Opinión

Los pacientes ¡fuera de los psiquiátricos!

Víctor Lizama Sierra e Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez

Ante las violencias psiquiátricas explícitas y no explícitas, dejamos de ser pacientes, tomamos al fin nuestras vidas en nuestras manos, porque nada de nosotras y nosotros sin nosotras ni nosotros.

Por Víctor Lizama Sierra e Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez*

Estos apuntes son una réplica a la nota Los pacientes ¿fuera de los psiquiátricos? firmada por Xavier Tello y publicada en este portal en días pasados. En primer lugar, mencionamos que nuestro texto es resultado del saber experto por experiencia como personas ex usuarias de los servicios de salud mental y activistas por los derechos de las personas con discapacidad psicosocial que somos quienes escribimos estas palabras.

El texto de Tello se publicó en los días en que se llevaron a cabo el 2o. Encuentro de la organización regional de personas con discapacidad psicosocial Redesfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial y la 4a. Marcha del Orgullo Loco, ambos en la Ciudad de México. Vimos manifestarse a personas usuarias, ex usuarias y sobrevivientes de la psiquiatría por las calles, exigiendo sus derechos y el fin de las prácticas manicomiales.

En la nota firmada por Tello advertimos con preocupación la falta de un enfoque de derechos humanos en salud mental a lo largo de la argumentación, comenzando por el empleo de un lenguaje anacrónico con el que hace referencia a lo que él llama “paciente neuropsiquiátrico”, un tercero que, desde su perspectiva, es referido como un sujeto pasivo, receptor de etiquetas diagnósticas y determinaciones en las que no se ha tomar en cuenta su voz ni capacidad de decisión, y a quien primordialmente se debe cuidar. 

El día de hoy, incluso desde instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud, se promueve el uso del término persona usuaria de servicios de salud mental buscando desacralizar la relación entre las personas especialistas y quienes reciben los servicios.

Es presumible que Tello desconozca o le resulten irrelevantes el Modelo social y de derechos humanos de la discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su impacto en la construcción del concepto discapacidad psicosocial ya que en su texto nunca son citados. 

Tal vez si el autor por lo menos, se hubiera detenido  a revisar los informes de 2017 y 2020 sobre el estado de los servicios de salud mental en el mundo que realizó Dainius Pūras, anterior Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de Naciones Unidas. Pūras, por cierto, es psiquiatra. 

Una recomendación para Tello sería analizar este par de documentos e igualmente la carta que tanto Pūras como Catalina Devandas, entonces Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, dirigieron al gobierno mexicano en algún momento del álgido debate en materia de salud mental que ha habido en nuestro país desde 2017 y contrastarlos con los endebles y anacrónicos argumentos de su texto. Los dos informes y la carta son lecturas imprescindibles para comprender que el cambio en el entendimiento del concepto de salud mental y su abordaje son urgencias impostergables. 

Aunado a lo expuesto, y para identificar lo que sucede específicamente en los servicios en nuestro país, recomendamos a Tello y las personas que cuestionan la reforma revisar el informe ¿Por razón necesaria?, investigación  sobre las violaciones a los derechos humanos en los servicios de salud mental en México, realizada por la organización Documenta. 

En los últimos años, la prevalencia de malas prácticas en los servicios de salud mental y los intentos fallidos por construir legislación que terminaba siendo discriminatoria en nuestro país, llevó a organizaciones de la sociedad civil, activistas y personas con discapacidad psicosocial a conformar el colectivo #SaludMentalConDerechos.

Esta coalición plural generó el proceso de incidencia, atravesando aprendizajes y momentos de zozobra, para la construcción de una legislación efectiva, el resultado fue la Reforma en materia de salud mental a la Ley General de Salud. Quienes integramos #SaludMentalConDerechos nos manifestamos y actuamos con estricto apego a un marco de derechos humanos y con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Parafraseando a Tello diríamos que el manejo de la salud mental debe evolucionar, del actual enfoque biomédico, escindido, asilar, farmacológico, vertical y restrictivo de derechos a otro de tipo psicosocial, integral, comunitario, interdisciplinar, horizontal y respetuoso de todos los derechos. Ese es el propósito de la Reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental que recientemente se aprobó en nuestro país.

Desde este contexto, la Reforma tiene dos directrices esenciales, la primera: el respeto a la experiencia de vida e identidad de toda persona con discapacidad psicosocial así como el pleno reconocimiento a su capacidad jurídica y dignidad; la segunda: la prohibición de violencias psiquiátricas, naturalizadas e innegables ocurridas dentro de hospitales psiquiátricos con base en un modelo asilar – farmacológico. Sin embargo, lamentamos que la reforma no esté siendo acompañada de una campaña de información sólida que enfrente las inercias, suspicacias, temores y actos de mala fe que buscan sabotearla.

Subrayamos el tema de la naturalización de estas violencias. Como ejemplo exponemos que las personas ingresadas en un hospital psiquiátrico se encuentran en una incesante vigilancia y control (no cuidado), y a partir del arbitrio del personal médico, el cual puede o no someter a la persona a procedimientos de “restricción” dependiendo de qué tan “cooperadora”, sea la persona. Cuando hablamos de restricción física nos referimos a someter físicamente a la persona usuaria entre cinco individuos, como mínimo, tomándola de cada extremidad para atarla a la cama si el personal lo cree conveniente, y no se le desatará hasta que el mismo personal lo considere.

Existen casos documentados en los que las personas estuvieron atadas durante horas, o días, sin explicaciones o atención a sus necesidades, sin mencionar las restricciones con fármacos que también son sin consentimiento informado de la persona.

Ejemplo de ello es lo vivido por nuestro compañero activista Felipe Orozco en el Hospital El Batán, de Puebla. La validación de estos procedimientos coactivos están expuestos en la Guía Operativa para el Manejo Integral de Urgencias en Salud Mental: Código Morado, en su versión 1, modificada por última vez el día 04 de octubre 2021, elaborada por la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE, a través de la Jefatura de Salud Mental, recordamos a las personas lectoras que el ISSSTE es una institución pública de salud regida también por la Ley General de Salud, en México.

Esta guía es sólo una muestra de las prácticas instituidas y avaladas por el sector salud, en materia de salud mental. 

En otros sentidos, existen mitos dadas por válidas alrededor de las personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo, que nuestras características o experiencias de vida (desde la patologización resultante del modelo biomédico nombrados como síntomas de enfermedad), tienen siempre un origen neurológico, es decir, que se originan a partir de desbalances neuroquímicos en el cerebro.

Existe mucha literatura que cuestiona este entendimiento. El argumento sobre que “los síntomas psiquiátricos en estos pacientes tienen siempre un origen neurológico, es decir, el cerebro” está ampliamente refutado, el propio Puras en su informe de 2017 manifiesta que en muchos de los países que integran las Naciones Unidas se sigue haciendo un uso excesivo de los psicofármacos a partir de considerar que el origen de los padecimientos mentales está originado por problemas neurobiológicos.

Esta idea después se vuelve argumento para justificar intervenciones que perpetúan el estigma, la discriminación y las malas prácticas en los servicios de salud mental. Púras también expresa:

“Estos guardianes (biomédicos), apoyados por la industria farmacéutica, mantienen el poder basado en dos conceptos anticuados y científicamente erróneos: que las personas que sufren trastornos mentales y que se les diagnostica trastornos mentales son peligrosas y que las intervenciones biomédicas son en la mayoría de los casos necesarias”

Los abusos en los servicios psiquiátricos son una constante que no se debe omitir ni minimizar. El impacto del modelo biomédico en las vidas de las personas con discapacidad psicosocial es evidente tanto en aquellas que son usuarias de los servicios de manera voluntaria, que tendrían conciencia de enfermedad y apego al tratamiento, como en aquellas que están institucionalizadas. La falta de oportunidades, la sobremedicación, el desempoderamiento, la cronificación, la dependencia y el tutelaje, así como los ciclos críticos, el estigma de peligrosidad y la discriminación a los que se enfrentan las personas que han recibido un diagnóstico psiquiátrico son consecuencias de este modelo tan defendido por Tello.

Partimos de que no es posible desligar el aspecto social del bienestar psicosocial. Por lo tanto, el nulo o escaso acceso a un pleno ejercicio de derechos básicos como el trabajo, salud integral, la educación, una vida libre de violencia, recreación, cultura y una vivienda digna y vida en comunidad son vitales para el bienestar psicosocial o buen vivir de cualquier persona.

Prueba de esto son las diversas manifestaciones de malestar emocional o social, vinculado a la contingencia por COVID-19, específicamente al encierro, al miedo a contagiarse, a la incertidumbre respecto a nuestra salud y a lograr mantener una calidad de vida adecuada en todos los sentidos bajo un contexto de emergencia global. Si los “síntomas de enfermedad”, fueran siempre de origen neurológico, el contexto no tendría que afectarnos, pero no es así, no es un virus semejante al SARS-CoV-2, al que si nos exponemos bajo ciertas circunstancias lo contraemos y desarrollamos la enfermedad.

Son situaciones, vínculos, emociones, ideas, la salud mental (bienestar psicosocial) es en gran medida consecuencia de determinantes generados en el contexto de la persona.

La postura biomédica en salud mental está sostenida y alimentada por prejuicios, estereotipos y estigmas, particularmente, el de peligrosidad hacia quien es diagnosticado como portador de una disfunción mental. Por eso no nos extrañan enunciados cuerdistas y estigmatizantes en los medios como “monstruo esquizofrénico mató a machetazos a su familia”-citando algún encabezado de nota roja- que desembocan en mitos que propician discriminación y, ahora sí, violencia.

Existen personas que ejercen violencia y no lo hacen porque tengan discapacidad psicosocial, este tipo de reiteraciones cuerdistas, afirmaciones y alertas de peligrosidad vinculada a la locura, son de hecho violencias hacia un colectivo históricamente vulnerado en todo sentido, es por tanto injusto, agresivo, inadecuado, sin embargo también comprendemos que el cuerdismo y estas violencias devienen de un proceso cultural que ha desacreditado y aislado “lo diferente”, lo que se encuentra fuera de la norma.

Sabemos que será un proceso largo pero la exigencia de respeto a nuestra dignidad nos moviliza demandando el rechazo a la patologización de nuestras existencias así como a la exigencia de respeto, ejercicio y garantía de nuestros derechos plenos.

Por otra parte, las personas que se encuentran recluidas en instituciones psiquiátricas desde hace años o hasta décadas, tienen un deterioro importante en múltiples aspectos, cognitiva, social, y físicamente, esto derivado del modelo asilar.

El encierro no cura, cronifica. ¿No es contradictorio que el objetivo de estos dispositivos psiquiátricos sea reintegrar a la persona usuaria a la vida en comunidad y fomentar su autonomía, pero se utiliza el aislamiento para dicha acción? ¿Reintegrar aislando?

Las personas institucionalizadas usualmente se encuentran restringidas en cuanto a diversos derechos: No pueden ejercer su capacidad jurídica, no tienen acceso a ejercicios de participación ciudadana y cultura cívica, derecho a votar, están estigmatizadas por condición de salud o discapacidad, no tienen una vida sexual plena, al contrario algunas de ellas son víctimas de esterilizaciones forzadas y otras violencias, no tienen documentos oficiales en cuanto a su identidad (acta de nacimiento, INE, CURP), no tienen trabajo, no tiene acceso a educación, no tienen acceso a vivienda digna ni a la obtención de herramientas que les permitan tener una vida autónoma. Impensable hablar de proyecto de vida en estas circunstancias. 

De eso se trata el modelo asilar, que ciertos grupos de la sociedad sostienen es el único para abordar “problemas” de salud mental. Un argumento constante para sostener el modelo asilar es: “¿Qué harán las familias para cuidar a la persona con trastorno mental grave, crónico y degenerativo?”, la respuesta es sencilla pero compleja para implementar: El estado y la sociedad tiene que realizar las acciones necesarias para la desinstitucionalización de las personas con discapacidad psicosocial que habitan estos sitios, en todos los sentidos, de manera paulatina pero con el horizonte fijo.

En estos días, en Naciones Unidas un tema prioritario en la agenda de los derechos de personas con discapacidad es el de la desinstitucionalización, evidencia de ello es el Proyecto de directrices sobre la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia que se está trabajando en conjunto con organizaciones y activistas de todo el mundo.

Nunca está de más recordar que el concepto discapacidad psicosocial es una categoría jurídica y política resultado de la lucha y reivindicaciones de las personas usuarias, ex usuarias y sobrevivientes de la psiquiatría. Ni tampoco que el origen de la opresión, violencias, discriminación y estigma a la que nos enfrentamos las personas con discapacidad psicosocial es el modelo biomédico en salud mental.

Por ello afirmamos que los hospitales psiquiátricos sí deben desaparecer, en un proceso paulatino de transformación estos se deben convertir en hospitales generales y los servicios de salud mental deben brindarse en el primer nivel de atención a la salud. Quienes somos parte de la Red Orgullo Loco México estamos aquí para pronunciarnos en contra de los epistemicidios devenidos de la psiquiatría y las neurociencias que intentan demeritar nuestros saberes y conocimientos, a partir de la experiencia y nuestra labor activista.

El colectivo de personas psiquiatrizadas o con discapacidad psicosocial hemos construido estrategias alternativas a este modelo de atención a la salud mental, desde el apoyo mutuo y construcción de herramientas para la desmedicalización con perspectiva de reducción de riesgos y daños, hasta procesos de incidencia política para el pleno reconocimiento de nuestra capacidad jurídica y la transformación de los servicios de salud mental.

Lamentamos las molestias, incomodidades y disgustos que con nuestras afirmaciones basadas en evidencia podamos ocasionar a las personas que no conocen otros modelos de atención a la salud mental, más que el asilar y farmacológico, y que por eso consideran reprobable la desaparición del mismo. Sin embargo, y más allá de las ironías, sabemos que para dar los siguientes pasos y lograr que esta reforma sea llevada a lo práctico.

Resultan imprescindibles dos factores para llevar a cabo la implementación de la reforma al capítulo VII de la Ley General de Salud: una agenda de trabajo y presupuestos específicos, correctamente administrados, pero aún más importante que estos dos factores, necesitamos de voluntad política y social, de prácticamente todos los sectores de la sociedad.

Si no comenzamos a cuestionar nuestras certezas sobre la cordura y la enfermedad. Esta nota es un llamado a toda la población en general para impulsar el cambio y la transición a un modelo apegado estrictamente a un marco de derechos humanos. Estacionarse en un modelo asilar con todo lo que implica, ya no es opción.

Finalmente, es necesario contar con la participación de las personas profesionales en salud mental, en nuestro país ya hay especialistas y organizaciones que trabajan con enfoque psicosocial y de derechos humanos que deseamos se sumen a la defensa de una #SaludMentalConDerechos y lograr así que #RompanElPactoCuerdista

“…No podemos admitir que se impida el libre desenvolvimiento de un delirio, tan legítimo y lógico como cualquier otra serie de ideas y de actos humanos…”

Antonin Artaud

Por el derecho a la locura…

Víctor Lizama Sierra e Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez* son activistas de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y miembros de diversos colectivos.

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