Opinión

A un mes del feminicidio de Luz Raquel Padilla

Agustín De Pavía Frías.

La negligencia del gobierno genera una cultura de impunidad: en un mes 400 mil familias vivieron actos de violencia por motivos de discapacidad, un aumento de 250% en los últimos 8 años.

El feminicidio de Luz Raquel Padilla refleja una realidad compleja que la sociedad no quiere visibilizar: la violencia que se vive en la discapacidad. 

Luz fue víctima de feminicidio por la violencia con que se cometió el delito; pero el motivo de odio no fue por ser mujer y madre, sino por ser defensora del derecho al cuidado de su hijo Bruno, de 11 años y que vive con una discapacidad.

Ella fue amenazada por sus vecinos debido a que este niño con autismo hacía ruidos que no toleraban. Ella ya había sobrevivido a un ataque que denunció, pero las autoridades ignoraron su caso porque “su problema era vecinal y no corría riesgos”. 

El DIF contribuyó al feminicidio de Luz porque dejó de atender a su hijo. Eso provocó un aumento en las crisis que tenía en su hogar y que enfurecían a sus vecinos.

Eran ellos los que llamaban a la policía y los uniformados, en lugar sensibilizar a los vecinos de la situación de discapacidad de este menor e identificar un caso de discriminación, lo veían como un problema entre vecinos.

La madre era la defensora de su Bruno. Ella explicaba que la conducta de su entorno, “la sociedad”, era la que detonaba los gritos de su hijo, que el problema eran ellos, no la discapacidad de Bruno. El hecho de ser defensora fue la causa primero de las amenazas y luego del feminicidio. 

Ella fue víctima indirecta de la discriminación que vivía su hijo con discapacidad.

Las autoridades demostraron la negligencia al no investigar y evitar la muerte de una defensora de los derechos de las personas con discapacidad. El gobernador de Jalisco,  Enrique Alfaro, dijo en su momento que  “había rondines de vigilancia y se le dio atención de manera personal, pero nada fue suficiente ante una atrocidad así”. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al caso como algo “triste, su hijo enfermo y ella quemada”.

La violencia que viven las familias de personas con discapacidad no es un hecho aislado. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017) que realizó Conapred, el Censo 2020 y el Informe sobre Derecho a vivir en la comunidad de la Comisión de Derechos Humanos de la CdMX muestran que 4.85 millones de familiares de personas con discapacidad viven a diario burlas e insultos y en  el 95 por ciento de los casos son mujeres las destinatarias de estos ataques discriminatorios.  

El caso de Luz demostró lo que sabíamos y nadie dice. Primero, que 42 por ciento de las amenazas ocurren en espacios públicos (como es el caso de un vecino) y segundo que la violencia por motivos de discapacidad no se denuncia porque la mayoría (44 por ciento) piensa que no le harán caso y pocos (5 por ciento) por temor a represalias. 

La violencia hacia personas con discapacidad que además son mujeres cuidadoras es mayor a la que viven las mujeres de por sí en nuestro país (que tampoco es un dato menor).  

El Panorama Nacional sobre la Situación de la Violencia contra las Mujeres de 2020, reportaba que 22.2 por ciento de las mujeres habían vivido un acto violencia en su comunidad, mientras que el doble (42.2 por ciento) de las mujeres debieron escuchar mensajes negativos sobre sus familiares con discapacidad (ENADIS).

Las autoridades ya sabían de la violencia que viven las personas con discapacidad y sus familiares y también sabían qué tenían que hacer para prevenirla y evitarla, pero no lo hicieron.  

La ONU, en marzo de este año, expresó su preocupación por “la falta de medidas para identificar y evitar todas las formas de violencia contra los niños y los adultos con discapacidad -incluida la violencia de género-” así como “la falta de recursos efectivos para enfrentar a la violencia”. El caso de Luz Padilla es un ejemplo de esto. 

La violencia por motivos de discapacidad  ha aumentado en nuestro país: este año, México recibió 25 comentarios sobre violencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU mientras que en 2014 solo fueron 10 comentarios. Esto quiere decir que en 8 años aumentó un 250 por ciento  la preocupación de los organismos internacionales de derechos humanos sobre la creciente violencia vinculada con género y discapacidad en nuestro país.

A un mes del feminicidio  de Luz Raquel Padilla, defensora de los derechos al cuidado de personas con discapacidad, otros 389 mil 670 familiares de personas con discapacidad han sido víctimas de violencia por motivos de discapacidad es decir que cada día 13 mil 289  familiares viven está realidad y las autoridades esconden esta violencia con impunidad.

Por Agustín De Pavía Frías

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