EditorialOpinión

¿Dónde quedó la bolita?

Débora Montesinos

Autoridades federales y estatales anuncian programas para personas con discapacidad que en los hechos, según los resultados y testimonios, benefician a muy pocos.

En las ferias y mercados del México de décadas pasadas era común encontrarse con un personaje que invitaba a las personas a probar su buena suerte y adivinar dónde quedaba una bolita, después de que sus expertas manos de prestidigitador la escondía entre tres o cuatro recipientes.

Aquellos valientes que aceptaban el reto y pagaban por probar su suerte generalmente perdían y dejaban sus recursos al habilidoso aspirante de tahur.

Los tiempos han cambiado y ese juego ha sido transformado por las autoridades mexicanas en una nueva estratagema cuando se trata de entregar recursos, ya etiquetados por la Federación, a las personas con discapacidad.

Esto va más allá de la opacidad con que en México se manejan los datos y de que ni siquiera haya un registro fiable sobre personas con discapacidad por municipio, estado y país -aunque el INEGI recién publica un interesante informe sobre accesibilidad urbana del que puedes conocer más en ¿Sabes cuántas personas con discapacidad viven en tu manzana?-.

Los recientes ejercicios para la inscripción al programa de pensión del Bienestar dejan asomarse el caos y la desorganización, en el mejor de los casos, que privan en la que sería la bandera de los programas sociales de la llamada 4T, el de entrega de becas.

En otros, según testimonios que nos compartieron en Yo También y que publicamos en ¿Por qué no conseguí mi pensión de Bienestar como persona con discapacidad?, muestran que hay a quienes les asignan y entregan la tarjeta bancaria para recibir unos recursos que nunca llegan y de los que nadie parece saber a quién se le depositaron, como si el dinero -bastantes millones- se convirtiera en humo.

Y la perspectiva no mejora cuando le sumamos que en solo seis meses “se esfumaron” otros 400 millones de pesos que habían sido asignados a educación especial, después de que de un plumazo la Secretaría de Educación Pública redujo de 433.1 millones de pesos a solo 2.2 millones de pesos el apoyo para los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

Al conocer estos otros datos, los que hablan de una dolorosa e indignante realidad, una activista por los derechos de las personas con discapacidad aseguró que estamos ante un “discapacidio masivo”.

Es decir, las propias personas con discapacidad alertan sobre la aparente intención de las autoridades de reducir a cero los apoyos a este sector y confinarlo donde no cause problemas o dejarlo a merced de acciones asistencialistas, casi de caridad, en vez de eliminar las barreras que les permitiría desarrollar su máximo potencial.

Ante estas cifras y estas llamadas de atención hacia decisiones que afectan de algún modo a 80 millones de mexicanos y mexicanas -la suma de las personas con discapacidad más sus familias- y a las que nadie, ninguna autoridad, consultó ni invitó a participar, a “jugar”, quizá sea momento de cruzar los dedos y preguntar ¿dónde quedó la bolita?

Por Débora Montesinos

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