Opinión

México pierde credibilidad ante la ONU

Agustín De Pavía Frías.

En la evaluación de 2014 el país recibió 74 recomendaciones y esta vez fueron 95. Hay un retroceso claro en la implementación de la Convención y no hay planes de mejora a la vista.

Por Agustín De Pavía Frías

El 25 de marzo de 2022 el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, después de analizar la situación de personas con discapacidad con información de organizaciones de la sociedad civil y del propio gobierno mexicano, estableció 95 recomendaciones que México tiene que hacer para mejorar la inclusión. 

En las sesiones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los expertos reconocieron a México como un país defensor de los derechos de personas con discapacidad al promover la Convención y al implementar leyes y programas en 2014, pero expresaron su decepción ante los retrocesos precisamente en temas de inclusión que ha llegado al extremo de que el gobierno siga utilizando el modelo médico asistencial en materia de discapacidad.

Empeoramos entre una y otra evaluación ante las Naciones Unidas porque en 2014 fueron 74 las recomendaciones que nos enviaron. 

El gobierno de México podría haber cumplido varias de las recomendaciones del 2014, y el informe de la ONU de 2022 lo refleja: 18 de las recomendaciones actuales son similares a las del 2014, 10 recomendaciones hacen referencia directa a recomendaciones previas al 2022. Es decir 28 de las 95 recomendaciones México las pudo cumplir pero no quiso. 

Las organizaciones de personas con discapacidad han insistido en qué se tiene que hacer, pero el Poder Legislativo y Ejecutivo no hacen caso.

La excepción es el Poder Judicial, que defiende los derechos de personas con discapacidad con un nuevo protocolo con perspectiva de discapacidad (mismo que debe publicarse en abril), el protocolo de inclusión de personas con discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y jurisprudencia en materia de discapacidad (que todavía no se aprueba por la Corte ni se publica) y la Defensoría Pública Federal que cuenta con juristas especializados en materia de discapacidad. También cuenta con un Observatorio de Organizaciones del cual tanto Yo También AC como yo personalmente, formamos parte.

En la sesión pública, cuando el Comité preguntaba por acciones realizadas para cumplir con las metas de este tratado, la mayoría fueron de la administración anterior. 

Esta es una de las razones por las cuales el Comité dio 20 recomendaciones más que en 2014. 

Tiempo hay, el próximo reporte debe entregarse el 17 de enero de 2028, lo que no hay son planes transexenales claros. 

El Comité reconoció en las sesiones de evaluación la existencia aún de términos discriminatorios para referirse a personas con discapacidad tanto en leyes, como en reglamentos federales, estatales y municipales. 

Sin duda, todas las normas deben reformarse sin excepción.

Ello involucra tomar la primera recomendación de la Convención: utilizar el modelo de derechos humanos y eliminar el modelo de asistencia social y médico para lograr la inclusión de las personas con discapacidad.

Sin dudas todas las recomendaciones son importantes, pero para el Comité antes que nada es fundamental para lograr una real inclusión cambiar del paradigma asistencial a uno de derechos humanos,y de ello derivan las otras recomendaciones en temas de justicia e igualdad ante la ley (capacidad jurídica) así como las del derecho a vivir en comunidad. 

Hay que comunicar más y mejor

El Comité de la ONU le recordó a México su obligación de difundir estas observaciones en la sociedad en general y en particular a las organizaciones de sociedad civil y a las personas con discapacidad y sus familias. 

Esta difusión debe ser en español, otras lenguas de las minorías y en formatos accesibles como lengua de señas mexicana y formato de fácil comprensión. 

Estas recomendaciones deben estar disponibles en las páginas web del gobierno federal en el apartado sobre derechos humanos. 

La sesión inicial del gobierno de México con el Comité se difundió en la prensa; a ver si estas recomendaciones también las difunde el gobierno en esos mismos medios.  

Donde cayeron los taches

El Comité reconoció en su reporte de esta semana las acciones del Poder Judicial pero dice que eso no es suficiente: hay que legislar y el gobierno tiene que cumplir la Ley a través de reglamentos y de políticas públicas. 

Y estos son los 15 puntos que trató el Comité al ver cómo estamos en México:

  1. La falta de presupuesto en todos los niveles de gobierno para cumplir la Convención. Hay pocas partidas para temas de inclusión y discapacidad y pertenecen al DIF o a la Secretaría de Salud. Por cierto, son presupuestos federales, no sabemos nada sobre los presupuestos de los estados ni de los municipios. Tampoco hay un Plan Nacional, Estatal y Municipal con las rutas y mecanismos para cumplir la Convención. Es por ello que recomendaron replantear y fortalecer al CONADIS con mayores competencias y presupuestos que pueda operar en todos los niveles de gobierno. En la sesión del Comité el experto encargado de hacer el análisis de la situación en nuestro país dijo que el sistema mexicano aún siendo un sistema de gobierno federal es tan complejo que yo como abogado y profesor de derecho constitucional no lo entiendo. Pero que la Convención se cumpla sin excepción es una obligación que se establece en este tratado.
  2. El Comité recomienda aumentar los mecanismos de participación de organizaciones de personas con discapacidad para realizar acciones de gobierno y en legislaciones. Estos mecanismos deben cumplir los criterios internacionales. Es decir que se establezcan en los procesos de la creación de leyes, reglamentos o políticas públicas y no depender de las consultas de CONADIS (que nunca se han hecho). Los criterios internacionales tampoco se cumplen con las mesas de trabajo de gobierno o con el Congreso que son obligatorias. 

La Corte ha otorgado amparos por falta de consultas y hace referencia a estos criterios en sus sentencias.

Lo que dijo México para defender su postura fue que a causa de la pandemia no se pudo renovar la Asamblea Consultiva del CONADIS y que tampoco se logró obtener la participación de los estados por lo cual no puede operar.

  1. En materia de discriminación, el Comité recomienda que todas las leyes (federales o locales) deberán considerar la discriminación por motivos de discapacidad, la negativa de ajustes razonables y la reparación integral del daño. El gobierno mexicano dijo que existen leyes de discriminación federales y locales, entonces la recomendación implica que toda Ley y no únicamente la legislación de discriminación garantice la no discriminación de personas con discapacidad. Estas leyes deben seguir los criterios internacionales.

El Comité hace esta recomendación por que hay pocos casos de denuncias de discriminación por discapacidad. Si los Consejos de Discriminación no dan abasto, permitir que cualquier autoridad y juez pueda llevar casos de discriminación por motivos de discapacidad. Con ello se espera que aumenten las denuncias y las sentencias.

Hay que recordar que los Consejos concilian no juzgan, es decir, llevan casos pero el número de sentencias resoluciones de CONAPRED se pueden contar con la palma de la mano. Hay más sentencias de la SCJN que resoluciones de CONAPRED.

  1. El Comité recomienda garantizar en la Legislación y en las políticas públicas la inclusión de niñas y mujeres con discapacidad, así como contar con estadísticas a este respecto. En este punto fue muy debatido en las sesiones del Comité.

México, vía INMUJERES, respondió a todas las preguntas diciendo que las mujeres y niñas con discapacidad se encuentran protegidas por las políticas generales. Pero, eso sí, nadie sabía cuántas mujeres con discapacidad acudían a los albergues en casos de violencia ni sabían cuántos de estos centros son accesibles. Entonces no hay evidencia de una política pública única y homogénea. Hay que garantizar la accesibilidad a los albergues.

  1. Al Comité le preocupa que niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan en instituciones o albergues y hospitales psiquiátricos donde existe un alto riesgo de muerte por maltrato o desidia. Se recomienda garantizar los servicios para vivir incluidos en la comunidad y en la familia además crear un mecanismo de monitoreo quejas y sanción con participación de la sociedad civil que realice reportes públicos y transparentes.

México no contestó a estas preguntas ni dio información precisa, solo se quedó con lo que mandó el informe la Ley General de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes que protege a la infancia (incluso con discapacidad) y respecto a los hospitales el informe de México dice que la Ley General de Salud respeta la vida de personas con discapacidad

  1. La sociedad y los medios de comunicación deben reconocer a las personas con discapacidad como personas capaces de contribuir a la sociedad. El gobierno mexicano debe tener campañas para promover en la sociedad y en los medios de comunicación la eliminación de los estereotipos respecto a la discapacidad. 

Por ejemplo, el Teletón todavía utiliza el estereotipo de que las personas con discapacidad son sujetos de caridad. Habría que repensar esa estrategia que visibiliza más a la organización y sus donadores más que las acciones que realiza que sé que son efectivas. Por ejemplo, en el caso de los beneficiarios del Teletón la mayoría van a la escuela (lo que no informa la SEP) y hay programas de inclusión laboral (lo que no tiene la Secretaría del Trabajo), también hay campañas del Teletón sobre la Convención (el gobierno no tiene una campaña así) y han participado con Pacto Mundial de la ONU y CONADIS para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad.

El Comité recomienda que hay que reformar los Códigos Civiles, tanto en el fuero federal como local, así como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales para eliminar la incapacidad, la tutela y la imputabilidad para garantizar los apoyos para la toma de decisiones, las iniciativas que se han presentado en los Congresos siguen violando derechos humanos. 

Existen criterios internacionales y de la Suprema Corte que se pueden utilizar para esta reforma. Esta es la segunda vez que emite la ONU la misma recomendación.

  1. En materia de acceso a la justicia es necesario establecer mecanismos específicos para personas que viven en instituciones, para niñas, niños y adolescentes; así como para acceso a las mujeres con discapacidad en casos de violencia.
  2. En relación con la accesibilidad -que es la principal violación de derechos de personas con discapacidad- hay que reformar la Ley General de Inclusión de Personas con Discapacidad y toda la legislación en todos los ámbitos de accesibilidad conforme los criterios internacionales. Se necesitan establecer procesos y mecanismos de quejas y sanciones efectivos. 

En la sesión lo único que dijo México fue que se publicaron los nuevos criterios de accesibilidad de inmuebles federales, trabajo que hizo la administración de Enrique Peña Nieto.

  1. Al Comité le preocupa las personas que viven en albergues o instituciones. La recomendación es que se debe -a través de una legislación y de políticas públicas- garantizar el derecho a la inclusión de las personas con discapacidad para que vivan en la comunidad y no en estos espacios. 

Se debe reformar el Código Civil para permitir que personas con discapacidad se casen y que padres, madres e hijos con discapacidad tengan acceso a los servicios que requieran para poder vivir en familia. En este tema en particular el gobierno mexicano no contestó ninguna de las preguntas. 

  1. Se recomienda establecer un Sistema Educativo Incluyente. La única respuesta de México ante estas preguntas sobre educación las respondió la SEP y fueron en torno al artículo 3 Constitucional. La Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior establecen los derechos a la educación incluyente y accesible, pero México ‘no sabe no contesta’ sobre cuántas personas con discapacidad acuden a escuelas incluyentes. 

Solo saben cuantas personas acuden o tienen al apoyo de educación especial que le cambiaron el nombre a educación incluyente y cuantos libros de la SEP se publicaron en formato accesible. Los números presentados por la SEP sobre inclusión y materiales educativos accesibles no son representativos: basta con comparar esos datos con la acción de gobierno en caso de alumnos sin discapacidad dudo que llegaran a representar el 1 por ciento del total.

  1.  En materia de salud se deben reformar las leyes y reglamentos para asegurar el consentimiento libre e informado de personas con discapacidad de todo proceso médico, incluidos los servicios de salud mental. 

El familiar ya no puede firmar por la persona con discapacidad: se debe usar el sistema de apoyos del Código Civil. Y se debe garantizar la accesibilidad a los servicios de salud, en especial para mujeres con discapacidad y servicios de salud reproductiva incluidos los casos de violación. Hay que garantizar la información, vacunación, servicios de salud general y de rehabilitación en materia de COVID para personas con discapacidad. En este sentido también ya hay criterios internacionales.

Esta recomendación se realizó por la pésima respuesta de México a las preguntas del Comité. 

Respecto a la pandemia de COVID-19,  lo único que contestó la Secretaría de Salud fue sobre el total de conferencias diarias que se realizaron con intérpretes de LSM y los materiales accesibles en la página de Salud de COVID-19. 

La Secretaría de Salud contestó respecto al consentimiento informado que hay una iniciativa de reforma a la Ley para incluir la voluntad anticipada, es decir, cuando por una razón médica una persona está inconsciente, nombra a otra como su representante para decisiones médicas.

Para poder otorgar un poder de voluntad anticipada es necesario tener capacidad jurídica que se les niega a las personas con discapacidad. Entonces, claramente esta no es una solución al tema y de ahí que el Comité realice nuevamente esta recomendación.

  1. En materia de empleo, el gobierno mexicano debe aumentar la participación de mujeres con discapacidad, de personas con discapacidad intelectual y social en empleos dentro del sector público y privado. Para esto es necesario que todos los puestos y centros de trabajo garanticen la accesibilidad y la no discriminación. 

Se debe garantizar la implementación del Programa Nacional del Empleo para Personas con Discapacidad y programas vocacionales específicos. 

También se debe contar con políticas y estadísticas sobre explotación laboral de personas con discapacidad. En México no existe información al respecto.

Lo que contestó México al Comité es que los centros de trabajo tienen la obligación de ser accesibles conforme la Ley Federal del Trabajo y la Norma de Igualdad Laboral que promueve la inclusión de personas con discapacidad. Eso sí, nunca se dieron cifras o datos de inspecciones ni de empresas certificadas por la norma y el número de trabajadores con discapacidad que hay.

Sí se mencionó los datos de jóvenes con discapacidad que obtuvieron la beca “Jóvenes construyendo el futuro”. 

En el gobierno Federal hay miles de servidores públicos con discapacidad, pero ello no es un logro si sabes que son millones de personas que son servidoras públicas becarias del programa “Jóvenes construyendo el futuro”.

  1. Al Comité le preocupa el alto porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza y recomienda un programa específico diseñado para las personas con discapacidad que incluya implementación, financiamiento y monitoreo. 

Los apoyos económicos a personas con discapacidad (las pensiones de Bienestar)  fueron un logro que la comitiva mexicana mencionó varias veces durante las sesiones con el Comité, sin embargo en consideración del propio equipo de las Naciones Unidas este programa no cumple con la obligación de garantizar un nivel adecuado de vida para las personas con discapacidad. 

  1. En relación a los Derechos Políticos Electorales, el Comité reiteró, como en 2014,  su recomendación de reformar leyes y reglamentos para garantizar el derecho a votar de personas con discapacidad intelectual, a pesar de que la SCJN ya estableció que es inconstitucional. Pero aún así no se ha reformado la ley. 

Reiteraron también la necesidad de garantizar materiales accesibles para las elecciones y lo novedoso es que ahora incluye apoyos y servicios para candidatos con discapacidad. Esta recomendación es similar a la que se hizo en 2014.

De hecho, por primera vez sabemos cuántos candidatos con discapacidad fueron electos al Congreso en 2021, gracias a una acción afirmativa y cuantas personas con discapacidad participaron en las elecciones como candidatos por voto directo. Eso sí, México no dijo nada sobre los apoyos que deberían recibir los candidatos con discapacidad en el proceso electoral.

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