Luchamos por una justicia incluyente

El Senado de la República en una práctica de Parlamento Abierto realiza desde hace unas semanas una serie de foros “Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”.

¿La razón? Una iniciativa de reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que además de proteger los derechos de personas con discapacidad también modifica todos los procesos civiles y familiares en México, en una sola ley. Además busca que la mayoría de los problemas se resuelvan fuera de juicio (sin abogados o jueces), es decir mediante una justicia cotidiana.

La obligación de contar con este tipo de justicia cotidiana se encuentra en la Constitución y beneficia a todos, hasta a los abogados.

La Barra Mexicana de Abogados promovió y le ganó al Congreso de la Unión un amparo para obligar a los legisladores a crear este nuevo Código Nacional. 

Justistas, jueces y hasta legisladores saben que la interdicción (que es uno de los puntos nodales de este nuevo Código) elimina la voz de personas con discapacidad y la necesidad de modificar 32 códigos civiles en el país. Sin embargo, existe la posibilidad de que un solo código devuelva la voz a personas con discapacidad.

La iniciativa del Senado dice que respeta los derechos de las personas con discapacidad pero la realidad es otra. Así lo ha dicho la CNDH y los defensores de los derechos de este colectivo: hay que lograr la igualdad ante la ley como personas y esto no es solo cambiar algunas palabras de los códigos en derecho versus crear leyes nuevas. Esto ya se  lo hemos dicho a los legisladores y no hemos logrado que nos entiendan.

El problema de discapacidad y la tutela se identificó en el diagnóstico de justicia cotidiana de 2015, donde participaron personas con discapacidad y sus familiares.

De hecho, la palabra “discapacidad” aparece 11 veces en el estudio, es decir hubo participación efectiva, pero la propuesta de los abogados es mejorar la tutela en lugar de crear un sistema de apoyos. Se lo dijimos y no hicieron caso. 

El primer foro fue el 9 de junio, con la participación de la abogada Ruth López Gutiérrez como titular del Indiscapacidad CdMX y Carlos Ríos Espinosa, representante en el país de Human Right Watch. Ella explicó la importancia del derecho a decidir y como otros países han garantizado este derecho a personas con discapacidad mientras que Ríos Espinosa participó como persona con discapacidad por el colectivo “Decidir es mi Derecho”, presentando una propuesta de reforma con base en criterios de Derechos Humanos y al Amparo 4/2021.

Yo pude participar del segundo foro, que se realizó el 16 de junio en la Escuela Libre de Derecho, donde soy profesor de derechos humanos.

Mi interés tenía más aristas: en mi práctica me especialicé en derecho a la no discriminación y también me tenía que sumar como una  persona con discapacidad con la finalidad de ejercer el derecho a la consulta de personas con discapacidad para este Código.

¿Cuáles fueron mis aportes en este espacio? Primero visibilizar que sí existe una participación real y significativa en estos foros, que la iniciativa actual me obliga a ejercer mi profesión con un tutor violando mi dignidad y por últimos sobre el modelo médico de los procesos de adopción, en el cual le niegan el derecho a una mujer y abogada a adoptar por no ser “aptas” según un dictamen médico.

En este segundo foro, que fue un verdadero ejercicio a favor de una justicia incluyente, se lograron dos compromisos: 

1. el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria propuso que se realice al menos una mesa específica para que personas con discapacidad participen.

2. el senador Germán Martínez Cázares reconoció que la iniciativa del Senado no entiende los derechos de las personas con discapacidad y, por ello, no cumple con una deuda histórica con las personas con discapacidad en la obligación para incluirlos siempre.

Por Agustín de Pavía