunadamente no todas las personas con discapacidad tienen la posibilidad de ejercer una carrera, debido a la gran deuda del Estado en relación con la educación inclusiva. 

Después de perder en varias instancias, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde me dieron la razón. Se determinó que la sola publicación de la oferta en la que se decía que “no se contemplaban personas con discapacidad”, resultaba por sí misma discriminatoria.

La SCJN dijo que no era necesario que me hubiere presentado físicamente a solicitar el empleo, pues el hecho de obligarme a hacerlo generaría una revictimización, ya que desde un inicio se me impedía participar en un proceso de selección en el que mis aptitudes y conocimientos fueran valorados.

Este asunto fue el primero en resolverse sobre el tema de discriminación laboral por motivos de discapacidad. A partir de entonces, puede ser utilizado por cualquier persona que se sienta discriminada por algún motivo similar, para que el criterio sea aplicado en su caso.

Es importante recalcar que lo anterior no implica que haya la obligación de contratar a todas las personas con discapacidad que soliciten empleo, pero sí existe el deber de darles la oportunidad de participar en el proceso de selección en igualdad de condiciones, lo que implica hacer los ajustes razonables que resulten necesarios para demostrar si cuentan o no con los conocimientos requeridos, debiendo ser este último aspecto el determinante para su contratación y no lo relativo a su discapacidad. 

Uno de los mayores obstáculos a los que nos enfrentamos las pcd, son las barreras actitudinales, es decir, los prejuicios y estereotipos, entendidos como ideas falsas y preconcebidas que se tienen sobre nosotros, por ejemplo, que “las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo” (INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017).

Contratarnos no se trata de buena voluntad o de una labor social que debamos aplaudir, se trata del ejercicio de un derecho que debe ser respetado y garantizado de manera integral, lo que implica verificar las condiciones de trabajo, un salario justo y seguridad social, por mencionar algunos ejemplos.

Contratar a personas con discapacidad en trabajos estereotipados, sin una remuneración justa o simplemente “para que se sientan útiles”, también es una actitud discriminatoria y profundamente asistencialista, que lo único que hace es legitimar la explotación y mantener a las personas con discapacidad en la pobreza y en la dependencia. Por eso, son indispensables políticas públicas que aseguren de manera integral nuestros derechos.

El trabajo no puede ser el privilegio de unos cuantos, ello no solo afecta a las personas con discapacidad, sino también a la sociedad en su conjunto. Según datos de la OIT, en un informe de 2009, existe un gran derroche de potencial que en algunos casos conlleva una pérdida del PIB de entre 3% y 7%.

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