“Santo que no es visto no es venerado”, dice el refrán popular y por esa razón creí que era muy importante pedirle al INEGI que nos ayudará a encontrar en los micro datos (así le dicen técnicamente) el número de personas que reconocieron vivir con alguna discapacidad en su última ‘Encuesta nacional de sobre diversidad sexual y género’.
Es la primera vez que este relevamiento se amplió, no solo en la captura de encuestas (que fueron presenciales y digitales) sino en el cuestionario sobre otra información acerca de este colectivo: desde su origen étnico a su nivel educativo, hasta si tenían alguna condición de vida. Así llegamos al dato de que medio millón de mexicanos con discapacidad se declaraban como parte de la población gay, lesbiana, bisexual, transgénero, transexual u de otra identidad de género.
Esta información es valiosa, porque es un clóset dentro de otro clóset: conseguir datos sobre diversidad sexual y de género ya es un reto al que le sumamos el extra de la ‘interseccionalidad’, es decir, juntar dos minorías que comparten puntos en común.
En México pareciera que los datos fueran un tabú, como lo son aún el sexo y la discapacidad. Porque lo que no se ve no existe, como el santo.
Será por eso que costó tanto esfuerzo el reportaje exclusivo que realizó Itzel Ramírez, donde estado por estado fue rascando bajo las piedras y con entrevistas con funcionarios y siervos de la Nación que pedían anonimato (encerrados en el clóset del gobierno y obligados a no dar información). ¿Qué encontró nuestra reportera? Los datos reales del fracaso que ha sido uno de los programas emblemas de esta administración como es el de las pensiones para personas con discapacidad (pcd) de la Secretaría de Bienestar.
Después de cuatro semanas donde se abrieron casillas en decenas de municipios y alcaldías, donde había más de dos millones 26 mil 603 de nuevas pensiones disponibles para pcd, el alcance fue mediocre: apenas 15 por ciento de inscritos en promedio entre todas las entidades. La más importante, la CdMX, prefirió reservarse los datos, y tanto se los reservaron, cuidaron y protegieron que la población a la que querían beneficiar se queda sin oportunidad de una pensión.
Ya veremos luego cómo maquillan los datos entre el gobierno federal y el de los 13 estados que se sumaron a la propuesta de ampliación -o como ellos bautizaron-, la ‘universalización’ de las pensiones.
¿Cuántas personas realmente recibirán esa ayuda bimensual de 2,800 pesos? ¿Qué harán con el dinero -mitad federal y mitad estatal- ya etiquetado para esos más de dos millones de beneficiarios, un presupuesto con un subejercicio de 85 por ciento?
Tal vez nunca lo sabremos. Porque el gobierno siempre tiene otros datos.
Bárbara Anderson
