Fotografía a blanco y negro, formada por líneas del rostro de Carlos Ríos Espinosa, un hombre de cabello negro, un poco rizado y corto, tiene un rostro ancho con barba de cantado y anteojos, lleva puesto un traje formal con corbata.
Opinión

Las personas con discapacidad en México deben ser contadas

La reforma sobre recopilación de datos necesita consultas significativas.

Por Carlos Ríos Espinosa*

En un movimiento positivo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) está estudiando cómo desarrollar una nueva política que incluiría las discapacidades en la recopilación de datos del gobierno. Sin datos adecuados, es difícil para el gobierno desarrollar e implementar políticas efectivas que impacten a millones de personas en todo el país.

Muchas encuestas del INEGI, como la encuesta periódica sobre violencia contra las mujeres, no incluyen actualmente categorías de discapacidad, a pesar de la prevalencia de la violencia contra las mujeres con discapacidad. Un informe de Human Rights Watch de 2020 encontró que las políticas gubernamentales, incluida la recopilación de datos, no hacen lo suficiente para proteger a las mujeres con discapacidad de la violencia.

A medida que avanza para implementar la nueva política, el INEGI está consultando con organizaciones de derechos de las personas con discapacidad en México. El 12 de julio, Human Rights Watch, junto con grupos de derechos de las personas con discapacidad, envió una carta al presidente de la agencia pidiendo que el proceso fuera significativo y accesible.

El INEGI debe hacer todo lo posible para colaborar con las organizaciones de personas con discapacidad en todo México para compartir información en formatos accesibles, incluido el uso de un lenguaje claro y fácil de leer. También debe garantizar mecanismos accesibles para las aportaciones, incluidos seminarios web remotos para quienes tienen acceso a Internet y reuniones en persona cuando los protocolos de salud de COVID-19 lo permitan. La agencia también debe extender el período de consulta más allá del 30 de julio, para permitir el acercamiento y las aportaciones de organizaciones que pueden carecer de Internet o depender de voluntarios.

También es fundamental la consulta con las personas con discapacidad que se encuentran privadas de su capacidad jurídica, como las que se encuentran bajo tutela o en instituciones. La niñas, niños y adolescentes con discapacidad también deben participar adecuadamente en el proceso de consulta.

Se debe dar la debida importancia a la retroalimentación proporcionada por las organizaciones, y el INEGI debe brindar explicaciones claras para sus decisiones. De esta manera, la agencia puede ayudar a garantizar que su reforma tenga el resultado deseado de recopilar datos completos y de calidad sobre la discapacidad. El gobierno tiene la oportunidad de hacer que las personas con discapacidad cuenten. Finalmente debería hacerlo correctamente.

* Carlos Ríos Espinosa es Senior Researcher and Advocate, Disability Rights Division. Twitter @espinosa_ríos

Esta columna fue originalmente publicada en el sitio de Human Rights Watch.

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