Por Sabina Itzel Hermida Carrillo*
2020 y 2021 fueron años devastadores para el sistema educativo y para el ejercicio del derecho a la educación de las personas con discapacidad. Los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública por garantizar este derecho fueron no solo insuficientes sino errados en muchos sentidos.
La Educación Especial como disciplina enfocada en responder a las necesidades específicas de este sector de la población, no encontró en las autoridades el apoyo que requería y la responsabilidad de la formación del alumnado se trasladó por completo a maestras y maestros quienes han dado lo mejor de sí con las herramientas que han tenido a su alcance.
Este 2022 inicia con mucha incertidumbre, hay dos cuestiones en particular en las que toda la comunidad educativa y los colectivos formados por personas con discapacidad, familias y cuidadores, debemos estar atentos:
Uno: El 29 de junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló los capítulos 6 y 8 de la Ley General de Educación, relativos a Educación Indígena y Educación Inclusiva. El motivo: la falta de consulta a dichos colectivos para la elaboración de esa ley, lo cual resulta violatorio de sus derechos humanos.
La SCJN mandató al Congreso la realización de las consultas y estableció un plazo de 18 meses para el cumplimiento del mandato; es importante decir que hasta la fecha ni la Cámara de Diputados, Senado de la República y Secretaría de Educación Pública (SEP) se han pronunciado al respecto.
En lo que respecta al Capítulo 8: Educación Inclusiva, en el colectivo Educación Especial Hoy advertimos un riesgo de retroceso y somos enfáticos en la necesidad de que la consulta se realice de manera amplia, nacional, accesible, transparente, y tomando cuenta la participación de todas las personas con discapacidad, maestros con discapacidad, personal educativo con discapacidad, familias y cuidadores que asisten o trabajan en las escuelas públicas; quienes han sido históricamente excluidos de la toma de decisiones.
¿Cuál es el peligro? Que lo poco que se logró recuperar de Educación Especial en la Reforma Educativa de 2019 se elimine y acabemos con una ley aún más a modo donde sean Organizaciones de la Sociedad Civil, Grupos Empresariales y colectivos ajenos a las escuelas públicas quienes tomen todas las decisiones; así ha pasado y es urgente evitarlo. Queremos inclusión y no una simulación que favorezca los intereses de unos cuantos.
Dos: El 3 de diciembre del 2021, Delfina Gómez titular de la SEP, anunció que Para 2022, el Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial tendrá un aumento superior a los 650 millones, al pasar de alrededor de 58 millones este año a más de 715 millones para el próximo.
Una noticia esperanzadora, sin embargo, es necesario vigilar y cuestionar en que se invertirá ese presupuesto, para asegurar que la mejora en los servicios de Educación Especial será evidente y de beneficio para alumnos y alumnas.
Dicen que se vale soñar, nosotros soñamos con que este año se contrate a más personal para Educación Especial, se completen los equipos multidisciplinarios que tanta falta hacen, los servicios, las herramientas y materiales adaptados lleguen hasta a las comunidades más recónditas, que por fin nos llegue la infraestructura accesible, que vuelva la rehabilitación a las escuelas y que la SEP por fin entienda que “educación para todos” no significa “todos la misma educación”.
Ya veremos…
